La comunidad educativa pide al Gobierno claridad y garantías sanitarias en la vuelta a clase

MADRID.- La comunidad educativa demanda al Gobierno medidas claras y precisas, además de garantías sanitarias, tanto para volver a las aulas como para terminar este curso e iniciar el siguiente. Además, reclama que se prime la conciliación durante y después de la desescalada.

Tras anunciar que el curso escolar ha terminado presencialmente, el Gobierno ha establecido unas excepciones que permitirán volver a las aulas, voluntariamente y en la segunda fase del plan de desescalada, a los menores de 6 años,si ambos progenitores tienen que volver al trabajo, a los alumnos de 4º de ESO y 2 de Bachillerato, a los de Educación Espacial y a los más vulnerables, entre otros.

Los padres y madres de la escuela pública, agrupados en la Ceapa, han pedido coordinación de todas las comunidades y que se amplíe a Primaria y Secundaria el regreso a las aulas previo a septiembre si las condiciones sanitarias lo permiten, así como actividades gratuitas para las familias que así lo soliciten dentro o fuera de los centros.

“Será necesario facilitar medidas de conciliación pensando en todo el alumnado. Y aunque en Secundaria gozan de mayor autonomía, hay que tener en cuenta que los menores de 12 a 14 también necesitan estar atendidos mientras su familia trabaja”, ha asegurado la Ceapa.

Una opinión que comparte el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Pedro José Caballero, quien ha reivindicado clases presenciales “para todos o para ninguno”.
Caballero ha aplaudido que se haya terminado con la incertidumbre de las familias al dar por concluido el curso, pero ha reclamado medidas “más claras y precisas” y que los que vuelvan a clase lo hagan con “todas las garantías”.

Una vuelta a clase que no ve tan fácil el FSIE, el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada y privada por la dificultad que supone para los trabajadores mantener la distancia de seguridad con alumnos menores de 6 años “o conseguir que puedan protegerse adecuadamente”.

En este sentido, el FSIE opina que “los centros educativos no son la solución al problema de la necesaria conciliación familiar y laboral” y subraya que el regreso voluntario y en grupos reducidos de 15 alumnos en los cursos de finales de etapa dificultará que los docentes puedan compatibilizar la atención a estos estudiantes con los que prefieren seguir “on line”.

En esta linea se ha expresado el sindicato de docentes STEs, que, tras valorar muy “negativamente” las medidas del Ejecutivo, considera que con las actuales plantillas es imposible conjugar la atención presencial con la telemática.

Además, critica que la Educación Infantil se considere como “simple guardería” y pide que antes de volver a clase se desinfecten a diario todas las dependencias, se provea de equipos de protección individual tanto al alumnado como al profesorado y que se contraten nuevos docentes para atender la docencia presencial.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha aclarado ninguna de estas dudas de la comunidad educativa en la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles y se ha limitado a señalar que la concreción sobre las medidas se establecerá en las distintas órdenes que se irán dictando, según avancen las fases de la desescalada. Pero ha subrayado que “todos los mecanismos que faciliten la conciliación y den respuesta a estas cuestiones serán recogidos y tenidos en cuenta por el Gobierno”, que, ha dicho, “tiene una especial sensibilidad por esta materia”.

A juicio del Sector de Enseñanza de FeSP-UGT, las medidas anunciadas generan más dudas que certezas y ha propuesto la realización de pruebas diagnósticas PCR a los trabajadores que desempeñen actividades en los centros.

CCOO considera imprescindible abrir un debate para “redefinir los nuevos espacios y tiempos escolares, tal y como ha puesto de manifiesto la pandemia”.

Ante esta situación, CSIF reclama un plan preventivo y actuaciones comunes en todas las comunidades para preparar la vuelta presencial a las aulas y pide que no se cuente con el personal de riesgo de los centros.

Demanda también CSIF que la ratio máxima por aula sea de 12 alumnos, que haya entradas y salidas escalonadas o por turnos, una separación mínima de 2 metros entre docentes y alumnado y gel hidroalcohólico y material de protección en lugares estratégicos del centro.

Por su parte, la Asociación de Colegios Privados e Independientes CICAE, que valora positivamente la vuelta gradual a las aulas en este tercer trimestre, pide más información sobre criterios sanitarios o cuestiones como el traslado de los alumnos, la apertura del comedor escolar o restricciones de espacios.