ALICANTE.- El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, liderado por el alcalde Luis Barcala del Partido Popular, deberá rehacer los presupuestos municipales de 2020, que estaban en su la última fase de elaboración, tras reclamar el Ministerio de Hacienda la devolución de 2,4 millones de euros de la liquidación de 2017.
Según
un comunicado del consistorio alicantino, de esta forma el Ministerio
desoye a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y
obliga a los ayuntamientos a consignar en sus cuentas las cantidades,
que no se pueden compensar con nuevas aportaciones del Estado ya que no hay presupuestos nacionales.
La concejala de Hacienda, Lidia López, criticó que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez haya hecho oídos sordos a la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias de paralización estas devoluciones.
«El
agujero que producen los 2.400.000 euros a las cuentas municipales se
podría haber evitado compensándolo con las nuevas aportaciones desde
Madrid, pero la falta de Presupuestos Generales del Estado nos impide
acceder a esos fondos y nos va a obligar a consignarlos en las cuentas
locales de 2020 ya que el Ministerio de Hacienda ha rechazado paralizar
la reclamación económica que están exigiendo a todos los ayuntamientos
de España», advirtió.
De los 2.400.000 euros que reclama el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de Alicante, medio millón deben ingresarse en las arcas del Estado antes de fin de año.
Así, los restantes 1.900.000 euros son los que deben incluirse en los presupuestos locales,
según el comunicado remitido a los medios de comunicación. Esta
reclamación, entienden desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Alicante, va a obligar a minorar los ingresos previstos para el próximo
año y por tanto a hacer inevitable una revisión de las cuentas para encajar esta importante cantidad económica con disminuciones de gasto en las partidas que componen el presupuesto del Ayuntamiento de Alicante.
La edil de Hacienda del consistorio alicantino se mostró contundente
ante la reclamación del Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de
Alicante e insistió en que esta petición condicionará las cuentas
futuras y obligará a hacer recortes.
Lidia López cree que el Gobierno en funciones «está demostrando absoluta insensibilidad con los ayuntamientos,
entre ellos el nuestro, condicionando la hoja de ruta que teníamos
establecida para aprobar nuestras cuentas y obligándonos a introducir
recortes de gasto en partidas que creemos que son necesarias para
atender las necesidades de los vecinos de Alicante».
Por último,
la concejal responsable del área de Hacienda del Ayuntamiento de
Alicante, «la paralización del gobierno central y la falta de
presupuestos generales del Estado la vamos a acabar pagando los
ayuntamientos y con ellos los ciudadanos que dependen de nuestra
gestión».
Por otra parte, la
concejala de Empleo y responsable de la Agencia Local de Desarrollo,
Mari Carmen de España, y el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Adrián
Santos se entrevistaron en Madrid con técnicos de la Entidad
Estatal de Suelo (SEPES) para trasladarles la urgencia de Alicante para ampliar sus polígonos industriales.
Tras el encuentro, los dos representantes del equipo de Gobierno local
coincidieron en resaltar que el jefe de la División de Planeamiento y
Proyectos del SEPES, Javier González, y los técnicos de esta entidad
adscrita al Ministerio de Fomento, se mostraron «muy receptivos» a las
demandas de la ciudad.
Ambas partes quedaron emplazadas para
proseguir los contactos tras la formación del nuevo Gobierno de España
con el fin de que sus nuevos directivos puedan tener la capacidad
suficiente para adoptar decisiones importantes.
Mari Carmen de España y
Adrián Santos indicaron a los expertos de la Entidad Pública Empresarial
de Suelo, sociedad con gran experiencia en la promoción de suelo
industrial, la urgencia del Polígono Las Atalayas de disponer de nuevas
superficies para atender las ampliaciones demandas por empresas
operativas en ese sector.
Ambos dieron a conocer las peticiones de suelo
de más de 15 empresas de las que operan en el polígono, por lo que la
primera ampliación de suelo debería de extenderse por unos 160.000 metros.

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