ALICANTE.- El juzgado de lo contencioso-administrativo
nº 3 de Alicante ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el
PSPV por "supuestas irregularidades" en la adjudicación del contrato de
limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos a una UTE
participada por el empresario alicantino Enrique ortiz, imputado en el
'caso Brugal'. El edil ha anunciado que pedirán la suspensión cautelar
de la contrata de manera inmediata".
Según ha destacado el PSPV en un comunicado, el contrato, "uno de
los más grandes" de la historia de la ciudad con un presupuesto de 260
millones de euros, fue adjudicado en julio a una Unión Temporal de
Empresas (UTE) de las que formaban parte Cívica Construcciones y
Contratas e Inusa, dos de las empresas del constructor alicantino.
El concejal socialista Gabriel Moreno ha destacado que se trata de
"una buena noticia" para los ciudadanos porque "estamos convencidos de
que éste es el primer paso para anular la adjudicación del contrato más
caro e importante de este Ayuntamiento, la conocida como contrata del
siglo".
El edil ha subrayado que la alcaldesa Sonia Castedo y su equipo
"han adjudicado una vez más un servicio a Enrique Ortiz, sin las
garantías de transparencia y libre concurrencia imprescindibles
necesarias para un correcto funcionamiento de una administración
democrática y al servicio de la ciudadanía".
Moreno ha explicado que el concejal de Atención Urbana, Andrés
Llorens, --que sustituye a Castedo de baja por recomendación médica por
su embarazo al frente de la alcaldía-- deberá entregarles "de manera
obligatoria el expediente completo de la contrata".
"Algo a lo que se ha
negado hasta la fecha pese a las muchas peticiones que le hemos hecho",
ha dicho, para añadir que "al parecer, el lenguaje de la reclamación
por vía judicial es el único que entiende el equipo de gobierno
municipal del PP".
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