Tras una reunión con la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo, el comité ha denunciado que las propuestas planteadas no dan respuesta a ninguna de las problemáticas que vive el sector y que suponen un menoscabo para su actividad e incluso un riesgo de "quiebra estructural".

"Llevamos años pidiendo una regulación de las labores de carga y descarga, que actualmente son asumidas por el conductor, ni los tiempos de espera ni del trato vejatorio que reciben nuestros profesionales. Estamos asfixiados con el incremento del precio del combustible, que ya rebasa el 25%, a la que ahora quieren sumar la aplicación del pago por uso de autovías y autopistas", advierte Carlos García como secretario general de FVET.

Y el documento presentado por el Gobierno, a su juicio, no plantea soluciones eficaces, "sino palabras que no suponen en la práctica un cambio real para el sector, pues añade cambios, como la ampliación de las masas y dimensiones de los vehículos, que se habían comprometido a no incorporar sin el consenso del sector".

Ante esta situación, el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) ha invitado al Ministerio a plantear una nueva propuesta de medidas, atendiendo a los puntos planteados por los transportistas. Por tanto, "si se agotan todos los canales de negociación", en FVET se ven "obligados a un cese de la actividad que incluso podría plantearse de forma indefinida ante la inacción del Gobierno".

En la Comunitat Valenciana, el sector opera 14.800 empresas y 94.000 conductores profesionales, como la tercera comunidad tras Catalunya y Andalucía con mayor volumen de mercancías transportadas en 2020. "Somos esenciales y necesitamos ser tratados como tal", recalca el representante de la federación autonómica en su comunicado.