MADRID.- Los estudios sobre la renta mínima
avanzan. Y también las reivindicaciones de las organizaciones no
gubernamentales, que han reclamado al Gobierno que incluya a los
inmigrantes sin papeles en el ingreso mínimo vital que está diseñando el
ministro José Luis Escrivá, según publica hoy El Confidencial.
Entre otras razones, porque su situación es más angustiosa que ninguna, habida cuenta de su elevada vulnerabilidad en un contexto económico como el actual, en el que ni siquiera la economía sumergida
tiene apenas salida; pero también porque muchos de ellos desempeñan
funciones esenciales en la comunidad, como atención de ancianos, a
dependientes, limpieza o actividades agrícolas.
El Gobierno, a través del propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya ha adelantado que “no contempla”
esa posibilidad, que tendría difícil encaje legal, ya que se trata de
personas cuya posición administrativa es irregular, y por eso,
precisamente, las ONG han urgido a Moncloa a que regularice la situación
de centenares de miles de inmigrantes que hoy se encuentran en una
situación extrema.
La CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) ha llegado a calcular
la existencia de unos 800.000 irregulares, que, además, se encuentran
con la circunstancia añadida de que no pueden salir de España, donde
tradicionalmente hay menos trabajo, hacia otros países europeos porque
las fronteras están cerradas.
Según
la Asociación de Abogados
Extranjeristas, “lo que hoy aparece como una situación transitoria va a
tener consecuencias mucho más largas, que condenarán a un porcentaje de
la población a una intolerable situación de inseguridad jurídica y de
vacío legal efectivo”.
Como sostiene Eva Garzón, responsable de Desplazamiento Global de Oxfam Intermón,
tampoco hay que olvidar que el estado de alarma, y todo lo que
conlleva, ha congelado la tramitación de expedientes administrativos en
busca de la regularización, incluso los sobrevenidos porque se haya
perdido el empleo.
Según algunas estimaciones, alrededor de
100.000 solicitudes de asilo permanecen varadas, a lo que hay que unir
el hecho de que España, que es uno de los países europeos que menos
atienden a los refugiados, apenas acepta el 5% de las solicitudes.
Por este motivo, más de 250 organizaciones no gubernamentales han
reclamado al Gobierno que regularice a los sin papeles, en línea con lo
que también ha demandado el Consejo de Europa.
“Muchas de estas personas
son migrantes en situaciones administrativas diversas”, se dice
en el manifiesto, “y son esenciales para la salud pública, la vida y
los cuidados en esta crisis, arriesgando su propia salud y sus vidas
para servir a la sociedad”.
El Gobierno, por el momento, ha dicho no. A
lo sumo, según algunas fuentes, se habría abierto a una regularización parcial, por sectores.
La reclamación de las ONG ha coincidido en el tiempo con el cese de la directora general de Migraciones, Irune Aguirrezabal, que ha sido sustituida, como publicó ayer el BOE, por Santiago Yerga Cobos.
En el ministerio, lo achacan a una reorganización interna. Yerga es un
abogado de extranjería de largo recorrido, al contrario que
Aguirrezabal, cuyo perfil es más académico y, por lo tanto, más alejado
del mundo de las ONG, que es tradicionalmente un mercado electoral más
próximo a Unidas Podemos. El cese, de hecho, ha sido bien recibido por
círculos que trabajan con los extranjeros en situación irregular.
Recientemente,
también el Gobierno portugués adoptó una medida similar en unos
momentos en que el campo, como consecuencia del coronavirus, necesita
mano de obra. Como recuerda la Asociación de Abogados Extranjeristas,
Portugal también lo hizo para extender la asistencia sanitaria, y luego
Italia, por motivos más amplios, han abierto, de una u otra manera, un
camino “que España no debe tener reparos en recorrer”.
También ocurre en España, como han reclamado en las últimas semanas
los empresarios agrícolas, que temen que se pierda parte de su cosecha
al no poder contratar a trabajadores sin papeles. El propio Gobierno
reconoció implícitamente esta necesidad hace unas semanas cuando aprobó
un real decreto-ley que flexibilizó la contratación de trabajadores agrícolas.
Ese real decreto-ley ha sido criticado
duramente por organizaciones como Cáritas por insuficiente, ya que
aunque la gran mayoría de las personas migrantes que residen en las
zonas agrícolas están empadronadas en sus respectivos
municipios, la norma “no contempla la posibilidad de darles la
oportunidad de regularizar su situación ni de garantizar sus
necesidades”.
Condiciones inhumanas e indignas
En palabras
de Cáritas, la realidad para los sin papales es todavía más dura, ya
que "los asentamientos se convierten en campamentos compuestos por
chabolas levantadas por los mismos temporeros con plásticos y maderas,
carentes de las mínimas condiciones de salubridad y seguridad, lo que
empuja a la población inmigrante a vivir en unas condiciones inhumanas e indignas".
Según Eva Cebrián, es por eso por lo que el Gobierno debe incluir un
paquete de protección social incardinado en el ingreso mínimo vital que
se está pergeñando, y que, según Escrivá, podría estar listo durante la
segunda quincena de mayo. Es decir, al menos dos meses desde que se
decretó el estado de alarma y se obligó al cese de
actividades, lo que ha provocado un brutal aumento del desempleo. No
solo en la economía formal sino también en la irregular, cuyas
condiciones de vida son peores.
Las ONG recuerdan, además, que ya la Ley de Extranjería admite la posibilidad de que en los supuestos de entrada sin visado, y cuando concurran circunstancias excepcionales que lo justifiquen, “podrá autorizarse la estancia de un extranjero en el territorio español más allá de tres meses”.
La última regularización
masiva de inmigrantes, como se sabe, se produjo en 2005, y entonces
salieron de esa situación más de 700.000 trabajadores que legalmente no
podían trabajar en España, pero que lo hacían. Un estudio académico
publicado en su día por Nada es Gratis concluyó que la regularización
de Rodríguez Zapatero “aportó ingresos adicionales a las arcas públicas,
además de dar oportunidades a los inmigrantes que carecían de permiso
legal de trabajo”.
En la actualidad, según las últimas cifras
oficiales, residen en España en situación regular con tarjeta 5,6
millones de extranjeros, de los que 2,73 millones proceden de países
ajenos al Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza. Su número ha ido en
aumento en los últimos años al calor de la recuperación económica. Desde 2014, la población extranjera ha crecido un 15%.
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