MADRID.- La denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona
contra 54 exconsejeros de Caixa Catalunya ha elevado por encima de los
150 el número de consejeros y directivos de las entidades rescatadas
investigados por la justicia. Sin embargo, más allá de la fugaz visita
de Miguel Blesa a Soto del Real, por el momento el proceso ha dado más
titulares de prensa que frutos reales.
Esta misma semana se conocía que la Fiscalía había denunciado a 54 exconsejeros de Caixa Catalunya por “retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia” de la entidad en 2010. Entre los denunciados se encuentra Adolf Todó, que fuera entonces director general de la entidad y posteriormente asumiera la presidencia de CatalunyaCaixa (Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona) hasta que este mismo año fuese despedido de su puesto.
Sin embargo, el más llamativo de los denunciados es Narcís Serra, expresidente de Caixa Catalunya y con una dilatada experiencia política a sus espaldas, desde la alcaldía de Barcelona hasta la vicepresidencia del Gobierno con Felipe Gónzález. La petición de su imputación ha sorprendido en ciertos círculos económicos, no tanto porque Serra no ostentaba ningún poder ejecutivo en la entidad, sino porque contrasta con ciertas ausencias en la lista, entre ellas la de Josep María Loza, director general de la entidad durante más de 10 años.
Los antiguos gestores de CatalunyaCaixa son por el momento los últimos en ser cercados por la Justicia, una tardanza que también ha causado extrañeza teniendo en cuenta que la entidad ha recibido más de 12.000 millones de euros de ayudas públicas, un rescate sólo superado por el de Bankia, entidad de un tamaño considerablemente mayor.
La ya habitual lentitud de la justicia española, exacerbada en este caso por los numerosos intereses políticos que confluyen en las cajas de ahorros, también se está haciendo patente en el caso de las entidades fundadoras de Bankia. La entidad acumula, a la espera de la decisión del juez en CatalunyaCaixa, el mayor número de imputados, con hasta 33 consejeros de Bankia y de su matriz Banco Financiero y de Ahorros siendo investigados por la Audiencia Nacional tras la querella presentada por UPyD por delitos de falsificación de cuentas, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. Entre los imputados, el exdirector gerente del FMI y exministro de Economía Rodrigo Rato, el exministro de Interior Ángel Acebes, el presidente de la patronal empresarial madrileña Arturo Fernández, o el expresidente de Bancaja José Luis Olivas.
Olivas, a su vez, está siendo investigado dentro de las querellas presentadas por el FROB a varios directivos del Banco de Valencia por estafa, administración desleal y apropiación indebida.
También en la Comunidad valenciana, la Audiencia Nacional investiga la gestión de la ya desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Hasta 30 exconsejeros y directivos de la entidad desfilarán por el banquillo aunque el juez ha optado por formar piezas separadas con las distintas acusaciones. La investigación ha incluido el registro de la vivienda del exdirector general de la caja alicantina, Roberto López Abad.
Otro de los casos que más ríos de tinta ha hecho correr por ahora es el del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que ha visitado ya dos veces la cárcel dentro de la investigación por la concesión de unos créditos de 26,6 millones de euros al expresidente de la CEOE y antiguo consejero de la entidad Gerardo Díaz Ferrán y por la compra del City National Bank of Florida.
Sin embargo, por el momento ha sido el juez José Elpidio Silva el peor parado, ya que no sólo ha sido apartado del caso sino que se enfrenta a una querella de la Fiscalía por haber cometido presuntamente cuatro delitos durante la instrucción. Blesa, mientras tanto, que al salir de la cárcel pidió un “juez imparcial”, espera noticias.
Al igual que en Caixa Catlunya, las pensiones e indemnizaciones cobradas han llevado al banquillo a varios exdirectivos de Novacaixagalicia, después de que la Fiscalía Anticorrupción pusiese una querella contra cinco exdirectivos por asignarse unas pensiones millonarias. Entre ellos se encuentran el exdirector general de Caixanova, José Luis Pego y, procedente de Caixa Galicia, Javier García de Paredes. Un caso similar es el de Caixa Penedés, uno de los más avanzados ya que el juez ha avisado de que hay indicios de delito y todo parece indicar que habrá juicio.
CCM, primera víctima de la crisis financiera, sigue cuatro años después bajo investigación de la Audiencia Nacional por la concesión de préstamos presuntamente irregulares. En este caso, la querella está presentada contra el expresidente Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega.
Banca Cívica y la CAN son otras entidades que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional. Por un lado, se ha admitido a trámite una denuncia contra el antiguo consejo por presunta falsedad contable en la salida a Bolsa de la entidad. Entre los consejeros investigados se encuentran Enrique Goñi, exdirector general de la CAN, y Antonio Pulido, expresidente de Cajasol. Al mismo tiempo se investigan también los cobros de dietas en CAN, habiendo imputado el juez a Miguel Sanz, expresidente del Gobierno de Navarra y Enrique Maya, alcalde de Pamplona.
‘Las cosas de palacio van despacio’, dice el refrán, y en este caso parece estar aplicándose a rajatabla en un asunto muy delicado y con numerosas implicaciones políticas pero que al mismo tiempo ha causado alarma social, teniendo en cuenta además que la crisis financiera ha obligado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a inyectar más de 39.000 millones de euros aportados por Bruselas en la banca, que se suman a los 13.869 millones que ya prestó el Estado a los grupos de cajas para que acometieran sus fusiones.
Esta misma semana se conocía que la Fiscalía había denunciado a 54 exconsejeros de Caixa Catalunya por “retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia” de la entidad en 2010. Entre los denunciados se encuentra Adolf Todó, que fuera entonces director general de la entidad y posteriormente asumiera la presidencia de CatalunyaCaixa (Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona) hasta que este mismo año fuese despedido de su puesto.
Sin embargo, el más llamativo de los denunciados es Narcís Serra, expresidente de Caixa Catalunya y con una dilatada experiencia política a sus espaldas, desde la alcaldía de Barcelona hasta la vicepresidencia del Gobierno con Felipe Gónzález. La petición de su imputación ha sorprendido en ciertos círculos económicos, no tanto porque Serra no ostentaba ningún poder ejecutivo en la entidad, sino porque contrasta con ciertas ausencias en la lista, entre ellas la de Josep María Loza, director general de la entidad durante más de 10 años.
Los antiguos gestores de CatalunyaCaixa son por el momento los últimos en ser cercados por la Justicia, una tardanza que también ha causado extrañeza teniendo en cuenta que la entidad ha recibido más de 12.000 millones de euros de ayudas públicas, un rescate sólo superado por el de Bankia, entidad de un tamaño considerablemente mayor.
La ya habitual lentitud de la justicia española, exacerbada en este caso por los numerosos intereses políticos que confluyen en las cajas de ahorros, también se está haciendo patente en el caso de las entidades fundadoras de Bankia. La entidad acumula, a la espera de la decisión del juez en CatalunyaCaixa, el mayor número de imputados, con hasta 33 consejeros de Bankia y de su matriz Banco Financiero y de Ahorros siendo investigados por la Audiencia Nacional tras la querella presentada por UPyD por delitos de falsificación de cuentas, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. Entre los imputados, el exdirector gerente del FMI y exministro de Economía Rodrigo Rato, el exministro de Interior Ángel Acebes, el presidente de la patronal empresarial madrileña Arturo Fernández, o el expresidente de Bancaja José Luis Olivas.
Olivas, a su vez, está siendo investigado dentro de las querellas presentadas por el FROB a varios directivos del Banco de Valencia por estafa, administración desleal y apropiación indebida.
También en la Comunidad valenciana, la Audiencia Nacional investiga la gestión de la ya desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Hasta 30 exconsejeros y directivos de la entidad desfilarán por el banquillo aunque el juez ha optado por formar piezas separadas con las distintas acusaciones. La investigación ha incluido el registro de la vivienda del exdirector general de la caja alicantina, Roberto López Abad.
Otro de los casos que más ríos de tinta ha hecho correr por ahora es el del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que ha visitado ya dos veces la cárcel dentro de la investigación por la concesión de unos créditos de 26,6 millones de euros al expresidente de la CEOE y antiguo consejero de la entidad Gerardo Díaz Ferrán y por la compra del City National Bank of Florida.
Sin embargo, por el momento ha sido el juez José Elpidio Silva el peor parado, ya que no sólo ha sido apartado del caso sino que se enfrenta a una querella de la Fiscalía por haber cometido presuntamente cuatro delitos durante la instrucción. Blesa, mientras tanto, que al salir de la cárcel pidió un “juez imparcial”, espera noticias.
Al igual que en Caixa Catlunya, las pensiones e indemnizaciones cobradas han llevado al banquillo a varios exdirectivos de Novacaixagalicia, después de que la Fiscalía Anticorrupción pusiese una querella contra cinco exdirectivos por asignarse unas pensiones millonarias. Entre ellos se encuentran el exdirector general de Caixanova, José Luis Pego y, procedente de Caixa Galicia, Javier García de Paredes. Un caso similar es el de Caixa Penedés, uno de los más avanzados ya que el juez ha avisado de que hay indicios de delito y todo parece indicar que habrá juicio.
CCM, primera víctima de la crisis financiera, sigue cuatro años después bajo investigación de la Audiencia Nacional por la concesión de préstamos presuntamente irregulares. En este caso, la querella está presentada contra el expresidente Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega.
Banca Cívica y la CAN son otras entidades que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional. Por un lado, se ha admitido a trámite una denuncia contra el antiguo consejo por presunta falsedad contable en la salida a Bolsa de la entidad. Entre los consejeros investigados se encuentran Enrique Goñi, exdirector general de la CAN, y Antonio Pulido, expresidente de Cajasol. Al mismo tiempo se investigan también los cobros de dietas en CAN, habiendo imputado el juez a Miguel Sanz, expresidente del Gobierno de Navarra y Enrique Maya, alcalde de Pamplona.
‘Las cosas de palacio van despacio’, dice el refrán, y en este caso parece estar aplicándose a rajatabla en un asunto muy delicado y con numerosas implicaciones políticas pero que al mismo tiempo ha causado alarma social, teniendo en cuenta además que la crisis financiera ha obligado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a inyectar más de 39.000 millones de euros aportados por Bruselas en la banca, que se suman a los 13.869 millones que ya prestó el Estado a los grupos de cajas para que acometieran sus fusiones.
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