VALENCIA.- El diputado del PP en las Corts y exalcalde de
Alicante, Luis Díaz Alperi, se ha defendido ante el magistrado Antonio
Ferrer de los delitos fiscales de los que está acusado, y a su salida
del tribunal valenciano ha indicado, en declaraciones a los medios de
comunicación que le esperaban en la puerta, que "evidentemente" es
inocente.
Alperi estaba citado este lunes en el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para declarar, como
imputado, por varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad
documental y cohecho impropio, en relación con pagos dudosos avalados
por tres sociedades en los ejercicios 2007, 2008 y 2010.
El ex primer edil estaba citado a las 11.30 horas, y sin embargo
se ha presentado en el tribunal valenciano unas dos horas antes, sobre
las 9.30 horas, acompañado por su abogado, Vicente Grima. Previamente a
Alperi estaba citado el empresario Antonio Solana, quien ha estado
declarando, también en calidad de imputado, durante una hora.
Alperi ha sido interrogado durante algo más de dos horas, y a su
salida ha insistido en que no quería hacer ninguna declaración: "no hago
declaraciones", ha repetido en varias ocasiones. No obstante, ha
comentado que ha respondido a todas las partes del procedimiento y que
estaba "bastante" satisfecho. También ha indicado que "evidentemente" se
declara inocente.
Junto a Alperi y Solana, en el procedimiento figuran como
imputados José Contreras, administrador de la sociedad Maldonado 33 S.A.
y Antonio Moreno, administrador de Taller de Contabilidad S.A. Estos
dos últimos estaban citados el día 22 de abril, pero el magistrado
suspendió las declaraciones y todavía no ha fijado una nueva fecha.
El caso se origina a raíz de una denuncia de Fiscalía contra
Alperi por varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad
documental y cohecho impropio. En la denuncia, presentada por los
fiscales Gonzalo López Ebri y Rafael Navarro, se señalaba que Alperi
habría podido obtener rentas sujetas al IRPF, no declaradas por él,
correspondientes a 2007, 2008 y 2010, "cuya regularización en vía
administrativa supondría unas cuotas a ingresar superiores a 120.000
euros", con la concurrencia "de una serie de maniobras" para ocultarlas,
con la colaboración de los tres empresarios, las empresas regentadas
por ellos y contratos simulados.
El 2 de abril, la sala de lo Civil y Penal del TSJCV se declaró
competente para investigar la denuncia y posteriormente sumó el delito
de cohecho impropio a los delitos a investigar. Este último paso se
produjo después de que el ministerio público, a raíz de una
documentación de Hacienda, ampliara su denuncia inicial y pusiera de
manifiesto que una embarcación objeto de las actuaciones pudiera haber
estado amarrada en el puerto deportivo de Alicante sin satisfacer canon
alguno.
La sala indicó en su auto que en este caso existe una relación de
hechos como consecuencia de la acción inspectora de Hacienda, de los que
la acusación pública entiende que resultan "elementos indiciarios
bastantes" de la presunta comisión de varios delitos contra la Hacienda
Pública, falsedad y cohecho.
El exalcalde está ya siendo investigado en el TSJCV por los
supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de
influencias y cohecho, en la causa separada del 'caso Brugal' sobre
presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de
Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante.
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