martes, 22 de julio de 2025

Aptur CV formaliza una demanda judicial contra la moratoria de licencias a pisos turísticos en Alicante

 ALICANTE.- La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunitat Valenciana (Aptur CV) ha formalizado una demanda judicial contra la moratoria en la concesión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico (VUT), aprobada por el Ayuntamiento de Alicante.

En un comunicado, la entidad considera que la medida "carece de sustento real" y ha insistido en que el informe que utiliza el consistorio para justificar dicha moratoria "sostiene exactamente lo contrario" que la norma a la que se ha dado luz verde, ya que concluye que la capital alicantina "no sufre un exceso de viviendas turísticas ni un impacto negativo significativo sobre la vivienda ni la convivencia".

"El propio estudio técnico elaborado por Estrategia y Organización SA descarta la existencia de una presión urbanística relevante de las VUT en la ciudad, pero ese resultado ha sido ignorado de forma evidente", ha apuntado la patronal del sector.

Desde Aptur CV han insistido también en que estos inmuebles "son un gran motor económico para la ciudad", ya que las VUT y los apartamentos turísticos generaron un impacto "de 220 millones de euros en 2024, según la consultora de Big Data inAtlas".

"Es incomprensible que se utilice como pretexto un informe que determina que en Alicante la incidencia de las viviendas de uso turístico es moderada y que no existen zonas de mercado residencial tensionado, como sí ocurre en otras grandes ciudades", ha afirmado la presidenta de la asociación, Silvia Blasco.

A su juicio, "la actuación del Ayuntamiento no se basa en criterios técnicos ni datos objetivos, sino en intereses políticos y mediáticos que perjudican a miles de ciudadanos", en el marco de "decisiones arbitrarias que perjudican a la ciudadanía", según la entidad.

Además, la demanda destaca que "la suspensión de licencias se ha acordado, a pesar de que el estudio técnico ha manifestado que la ciudad de Alicante no experimenta una alta presión urbanística por parte de las VUT".

"Estamos ante una decisión de tinte político que va en contra de los intereses generales de la ciudadanía. Se utilizan argumentos infundados para atacar y desprestigiar, incluso de forma personal, a quienes forman parte del sector de la vivienda turística", ha agregado Blasco.

En este sentido, considera que "estas políticas restrictivas no solo perjudican a los empresarios y trabajadores del sector, sino a todos los alicantinos, pues limitan la oferta de alojamiento, reducen ingresos y empleo y atentan contra la convivencia".

"No hay pruebas de que la vivienda turística esté desplazando a la residencial en Alicante, ni de que perjudique la convivencia vecinal o el tejido social. Todo se fundamenta en suposiciones sin base objetiva, ignorando la realidad que constata el propio informe técnico encargado por el consistorio", ha insistido la presidenta de Aptur CV.

Además, la patronal se ha referido al "daño que esta suspensión de licencias causa a cientos de familias, autónomos y pequeñas empresas" que dependen de la gestión de viviendas de uso turístico. 

Según Blasco, "más de 2.500 empleos directos e indirectos, la oferta turística complementaria que hace posible la desestacionalización y la llegada de nuevos perfiles de visitantes". 

"Este tipo de decisiones arbitrarias ponen en riesgo el futuro de muchas personas y restan competitividad a Alicante como destino", ha subrayado.

Desde la asociación se reclama al Ayuntamiento de Alicante "una rectificación, la retirada de la suspensión de licencias y la apertura de un proceso de diálogo con el sector y los expertos independientes".

"Estamos a favor de la regulación, del control y de medidas que eviten los posibles efectos negativos del turismo, pero siempre sobre la base de una información veraz y objetiva, no sobre rumores o intereses partidistas", ha zanjado Blasco.

En este contexto, la entidad ha sentenciado: "Aptur CV confía en que la justicia restablezca la legalidad y la seguridad jurídica y reitera su disposición a trabajar conjuntamente con las administraciones para una convivencia equilibrada y sostenible entre los diferentes usos residenciales y turísticos".

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