Pero, al contrario que a Francisco Camps, a Eduardo Zaplana los que le salieron ranas nunca pasaron de renacuajos. Nunca hubo un Bigotes de medio pelo que lo empujara al cadalso. A Camps, en cambio, hasta Ricardo Costa se le sublevó.
Pero la omertà ha ido agrietándose conforme se acercaba el macrojuicio Erial, que se dirime en la sección cuarta de la Audiencia de Valencia. La lealtad es una chaqueta que suele colgarse en la percha que hay justo en la puerta de entrada a los cementerios.
Así arranca el libro “Los tentáculos del truhan”, y disculpen la autocita. No hay peor camposanto que una cárcel. Vista la acumulación de pruebas recabadas por la investigación, miembros ilustres de la banda de Zaplana han decidido sellar acuerdos con la Fiscalía para aceptar los hechos delictivos a cambio de reducción de condenas.
Con esa disposición se encuentran los empresarios José Cotino y Vicente Cotino (sobrinos del difunto ex conseller Juan Cotino), además del amigo y testaferro de Zaplana, Joaquín Barceló, Pachano, y el ex jefe de gabinete del presidente, Juan Francisco García. Los Cotino Escrivá están acusados de pagar unos diez millones de euros en comisiones, a través de Asedes Capital (matriz del Grupo Sedesa) a la red de Zaplana por la adjudicación amañada de las concesiones de las ITV y el Plan Eólico. Con la transferencia posterior de esas concesiones, Sedesa dio un pelotazo de 86,5 millones de euros.
Las mordidas supuestamente fueron catalizadas mediante la compraventa de acciones entre empresas creadas adrede en España y Luxemburgo, además de por la clásica vía del abono de facturas a consultoras, una de ellas de Juan Francisco García (Dobles Figuras Consultores).
Juanfran y Pachano eran, según la investigación, los tenedores de las acciones de las mercantiles radicadas en Luxemburgo: Imison Internacional y Fenix Investments. Barceló figuraba, además, como titular del dinero de la cuenta de Andorra, que llegó a presentar un saldo cercano a los 10 millones de euros.
Juan Francisco García, por su parte, era quien controlaba Fenix Investments, cuya liquidación le reportó 2,3 millones de euros, un dinero, procedente de las comisiones, que afloró ante el fisco español gracias a la amnistía fiscal decretara por Cristóbal Montoro y que acabó disparando las alarmas en la Agencia Tributaria.
Quien fue mano derecha de Zaplana recibió presuntamente otros 1,3 millones como pago directo de Asedes Capital a su consultora. La colaboración de Juanfran con el fiscal resultará clave porque, además de gestionar una de las dos empresas que sirvieron para exportar las comisiones a Luxemburgo, el ex jefe de gabinete de Zaplana presidió la mesa de contratación que adjudicó las ITV en un proceso que la Agencia Valenciana Antifraude consideró irregular.
Controlador del tráfico en las cloacas
Juan Francisco García no es un cualquiera en el quién es quién del zaplanismo. Vendría a ser una especie de director general de tráfico en las cloacas. Pachano, por su parte, es uno de los grandes amigos del ex presidente desde la adolescencia y miembros ambos de la ilustre peña festera Picarol de Benidorm.
En la causa Erial, Barceló tiene asignado por la investigación el papel de principal testaferro. La luxemburguesa Imison International, que pescó una parte de las mordidas, estaba a su nombre. Actuaba también como administrador de la sociedad Costera del Glorio, así como de Gesdesarrollos Integrales o Medlevante, mercantiles que están también acusadas en este proceso como personas jurídicas.
Estas empresas, según la investigación, fueron utilizadas para blanquear parte de los fondos repatriados, que sirvieron para comprar propiedades inmobiliarias, como solares en la Marina Baixa. El piso de Zaplana en la calle Nuñez de Balboa, en el Barrio de Salamanca de Madrid, se escrituró a nombre de Costera del Glorio.
Fondos de esta empresa se transfirieron a una cuenta personal de Pachano y de ahí saltaron a otra del propio Zaplana. La esposa de Barceló, Elisa López, también formaba parte de los órganos de administración de esas empresas y su intervención ha sido decisiva para que el amigo de Zaplana haya abandonado el barco.
Terra Mítica, una familia
Tan de la confianza de Zaplana eran Juan Francisco García y Joaquín Barceló, que ambos desempeñaron papeles cruciales en Terra Mítica, la niña de los ojos del ex presidente. El parque temático de Benidorm fue la primera estafa con denominación de origen PP en el Consell.
Fue el lugar donde se pagaron todos los patrocinios de los inicios de la carrera del ex ministro y se sellaron bocas (por ejemplo la del empresario Vicente Conesa, sabedor de los pecados del alcalde Zaplana) para evitar desgracias políticas.
Allí colocó Zaplana a su íntimo Pachano como director de relaciones institucionales. Y sobre lo que se cocía en el subsuelo del parque temático lo sabía todo el entrañable Juanfran. Terra Mítica era el útero de la corrupción zaplanista.
Un espacio cálido para los negocios de familia. Allí se colocó a Justo Valverde, entonces cuñado del presidente, como jefe de contrataciones. No por ser cuñado, sino por la idoneidad de un coronel del Ejército del Aire en un complejo con destacadas atracciones aéreas, como el Ave Fénix o la Montaña Rusa de madera.
La situación judicial de Zaplana se complica. Los supuestos pagadores de las mordidas (los Cotino Escrivá) y quienes figuraban en las empresas de las comisiones y del blanqueo (Barceló y Juan Francisco García) abandonan a su jefe.
Quien montó y gestionó las sociedades luxemburguesas, Beatriz García Paesa, y quien le dio el relevo como gestor del dinero de las comisiones (Fernando Belhot) se ratificarán en su declaración en la que atribuyen a Zaplana ser el propietario de los fondos que administraban.
Por eso, porque el dinero no era suyo, sino del ex presidente, Belhot transfirió 6,7 millones de euros de la cuenta del banco suizo Julius Baer a la del juzgado.
Le queda Francisco Grau, el contable
Antes de García Paesa y Belhot, el encargado de montar el entramado financiero para exportar y ocultar el dinero fue Francisco Grau, a quien en su día nombró secretario del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Grau, el contable de Zaplana, sigue fiel al jefe. A día de hoy. El fiscal Pablo Ponce pide para él ocho años de cárcel y 20 millones de multa. Lo mismo que para la secretaria personal del ex ministro, Mitosuko Henríquez, y para Joaquín Barceló.
Ocho años es poca cosa comparado con los 14 años que se reclaman para Juan Francisco García o para los hermanos Cotino Escrivá. Están en el pódium de los encausados amenazados de mayor condena, justo por detrás de Zaplana, para quien se piden 19 años de prisión por pertenencia a organización criminal, blanqueo, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa.
Pero, claro, también está considerado el mayor beneficiario de un bote de 20,6 millones en mordidas. Y, por lo que se ve, a algunos les compensa menos que a otros la regla de tres entre comisiones y pernoctaciones entre barrotes.
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