ALICANTE. La Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS), que agrupa a colectivos vecinales, entidades sociales, formaciones ecologistas, sindicatos y formaciones políticas, desvela las armas con las que pretende evitar la instalación de la planta de almacenaje de combustibles promovida por XC Business en la terminal de mercancías, mediante la interposición de un contencioso que ya ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), según adelanta Alicante Plaza.
Esa impugnación trata de forzar la nulidad de la modificación de la concesión aprobada por la Autoridad Portuaria en 2019 por la que se dio encaje al proyecto sobre la base de una circunstancia fundamental: la ausencia de estudio de impacto ambiental. Se trataría de un requisito establecido de forma explícita por el Ministerio para la Transición Ecológica que figuraría en el expediente administrativo seguido para la tramitación del proyecto.
Así lo han precisado este jueves los portavoces de la PPS, José Santamaría y Sol Garcín, junto al catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de Alicante, Santiago González Vara -que ha participado en el diseño del recurso- en una comparecencia en la que han señalado que, en su conjunto, la demanda apunta la existencia de al menos doce causas de nulidad distintas que permitirían revocar esa modificación sustancial: el elemento matriz que atajaría todo el proceso posterior, sin posibilidad de que pudiese esgrimirse la concesión de ninguna licencia posterior, como la licencia ambiental ya reconocida por el TSJ por silencio administrativo positivo.
González Vara ha argumentado que es el propio ministerio el que notificó a la Autoridad Portuaria, tras una acción promovida por los representantes vecinales de la PPS, la necesidad de que el proyecto quedase sometido al trámite de evaluación ambiental.
La ausencia de ese informe de impacto ambiental sería elemento suficiente para que el TSJ revocase el permiso de instalación en el Puerto, según ha sostenido, toda vez que es un trámite que exige la legislación europea y española, como la Ley de Evaluación de Impacto ambiental de 2013. Máxime, cuando se trataría de un proyecto que, según sostienen los vecinos, hasta el propio ministerio señala que afectaría a ámbitos protegidos como el LIC y la reserva marina de la isla de Tabarca, entre otros.
En esta línea, el catedrático de Derecho administrativo ha considerado que la ausencia de ese estudio de evaluación ambiental es elemento "difícilmente convalidable", en la medida en que obligaría a "iniciar de nuevo la tramitación del proyecto.
Pero, además, González Vara también ha apuntado un segundo factor determinante: el hecho de que el proyecto se plantease con un desarrollo en dos fases, aunque después se haya tratado de presentar ante la ciudadanía que solamente se desplegaría una fase única.
Esa circunstancia, según ha precisado, podría haber servido para evitar, precisamente, la necesidad de que el proyecto quedase sometido al trámite de evaluación ambiental, toda vez que, en la misma memoria económica, se apunta que la planta de almacenaje se ejecutaría en dos fases por separado para agilizar su tramitación.
Entre esos doce motivos de nulidad señalados en la demanda, se incluiría la falta de informes relacionados con la seguridad de las instalaciones y con su recinto exterior.
Así lo ha subrayado, igualmente, Santamaría tras incidir en que, tras elevar una consulta a la Conselleria de Emergencias, "se nos respondió que no se había emitido ningún informe sobre el proyecto y que nadie les había requerido para hacerlo", ha añadido.
Otro de las anomalías que, a juicio de los recurrentes, se habría registrado en el proyecto sería la introducción de un modificado en el proyecto, "con cuestiones que se cambian", con lo que se habría aportado a la demanda un dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Pública, "en la que se pone de manifiesto la nulidad en el caso de modificación de proyecto", según González Vara.
Además, en el recurso también se subraya la supuesta falta de solvencia técnica y económica de la empresa promotora y se apunta a la existencia del compromiso contra la instalación de proyectos de almacenaje de combustibles que se rubricó en 1995 con la participación de todas las administraciones, con motivo de la retirada de los antiguos depósitos de Campsa.
De igual modo, tanto Santamaría como Garcín han abundado en los potenciales riesgos que, a su juicio, podría suponer el desarrollo del proyecto sobre toda la bahía de Alicante, al alertar de la posibilidad de que el bunkering que se contempla en la propuesta (la transferencia de combustible de barco a barco junto al muelle 19) provocase fugas con efectos que han comparado al que provocó el incidente del Prestige, y avisar de otros incidentes por deflagración de depósitos similares, como el registrado en Ciudad de Matanza, en México.
Por último, no han considerado viable la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento contra la concesión de la licencia ambiental ya reconocida por el TSJ, al estimar que tendría pocas posibilidades de prosperar una vez que ese fallo ya hubiese quedado sancionado por el Tribunal Supremo (TS) tras considerar que la estrategia legal seguida por el Ayuntamiento no habría sido la correcta, y que, además, la sala del TSJ que evaluó el recurso de XC Business contra la sentencia en la que se le denegaba ese permiso no habría tenido en cuenta requisitos legales como el de la evaluación ambiental.
¿Qué recorrido tendrá ahora el recurso vecinal? Según ha concretado González Vara, ahora debe darse traslado de la demanda a la "parte contraria", en este caso, a la Abogacía del Estado, en representación de la Autoridad Portuaria, con la posibilidad de que también se notifique a la gestora de la terminal de mercancías, TMS, y a la propia XC Business como codemandadas.
En esta línea, ha aventurado que, de acuerdo con los plazos habituales de este tipo de procedimientos, "podría haber sentencia en un margen de entre un año y trece meses" con la posibilidad de que se recurriese al TS en casación, aunque ha considerado que "el núcleo de la controversia se dirimirá en Valencia".
El contencioso interpuesto por la PPS, a través de la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur Puerto Avanza, se suma al recurso también registrado por la asociación conservacionista Ecologistas en Acción, también admitido a trámite, con el que también se aspira a forzar la nulidad de la modificación concesional "con otra argumentación no necesariamente coincidente, por lo que hemos podido conocer", según ha subrayado González Vara.
Además, la viabilidad del proyecto para la instalación de los depósitos de combustible también queda ligada a la resolución del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) interpuesto por el Ayuntamiento de Alicante frente a la concesión de la licencia ambiental reconocida por el TSJ (en sentencia avalada por el Tribunal Supremo).
En el plano administrativo, el proyecto también sigue en fase de evaluación en lo que concierne al otorgamiento de la licencia de obra, después de que XC Business haya aportado aclaraciones respecto a las discrepancias apuntadas por la Concejalía de Urbanismo respecto a la superficie que ocuparía el proyecto.
Un trámite que motivó que Urbanismo acordase, primero, la denegación de ese permiso, y que revocase su propia decisión, después, al constatar que, en realidad, la empresa sí había presentado información adicional en respuesta al requerimiento de la Concejalía respecto a esa diferencia de tamaños.
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