ALICANTE.- La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la 
Comunitat Valenciana (Aptur CV) ha formalizado una demanda judicial 
contra la moratoria en la concesión de nuevas licencias para viviendas 
de uso turístico (VUT), aprobada por el Ayuntamiento de Alicante.
   En un comunicado, la entidad considera que la medida "carece de 
sustento real" y ha insistido en que el informe que utiliza el 
consistorio para justificar dicha moratoria "sostiene exactamente lo 
contrario" que la norma a la que se ha dado luz verde, ya que concluye 
que la capital alicantina "no sufre un exceso de viviendas turísticas ni
 un impacto negativo significativo sobre la vivienda ni la convivencia".
   "El propio estudio técnico elaborado por Estrategia y Organización SA
 descarta la existencia de una presión urbanística relevante de las VUT 
en la ciudad, pero ese resultado ha sido ignorado de forma evidente", ha
 apuntado la patronal del sector.
   Desde Aptur CV han insistido
 también en que estos inmuebles "son un gran motor económico para la 
ciudad", ya que las VUT y los apartamentos turísticos generaron un 
impacto "de 220 millones de euros en 2024, según la consultora de Big 
Data inAtlas".
   "Es incomprensible que se utilice como pretexto
 un informe que determina que en Alicante la incidencia de las viviendas
 de uso turístico es moderada y que no existen zonas de mercado 
residencial tensionado, como sí ocurre en otras grandes ciudades", ha 
afirmado la presidenta de la asociación, Silvia Blasco.
   A su juicio, "la actuación del Ayuntamiento no se basa en criterios 
técnicos ni datos objetivos, sino en intereses políticos y mediáticos 
que perjudican a miles de ciudadanos", en el marco de "decisiones 
arbitrarias que perjudican a la ciudadanía", según la entidad.
  
 Además, la demanda destaca que "la suspensión de licencias se ha 
acordado, a pesar de que el estudio técnico ha manifestado que la ciudad
 de Alicante no experimenta una alta presión urbanística por parte de 
las VUT".
   "Estamos ante una decisión de tinte político que va 
en contra de los intereses generales de la ciudadanía. Se utilizan 
argumentos infundados para atacar y desprestigiar, incluso de forma 
personal, a quienes forman parte del sector de la vivienda turística", 
ha agregado Blasco.
   En este sentido, considera que "estas 
políticas restrictivas no solo perjudican a los empresarios y 
trabajadores del sector, sino a todos los alicantinos, pues limitan la 
oferta de alojamiento, reducen ingresos y empleo y atentan contra la 
convivencia".
   "No hay pruebas de que la vivienda turística 
esté desplazando a la residencial en Alicante, ni de que perjudique la 
convivencia vecinal o el tejido social. Todo se fundamenta en 
suposiciones sin base objetiva, ignorando la realidad que constata el 
propio informe técnico encargado por el consistorio", ha insistido la 
presidenta de Aptur CV.
   Además, la patronal se ha referido al 
"daño que esta suspensión de licencias causa a cientos de familias, 
autónomos y pequeñas empresas" que dependen de la gestión de viviendas 
de uso turístico. 
Según Blasco, "más de 2.500 empleos directos e indirectos, la oferta turística complementaria que hace posible la desestacionalización y la llegada de nuevos perfiles de visitantes".
"Este tipo de decisiones arbitrarias ponen en riesgo el futuro de muchas
 personas y restan competitividad a Alicante como destino", ha 
subrayado.
   Desde la 
asociación se reclama al Ayuntamiento de Alicante "una rectificación, la
 retirada de la suspensión de licencias y la apertura de un proceso de 
diálogo con el sector y los expertos independientes".
   "Estamos
 a favor de la regulación, del control y de medidas que eviten los 
posibles efectos negativos del turismo, pero siempre sobre la base de 
una información veraz y objetiva, no sobre rumores o intereses 
partidistas", ha zanjado Blasco.
   En este contexto, la entidad 
ha sentenciado: "Aptur CV confía en que la justicia restablezca la 
legalidad y la seguridad jurídica y reitera su disposición a trabajar 
conjuntamente con las administraciones para una convivencia equilibrada y
 sostenible entre los diferentes usos residenciales y turísticos". 
												
					
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