MADRID.- Las últimas memorias de las fiscalías muestran un preocupante aumento de delitos violentos cometidos por menores, incluso por niños de menos de 14 años, una situación que estudia el Ministerio Publico y que vincula directamente al entorno virtual en el que se mueven sin capacidad de filtrar sus contenidos.
“Estamos generando unos chicos con una serie de problemas serios“, advierte en una entrevista con Efe el fiscal coordinador de menores, José Javier Huete.
Aumentan de forma progresiva los abusos y las agresiones sexuales (1.833 procedimientos abiertos
en 2018, un 24,4 % más que el año previo); la violencia doméstica
protagonizada por menores (4.871 casos, un 4 % más) y los casos de
violencia de género (944, un 27,5 % más).
Huete ve tras ello un problema “grave” de educación.
“No porque el informe Pisa diga que tenemos mayor o menor conocimiento
de matemáticas. Estamos fallando en la educación en valores cívicos”,
explica este experto que observa desde una posición privilegiada la
evolución de la delincuencia juvenil e infantil en el país.
Tras subrayar la necesidad de inculcar a los menores “el respeto al
distinto” y que los derechos llevan aparejados obligaciones, el fiscal
hace hincapié en el riesgo que supone dar a un niño acceso a internet ilimitado y no dotarle de las capacidades necesarias para hacer un filtrado de lo que puede encontrarse.
“¿Y qué hay en la red? Pues hay violencia”, subraya
Huete, que ve cómo muchos menores recurren a la violencia, la misma que
utilizan en sus juegos virtuales, como primer método de resolución de
conflictos o cosifican al otro en la relaciones sexuales.
No es sólo un problema de los chicos, continúa para alertar de cómo las adolescentes llegan a considerar un acto de amor comportamientos que el Convenio de Estambul define como “violencia de control“, como la vigilancia del móvil por parte de la pareja.
Cuando llegan los atestados, explica Huete, lo primero que hacen los fiscales es comprobar la edad de los actores: cada vez encuentran más casos de menores de 14 años y no es raro que tenga además infracciones previas. Son irresponsables penalmente y con ellos sólo pueden actuar los servicios sociales.
“En épocas de crisis, como las que estamos, los recursos se han reducido, el personal se ha reducido y los problemas han aumentado”, alerta el fiscal de menores.
Su departamento ha puesto el foco en la violencia filio-parental,
un fenómeno que sigue en aumento y del que las estadísticas son solo la
punta del iceberg. Se presume que las cifras de casos ocultos son
elevadas porque la denuncia de un progenitor suele llegar cuando la situación familiar es insostenible.
No se denuncia en las primeras fases, apunta Huete, y
las cifras finales también están sesgadas porque los padres, tras dar
el paso de pedir auxilio, muchas veces se echan para atrás.
“No se comprende muy bien que la jurisdicción de menores no busca sancionar. Busca rehabilitar. La jurisdicción de menores no le va a cargar una mochila con la que va a pasar a adulto con antecedentes”, explica.
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