martes, 27 de noviembre de 2012

Acuerdo entre PP y UPyD para desalojar a los acusados por corrupción de cargos públicos

MADRID.- El PP y UPyD han pactado este martes una enmienda transaccional en el Congreso comprometiéndose a acometer las reformas legales necesarias que permitan desalojar a los acusados por corrupción tanto de los cargos públicos que ostenten como de las listas electorales.

   Se trata de una reivindicación que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, planteó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el pasado 31 de octubre, en un debate en el que ambos intercambiaron impresiones sobre la conveniencia de tomar medidas contra los imputados por corrupción.
   Díez defendió entonces sacar de las listas electorales y de los cargos públicos a los imputados, pero el ministro replicó que esa figura sólo busca dar garantías a la persona citada a declarar y sobre la que aún no pesa ningún indicio de criminalidad. No obstante, Ruiz Gallardón sí se comprometió a estudiar la posibilidad de excluir a aquellos encausados a los que se va a abrir juicio oral.
   La formación magenta recogió el guante y en su moción pedía actuar contra los "acusados formalmente", de tal manera que se acometan las reformas legales necesarias para incluir la acusación formal por un delito de corrupción como causa de inelegibilidad e incompatibilidad.
   El PP prefirió proponer a UPyD un texto alternativo remitiendo este asunto a la comisión técnica la que el Gobierno ha encargado de preparar la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal.
   Al final, los dos partidos han alcanzado un texto de consenso instando al Gobierno "a estudiar y analizar las reformas legales necesarias que posibiliten que los acusados por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos público". El acuerdo se votará este jueves en el Pleno del Congreso.
   Es el segundo pacto que suscriben Justicia y UPyD desde aquel debate entre Ruiz Gallardón y Rosa Díez. Ya acordaron que los partidos políticos y los sindicatos tuvieran responsabilidad penal, una idea que el PP asumió en la Comisión de Justicia del Congreso aceptando una enmienda presentada por UPyD a la la reforma del Código Penal en materia de fraude fiscal y a la Seguridad Social.

Fomento aumenta las ayudas a las autopistas en riesgo de quiebra

MADRID.- El Ministerio de Fomento aumentará las líneas de ayudas que tiene articuladas para las autopistas de peaje que actualmente afrontan un riesgo de quiebra, gracias una enmienda que el grupo del PP en el Senado ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, según anunció la titular del Departamento, Ana Pastor.

   Se trata de la denominada cuenta de compensación por la que el Gobierno intenta paliar la reducción de ingresos que estas vías registran por la caída de tráficos derivada de la crisis y, en algunos casos, también de la existencia de vías alternativas gratuitas.
   En virtud de dicha enmienda, a partir de 2013, Fomento eleva el importe máximo que estas autopistas pueden recibir para compensar la caída de ingresos.
   Según lo establecido, las cuentas de compensación permiten que cada una de las vías en riesgo de quiebra comunique a Fomento, cada año y hasta 2018, la diferencia que contabilizan entre sus ingresos reales y el 80% de los inicialmente estimados para el ejercicio en cuestión.
   Hasta ahora, la cantidad a recibir por la vía no podía superar el 49% del importe que resulta de sumar los ingresos reales de peajes y la cantidad a anotar en su cuenta de compensación. Ahora, la reforma que introduce la enmienda eleva este porcentaje límite hasta el 80%.
   Para cubrir la diferencia entre ambos porcentajes, las vías podrán solicitar fondos de la línea de préstamos participativos, la otra medida que Fomento tiene en marcha para ayudar a este sector.
   Esta otra línea de ayudas se destina fundamentalmente a amortiguar el otro gran problema de las autopistas, los sobrecostes que sus concesionarias afrontaron en la expropiación de los terrenos sobre los que las construyeron las vías. Fomento cuenta con una dotación de 200 millones de euros para otorgar estos préstamos en los Presupuestos del próximo ejercicio.
   Durante su intervención en el Foro 'Cinco Días', la ministra de Fomento manifestó su confianza en que esta nueva ampliación de las ayudas sirva para paliar la situación que atraviesan las autopistas, "hasta que los tráficos se recuperen y se vuelva a la normalidad".
   De la decena de autopistas de peaje que actulamente sufren desequilibrios económicos y financieros, cinco de ellas se han declarado ya en concurso de acreedores.
   El conjunto de vías con problemas han supuesto una inversión de 5.601 millones de euros a las sociedades concesionarias que se adjudicaron su construcción y posterior gestión, en su mayoría participadas por constructoras y entidades financieras, y actualmente soportan una deuda de más de 3.000 millones de euros.

El SUP promueve una plataforma policial anticorrupción

MADRID.- El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario en la Policía Nacional, promueve la creación de una plataforma policial para denunciar la corrupción y velar por el cumplimiento de la ley. 

En declaraciones a Gaceta.es, el portavoz del sindicato, José María Benito, ha explicado que la plataforma nace con la intención de que los casos de corrupción no queden impunes. "Todo se tapa cuando el imputado en un caso de corrupción es un político o un poderoso", asegura. El portavoz del SUP recuerda que dos comisarios fueron cesados tras investigar las presuntas irregularidades relacionadas con un ático en Marbella del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Otro de los recientes casos de corrupción que ha motivado la creación de una plataforma es el caso Palau en Barcelona. La intención del sindicato policial es denunciar estos casos así como las frecuentes prescripciones de delito y los casos sobreseídos.
 Según el SUP, se actuará "contra políticos, mandos policiales, jueces, fiscales y cualquier otra persona que no sea escrupulosa en la aplicación de la legalidad y persecución de los delitos que se puedan imputar". 
Asimismo, el presidente del sindicato, José Manuel Sánchez Fornet, ha explicado que la creación de la plataforma "se hace desde el convencimiento de que la corrupción es una grave lacra". Por todo ello, el SUP cree que hay una sensación generalizada en la policía de ser un juguete en manos de los políticos. 
Esta mañana el sindicato ha difundido una nota en la que explica que "están jugando con la Policía como si fueran empleados de su cortijo".

lunes, 26 de noviembre de 2012

Elche aprueba sus presupuestos municipales para 2013 por un total de 230 millones


ELCHE.- El pleno del Ayuntamiento ha aprobado este lunes los presupuestos municipales para el 2013, que ascienden a cerca de 230 millones de euros, incluidas las cuentas de las empresas públicas y organismos autónomos.

   La propuesta presupuestaria, que ha contado con el voto mayoritario del equipo de Gobierno del PP y el rechazo de los grupos de la oposición PSPV y Partido de Elche, prevé destinar a la empresa pública Pimesa 16 millones de euros, al Instituto Municipal de Turismo 2,1 millones de euros, a Espais Verds 726.000 euros y a Aigües d'Elx 26,8 millones de euros.
   Propiamente para la gestión del Ayuntamiento de Elche, este documento prevé un total cercano a los 191 millones de euros, lo que supone 800.000 euros más que en el ejercicio anterior.
   En el capítulo de ingresos, el equipo de Gobierno ha previsto recaudar en concepto de impuestos directos hasta 81,2 millones de euros, mientras que contempla una reducción del 8,32 por ciento en la recaudación de impuestos indirectos --5,2 millones de euros--.
   Así, para 2013 las áreas de Limpieza, Seguridad Ciudadana y Acción Social serán las que más crezcan, mientras que Seguridad Ciudadana tendrá 400.000 euros más que este año, y Acción Social experimentará una subida de 214.000 euros respecto al presente año.
   El departamento de Limpieza dispondrá de 7,5 millones más como consecuencia del plan de pago aplazado acordado este año con la empresa Urbaser, concesionaria del servicio de limpieza y recogida de la basura en el municipio.
   Por su parte, las áreas de Cultura, Fiestas, Deporte y Juventud, perderán dotación presupuestaria respecto a 2012, ya que en su conjunto tendrán 600.000 euros menos consignados que en el presente año, así como el departamento de Urbanismo y Vía Pública, que registra un descenso presupuestario de 300.000 euros.
   De igual modo, Medio Ambiente, Tráfico y Transportes, tendrá consignados 270.000 euros menos y Empresa, Empleo y Turismo obtendrá 900.000 euros menos que este año.
   El concejal de Hacienda, Manuel Latour, ha calificado estos presupuestos municipales como "reales, austeros, sociales y solidarios", y su objetivo principal será, según ha recordado, "favorecer la creación de empleo en la ciudad".
   No obstante, los grupos de la oposición han mostrado su discrepancia con este extremo porque entienden que "no promueven la creación de empleo", dado que "carecen de dotaciones para paliar el desempleo", y destinan "incluso menos dinero que en el presente año" a este cometido.
   Para el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Rodes, llegó estos son "los presupuestos de la decepción y el desengaño", y en su opinión, "son estériles y no sirven para aliviar el dolor de las ilicitanos".

El Ayuntamiento de Alicante devolverá a Ortíz el aval de 4,2 millones por obras de reparación del estadio José Rico Pérez

ALICANTE.- La junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este lunes la devolución en concepto de aval de más de 4,2 millones de euros a la empresa Aligestión Integral, del empresario Enrique Ortiz, por las obras de reparación y acondicionamiento acometidas en el estadio José Rico Pérez, en el que juega equipo del Hércules Club de Fútbol.

   Así lo han explicado en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno de la ciudad, Marta García Romeu, y el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, quien ha explicado que en virtud de un acuerdo adoptado en abril de 2007 sobre la adjudicación del contrato relativo a la enajenación del recinto deportivo, era "obligación del adjudicatario" --Aligestión Integral-- destinar esta finca a la práctica del fútbol de competición y efectuar actuaciones de reparación y acondicionamiento sobre la misma por la cantidad de 7,8 millones de euros, de conformidad con la oferta presentada.
   Por su parte, la mercantil se comprometió a invertir en estas obras un importe "mínimo" superior a los 4,2 millones. En este sentido, la empresa depositó en la Tesorería Municipal la garantía definitiva por un importe "idéntico" a esa cantidad de inversión comprometida en los trabajos, formalizándose la compraventa mediante escritura pública el 11 de mayo de 2007.
   Posteriormente, la mercantil solicitó el 3 de marzo de 2011 la devolución del aval, para lo que adjuntó el proyecto de fin de obra de la rehabilitación y remodelación del estadio, al tiempo que acompañó tres certificaciones por valor de 4,3 millones de euros, constando en el expediente la autorización del administrador concursal de la empresa.
   Por parte del consistorio, los técnicos municipales visitaron el recinto deportivo "en diversas ocasiones" y comprobaron la "correcta ejecución" de la actuación integradas en el referido proyecto, por lo que la junta de Gobierno local ha validado el acta de conformidad a las obras ejecutadas en el José Rico Pérez, suscrita a 25 de octubre, del mismo modo que ha aprobado la devolución de la garantía definitiva.
   En respuesta a preguntas de los periodistas ante la diferencia temporal entre la petición de la mercantil para que se le devolviera esta cantidad --en marzo de 2011-- y la firma del acta de conformidad, --en octubre de 2012--, Sanus ha argumentado que se debe a la "dificultad" que ha implicado revisar las obras, y a diferentes "bailes de cifras" relacionadas con algunas "operaciones matemáticas", si bien ha considerado que se trata de "un tiempo normal en este caso".
   Igualmente, ha detallado que el presupuesto final de la actuación especifica partidas por valor de 909.000 euros en reparaciones estructurales, 883.000 en impermeabilización, 702.000 para césped, y otros 648.000 en varios conceptos. Además se ha invertido 606.000 euros en revestimientos y pintura, 342.000 en urbanización, 278.000 para seguridad y salud y eliminación de residuos, y 273.000 en instalaciones eléctricas.
   Por último, el presupuesto para pavimentación ha sido de 208.000 euros, de 198.000 para labores de carpintería, 138.000 para demoliciones y movimiento de tierra, y 107.000 para la red de drenaje, mientras que otros 91.000, 89.000 y 4.600 han costado las instalaciones sanitarias, las actuaciones en las gradas y la red de agua potable, respectivamente.
   Ante la cuestión de si el trabajo realizado sobre el césped del estadio no responde más a cuestiones deportivas que de urbanismo, Sanus ha matizado que esta instalación está asociada a la red de drenaje, la cual afecta a diferentes elementos estructurales, como la cimentación.
   En cuanto a las críticas de la oposición por este acuerdo, y al ser requerida por los periodistas a hacer valoración política, García Romeu ha resaltado que "cada vez que aparecen determinados nombres en la ciudad de Alicante referente a cualquier aspecto municipal se aprovecha para tratar de meter en el mismo saco y mezclar muchas cosas, y generar ese juego de la confusión al que durante los últimos tiempos nos tiene muy acostumbrados la oposición".
   "En cualquier caso, frente a eso, la transparencia y el convencimiento de que los expedientes siempre se cierran bien y siempre concluyen, a veces más tarde, a veces más pronto, según quien sea, porque para algunas cosas somos muy rápidos y para otras se nos achaca que es muy lento, pero con todas las garantías técnicas necesarias, que es lo que hay que trasladar a la opinión pública", ha agregado.
   La portavoz municipal también ha manifestado que ni ella ni la alcaldesa, Sonia Castedo, habían sido informadas sobre la tramitación del expediente, puesto que es un "tema mecánico" de la Gerencia de Urbanismo.
   "Es la tramitación técnica habitual dentro de cualquier expediente hasta que se concluye y el técnico da cuenta", ha añadido.
   Por otra parte, y como asunto de urgencia dentro del orden del día de la junta de Gobierno, se ha aprobado el acta de comprobación parcial de las obras comprendidas en la concesión de obra pública para la adecuación y reforma del aparcamiento subterráneo situado en la plaza de la Montañeta, con autorización para la apertura de las instalaciones al uso público.
   También se ha acordado la aprobación del proyecto de expediente instruido para la derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público por empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil, que fue aprobado por el pleno municipal el 23 de diciembre de 2009.
   Finalmente, García Romeu ha anunciado que esta semana se iniciará el proceso de participación pública en relación a la urbanización de la zona que rodeará el área por l que llegará del tren de alta velocidad AVE a la capital alicantina, conocido como Plan OI/2, durante el cual se realizará una encuesta a través de Internet, se desarrollarán diferentes actos de divulgación y se tomará opinión a las administraciones competentes.
   Además, ha especificado que este proceso se extenderá durante dos meses, por lo que está previsto que para febrero exista el documento definitivo para proceder con la tramitación urbanística. Por último, si bien no ha especificado detalles, ha confirmado que el actual Puente Rojo será desmantelado como se había previsto y ha hecho un llamamiento a la participación de los ciudadanos en esta iniciativa.

El juez vuelve a citar a la gerente del PPCV por la supuesta financiación irregular del partido

VALENCIA.- El magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el conocido como 'caso Gürtel', ha vuelto a citar a declarar, en calidad de imputada, a la gerente del PPCV, Cristina Ibáñez, por la supuesta financiación irregular del partido. Tendrá que acudir de nuevo al tribunal valenciano el próximo 12 de diciembre, a las 10.00 horas.

   Así consta en el calendario de declaraciones previsto para este mes de noviembre y diciembre, en el que también se cita, entre otros, a tres empresarios: el presidente del grupo PIAF, Antonio Pons; el empresario Tomás Martínez Berna; y el delegado en Valencia de Enrique Ortiz e Hijos, José Bevía. Este último ya prestó declaración en el tribunal pero en calidad de testigo. Esta vez --mañana, día 27-- lo hará como imputado.
   En total, hay previstas para los días 27 y 28 de noviembre, y 11 y 12 de diciembre, 15 citaciones, cuatro de ellas en calidad de imputados --Ibáñez, Pons, Bevía y Martínez Berna--. El resto son testigos propuestos, en su mayoría, por el ministerio fiscal.
   En concreto, para este martes, día 27, está citado José Bevía, a las 12.00 horas; y previamente acudirán al tribunal valenciano otros dos testigos. Bevía ya prestó declaración en el TSJCV el pasado 24 de septiembre en calidad de testigo, por los contratos de promoción firmados entre la empresa Enrique Ortiz y Orange Market. Al respecto, el responsable de la mercantil declaró ante el juez que un trabajador suyo --José Bevía-- era el encargado de negociar estos asuntos.
   Para el miércoles, día 28, está previsto que declaren tres testigos más y, en calidad de imputado, el empresario Tomás Martínez Berna, quien tendrá que acudir a las 11.30 horas. Este empresario ya fue citado anteriormente, pero su declaración tuvo que suspenderse y tendrá que ser interrogado mañana.
   Asimismo, el día 11 de diciembre declararán otros seis testigos; y el día 12 dos imputados: Cristina Ibáñez y Antonio Pons. Este último también había sido citado el mismo día que Tomás Martínez Berna, pero su interrogatorio también tuvo que suspenderse y se ha fijado para el día 12.
   Respecto a Cristina Ibáñez, imputada por un presunto delito electoral en las elecciones autonómicas 2007, declaró ante el magistrado, en su primera citación, que autorizó varios pagos durante la campaña del partido, y resaltó que todos ellos estuvieron ajustados a la ley.
   Con todas estas declaraciones, el juez trata de aclarar si determinadas empresas pagaban actos electorales del PP en la Comunitat. Las firmas supuestamente ingresaban el dinero a Orange Market, que era la que organizaba los actos electorales al PPCV, y la firma del empresario imputado Francisco Correa, emitía facturas falsas por servicios no prestados.

Un excontrolador de la CAM: no podíamos "averiguar" si los datos eran "verídicos"

VALENCIA.-   El exintegrante de la comisión de control de CAM José Ruzafa ha asegurado este lunes que los miembros de este órgano preguntaban sobre aquellas cuestiones que se traban en las reuniones y que les llamaban la atención, pero ha indicado que ni él ni ningún otro vocal "podíamos averiguar si los datos que nos daban eran o no verídicos".

   Ruzafa, que tiene 79 años, fue vocal de la comisión de control de la CAM entre 2004 y 2009, donde entró a propuesta del alcalde de Crevillente, César Augusto Asencio, tras un requerimiento de la caja indicando que precisaba un consejero de este municipio, según ha explicado él mismo durante su intervención en la comisión de investigación de la CAM en las Cortes Valencianas.
   Preguntado por su profesión, ha explicado que tiene estudios básicos que pudo adquirir yendo a una escuela por las noches después de trabajar, ya que tuvo que empezar en el mundo laboral a los seis años. "En mi vida prácticamente no he tenido tiempo de tener un estudios como me hubiera gustado", ha destacado.
   Cuando entró en la comisión de control, le comentaron que los cargos en los órganos de gobierno no eran remunerados, aunque posteriormente ha señalado que cobraban dietas por cada reunión de la comisión de control, que se realizaban después del consejo de administración.
   José Ruzafa ha explicado que de aquellos asuntos que se trataban y que les llamaban la atención "tomaban nota y preguntábamos", pero ha indicado que ni él ni ningún otro vocal "podíamos averiguar si los datos que nos daban eran o no verídicos".
   El exintegrante de la comisión de control se ha mostrado "sorprendido" de la "movida" ocurrida en la CAM, ya que las auditorías "estaban perfectamente, todo estaba correcto". Además, ha indicado que, según el Banco de España, hasta 2009 --cuando él salió de la entidad-- y "a pesar de la crisis que ya existía" la caja "tenía muchos beneficios, millones de beneficios".
   Ruzafa ha explicado que, durante su estancia en la comisión de control, se crearon las cuota participativas y que personalmente planteó "algunas pegas, bastantes"
"No me parecieron suficientemente correctas" y, de hecho, el nunca adquirió por entender que se daba "mucho por muy poco".  
"Pero la mayoría aceptó y las pusieron en funcionamiento", ha añadido.
   Preguntado por las retribuciones de los dirigentes, ha indicado que nunca he hecho ninguna propuesta al respecto ni ha "escuchado" ninguna. Respecto a las cantidades a percibir por el entonces presidente de la caja, Modesto  Crespo, ha asegurado que no se vieron en la comisión de control.
   Inquirido por el diputado 'popular' Vicente Betoret sobre el papel del Banco de España, ha señalado que fue "muy riguroso" en una entidad "que cada año estaba dando beneficios" que tenía "todo perfecto". Durante su estancia en la entidad alicantina, Ruzafa ha dicho que la actuación del Banco de España "no me pareció rigurosa, sino rigurosísima".
   El excontrolador de la CAM ha criticado que el Banco Sabadell "parece que ahora no quiere asumir las cuotas participativas o preferentes porque las ha hecho la CAM", pero ha destacado que si va a quedarse con el "patrimonio multimillonario" de la caja "también debe asumir las deuda o los compromisos que tenía". Al respecto, ha asegurado que muchos de sus familiares y amigos "tienen gran cantidad de cuotas participativas y no hay manera que se las devuelvan".
Víctimas de la propaganda
El exmiembro del consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM) Manuel Muelas ha asegurado este lunes que, ante los rumores de la ruptura del Sistema Institucional de Protección (SIP) con Cajastur y otras entidades, desde la dirección les decían que "no había motivos de agachar la cabeza", sino que podían "sacar pecho".    En este sentido, ha destacado que señalaban que todo "era muy bonito" y, por lo tanto, tenían "confianza". Muelas, que ha comparecido en la comisión de investigación de la CAM en las Cortes Valencianas, ha explicado que de la inspección del Banco de España no conocían "muchos detalles", pero que estando en la caja se sentía "tranquilo de que las cosas se hacían bien".
   El exconsejero, preguntado por el diputado de EUPV Lluís Torró, ha negado que en el consejo de administración se leyera el requerimiento del Banco de España del 21 de diciembre de 2010, en el que advertía de problemas en la caja. Ha explicado que el consejo de administración de diciembre de 2010 fue "muy tenso" y en él se trataron diversos asuntos.
   No obstante, ha indicado que no se leyó ningún requerimiento del Banco de España y que si así hubiera sido, "hubiera salido en la prensa al día siguiente". Al respecto, ha criticado la "falta de privacidad" en temas que "hacían mucho daño a la caja".
   Muelas, licenciado en ciencias matemáticas y técnico en gestión empresarial, ha explicado que estuvo en la CAM desde febrero de 2010 hasta julio de 2011, donde entró como representante de los impositores.
   Natural de Cuenca, ha asegurado que le extrañó que eligieran a alguien de fuera de la Comunidad Valenciana y de Murcia para formar parte de la asamblea de la caja, pero ha señalado que le dijeron que les había gustado su currículum y que buscaban a gente de otras autonomías.
   Preguntado por el diputado socialista Ángel Luna sobre cómo llegó a ser consejero, ha explicado que fue gracias "al empeño de la territorial centro sur que querían tener a un impositor que representara a la zona". Personalmente, le pareció "una oportunidad de conocer cómo funciona una caja por dentro", así como de viajar a Alicante, de donde eran sus abuelos.
   Manuel Muelas ha señalado que de CAM y de Gestimed cobró, en concepto de dietas, 15.000 euros netos en 2010 y 8.800 en 2011, más desplazamientos. Ha asegurado que cuando entró en la caja "no sabía ni que existía Gestimed" y, respecto a las retribuciones de esta empresa, ha indicado que creía que eran "absolutamente legales".
 "No cabe en ninguna cabeza que en una caja de ahorros se hicieran cosas ilegales", ha subrayado.
   Muelas ha indicado que las sesiones de las comisiones ejecutivas "se hacían en cinco minutos, no eran nada" y ha explicado que en la que él participaba "se hablaba de la obra social de fuera de la Comunidad Valenciana y de Murcia".
 "Eran puros trámites", ha apostillado.
   Respecto a su relación con la CAM, ha señalado que era "simplemente impositor, no tenía ni he tenido ningún crédito en esta entidad". No obstante, ha dicho que sí cuenta con cuotas participativas. Su mujer tenía entre 3.000 y 4.000 euros en cuotas y él, cuando ya estaba en el consejo de administración, compró unos 6.000 euros. "No valen para nada, pero aún tengo las cuotas", ha manifestado.
   El exconsejero ha afirmado había "tensiones" en el consejo de administración de la entidad alicantina, sobre todo por un carácter "más territorial que político", pero que él las vivía "de forma neutral".
   Inquirido por el diputado del PP Vicente Betoret sobre si la deuda de la Generalitat con la CAM ha sido una de las causas del hundimiento de la entidad, Muelas lo ha negado, y ha considerado que la caída de la caja se debió "a exponerse tanto al sector inmobiliario".
Profesora de gimnasia
La exmiembro de la comisión de control de la CAM Olaya Pérez ha señalado que cuando entró en este órgano le explicaron que su función era "el seguimiento y control del consejo de administración". Al respecto, ha dicho que no es economista, pero ha indicado que no era "condición sine qua non para formar parte de los órganos de gobierno de la CAM". "Cualquier persona impositora tiene el mismo derecho, sepa más, sepa menos, tenga un nivel alto o bajo", ha apostillado.    Olaya Pérez, en su primera intervención en la comisión de investigación de la CAM en las Cortes, ha explicado que el Banco de España incoó expediente disciplinario en el que inicialmente apareció relacionada y se formuló pliego de cargos a determinadas personas, pero se le excluyó por haber cesado en su cargo en la caja antes de los ejercicios investigados.
   Profesora de Educación Infantil y Primaria, fue vocal de la CAM de enero de 2002 hasta febrero de 2007, y ha asegurado que no le consta que "en ninguna reunión se adoptara colegiadamente ninguna decisión irregular, con beneficio para nadie". Olaya Pérez ha pedido a las Corts que le paguen la dieta correspondiente al día de hoy y el desplazamiento.
   Asimismo, ha solicitado que se tuviera por cumplida su obligación de informar lo que es objeto de esta investigación. El presidente de la comisión, Rafael Maluenda, le ha informado de que podía incurrir en un delito de desobediencia.
   Pérez, a pesar de su aparente reticencia inicial, ha respondido a preguntas de los grupos parlamentarios en sus posteriores intervenciones. Ha explicado que entró en la CAM por sorteo de impositores y que estuvo en la comisión de control cinco años.
   Según ha asegurado, las reuniones de la comisión de control se hacían a posteriori de los consejos de administración y desde la caja enviaban a casa un dossier sobre los asuntos a tratar. Asimismo, ha indicado que la secretaria de actas ponía "todo a nuestra disposición; en ningún momento se nos negó información".
   Preguntada por la diputada de Compromís Mireia Mollà y por el parlamentario del PP Vicente Betoret por si asistió a reuniones de la caja en el extranjero, Pérez ha indicado que las comisiones de control se hacían tanto en Alicante, como en otros sitios de la Comunidad Valencia, así como "en territorios en expansión".  
"Se hicieron muchas citaciones en muchos sitios, y yo asistí a todas las que pude", ha manifestado.
   Pérez, que no ha querido precisar en qué lugares se hicieron estas reuniones, ha subrayado que las que se hacían en Alicante y las que se hacían "fuera" tenían "la misma seriedad" y "la misma importancia"
   En cuanto a las retribuciones, ha aseverado que todo lo que cobró fue en concepto de dietas. Los grupos de la oposición le han preguntado cómo llegó a ser consejera general de la CAM por parte de la Generalitat valenciana elegida por las Cortes. Pérez ha destacado: "nunca jamás el PP se ha puesto en contacto conmigo para nada, absolutamente para nada".

Endesa e Iberdrola ponen a la venta sus participaciones en el gasoducto Medgaz

MADRID.- Endesa e Iberdrola han puesto a la venta sus participaciones del 12% y del 20%, respectivamente, en el segundo gasoducto entre Argelia y España, Medgaz, con capacidad para transportar cerca de una cuarta parte de todo el gas demandado por el mercado español, indicaron hoy fuentes del sector energético.

   El proceso, en el que Endesa ha dado al Santander el mandato de venta, se encuentra aún en una fase inicial y coincide con el interés de Gas Natural Fenosa por comprarle al grupo argelino Sonatrach un 10% del gasoducto.
   El valor de las participaciones de Endesa e Iberdrola en Medgaz ronda los 90 y 150 millones de euros, respectivamente, y la operación les permitirá mejorar su posición financiera, en un momento marcado por la reducción de inversiones y el interés de las compañías por mantener los 'rating'.
   Medgaz está participada por Sonatrach en un 36%, así como por Cepsa en un 20%, Iberdrola en un 20%, Endesa en un 12% y GDF Suez en un 12%. Las participaciones tienen asociado un contrato proporcional de suministro de gas.
   De esta forma, si la capacidad de Medgaz es de 8 bcm (8.000 millones de metros cúbicos), Sonatrach tiene garantizado el suministro de 2.880 millones de metros cúbicos de gas, frente a los 1.600 millones de Cepsa e Iberdrola, y los 960 millones de GDF Suez y Endesa.
   En el sector energético existen diferencias acerca del perfil de los posibles compradores. Mientras unas fuentes dan credibilidad al interés de fondos de infraestructuras por Medgaz, otras indican que el perfil de comprador corresponde a priori a un socio industrial interesado directamente en el suministro de gas a España.
   Fuentes oficiales de Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa se negaron a hacer comentarios acerca de las informaciones sobre la decisión de las dos primeras de poner en venta sus participaciones en Medgaz.
   Dentro de su plan de desinversión, Iberdrola se ha propuesto deshacerse de activos no estratégicos por valor de 2.000 millones de euros antes de fin de año, de los que ya tiene comprometidos 1.300 millones, de modo que aún debe desprenderse de bienes por 700 millones.
   Por su parte, Gas Natural Fenosa anunció recientemente que mantiene su interés por la adquisición a Sonatrach de una participación del 10% en Sonatrach. La compañía presidida por Salvador Gabarró presentará a comienzos del próximo año un nuevo plan estratégico.
   'El Confidencial', que adelanta la decisión de Endesa e Iberdrola de vender sus participaciones en Medgaz, indica que las dos eléctricas compiten en el proceso por los mismos potenciales inversores. La primera, a través del Santander, mantiene contactos con fondos de infraestructuras, mientras que la segunda cuenta con la intermediación de BNP Paribas.

Paradores presenta un plan de reestructuración, que afectará al 14% de la plantilla

MADRID.- La dirección de Paradores ha presentado este lunes a los sindicatos un plan de reestructuración, que supone la extinción de 644 puestos de trabajo, aproximadamente el 14% de la plantilla, medida que afecta tanto a los establecimientos como a los servicios centrales de la cadena hotelera.

En un comunicado, la compañía que preside Ángeles Alarcó ha explicado que el objetivo de esta reestructuración es "garantizar la continuidad de Paradores de Turismo, adecuándose a la realidad del sector y a la de la actual demanda" y asegurar "la supervivencia de la compañía".
El plan contempla el control de costes operativos para situar a la cadena en una posición competitiva y reducir así las pérdidas que acumula desde 2007.
"La situación financiera de la compañía es insostenible", subrayó la compañía, que advierte de que "de no tomar medidas en el año 2013 las pérdidas alcanzarán los 139 millones de euros".
Para 2012, la cadena prevé cerrar el ejercicio 2012 con unas pérdidas de 30 millones de euros. "A la caída de la demanda, que ha pasado de un índice de ocupación del 70% en 2007 al 52% en 2012 se unen las pérdidas acumuladas de 77 millones hasta 2011", apuntó.
Hasta octubre de este año, Paradores, que acumula un déficit de 110 millones de euros, logró ahorrar en torno a 20 millones de euros, con la aplicación de su plan de ajuste que contemplaba, entre otras medidas, la reducción de costes operativos, de consumos y de gastos comerciales, así como la optimización de los procesos internos.
"Estas medidas, aunque efectivas y acertadas, han resultado insuficientes para alcanzar los niveles de reducción de costes necesarios", apuntó la cadena.
Paradores subrayó que por ello se hace "inevitable" acometer una reestructuración de centros y de plantilla, ya que actualmente está "muy sobredimensionada y muy alejada de los estándares del sector".
La dirección de Paradores indicó que la compañía va a realizar "todo el esfuerzo posible" para aplicar "un plan social que minimice los efectos de la medida".
La compañía ha trasladado a los representantes de los trabajadores la apertura inmediata de un periodo de consultas con el objetivo de explicar en detalle las razones que le obligar a tomar "tan difícil situación" y de tratar de "alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes".
UGT y CC.OO. convocaron a los 4.600 trabajadores de la cadena pública a una huelga en el conjunto de la red, 94 establecimientos, para todos los puentes del año a partir del pasado 12 de octubre, paros que afectaban a los días 2 y 3 de noviembre, que fueron desconvocados, y a los próximos 7 y 8 de diciembre y 31 y 1 de enero.

domingo, 25 de noviembre de 2012

Intensa niebla sobre Alicante y su bahía esta madrugada

ALICANTE.- Una intensa niebla muy cerrada se abatió esta madrugada sobre el municipio de Alicante y su bahía, que era incluso muy persistente a primera hora de la mañana, con el consiguiente riesgo para la circulación rodada en un día de comienzo de semana.

Pese a esta situación, en ningún momento se llegó a cerrar al tráfico aéreo en el aeropuerto de El Altet que, según los datos transmitidos a las cuatro de la madrugada, la visibilidad era de 150 metros con una presión de 1016 milibares y un viento variable de 4 kilómetros por hora. La humedad era del 100%

Las comunidades de vecinos soportan impagos por 1.600 millones de euros

MADRID.- Las comunidades de vecinos soportan en España una morosidad de unos 1.600 millones de euros por impagos de los propietarios, importe un 60% superior al de 2010, según datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, que atribuye este incremento al efecto de la crisis en las economías de las familias.

   "El aumento de los impagos se ha notado más a partir de los últimos tres últimos años, por el efecto de la crisis en los propietarios", indicaron fuentes de esta institución.
   No obstante, los administradores de fincas atribuyen a las entidades financieras que se han quedado con pisos en procesos de desahucios parte de la morosidad que acumulan las comunidades de vecinos. Según indican, cuando un banco se adjudica una vivienda "pasa después meses sin abonar los recibos correspondientes a la vivienda".
   Otro foco de impago en las comunidades de vecinos, también derivado de la actual coyuntura económica, son las quiebras de inmobiliarias que son propietarias de pisos vacíos de una comunidad de vecinos porque no han logrado venderlos.
   Los administradores de fincas no ha cuantificado aún el porcentaje que la morosidad derivada de inmobiliarias y bancos representa en la mora total que actualmente soportan las comunidades de propietarios.
   A todo ello se suman las nuevas tasas judiciales que, según este colectivo profesional, van a complicar los procesos de reclamaciones de deudas por parte de las comunidades de propietarios. "La ley de tasas constituye un escollo más en el proceso de recaudación de cuotas comunitarias", asegura al respecto el miembro de la junta de Gobierno de Consejo de Colegios de Administradores de fincas Ángel Hernández Román.
   Por todo ello, esta institución colegiada promueve una nueva reforma de la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de paliar las "dificultades" que las juntas de propietarios afrontan por la crisis y, al mismo tiempo, "salvaguardar los derechos de los consumidores".
   El principal objetivo de esta modificación es ampliar desde dos años hasta cinco años el periodo máximo de tiempo al que se limita la prioridad de cobro que la comunidad tiene ante un vecino moroso respecto al resto de sus acreedores.
   Con esta iniciativa, se busca evitar pleitos y recursos entre comunidades de propietarios y sus propietarios, y los correspondientes gastos que ellos conllevan.
   "Si una comunidad de vecinos quiere seguir manteniendo la prioridad de cobro ante un vecino moroso tiene que estar presentando demandas cada dos años, y ello genera unos gastos", según apuntó dicho miembro del Consejo de administradores de fincas.
   En paralelo, con esta medida los administradores de fincas buscan evitar esos gastos y otorgar un margen de tiempo "para que se recuperen a familias que lo están pasando mal".
 "Duele demandar a familias que lo pasan mal, pero con el actual límite de dos años hay que hacerlo para garantizar que, en su día, la comunidad de propietarios pueda cobrar", detalló.

Un experto del PSOE en la negociación sobre desahucios cree que unas 50.000 familias españolas han perdido su casa en cinco años

MADRID.- El experto del PSOE en la negociación con el Gobierno sobre los desahucios, Julio Rodríguez, quien también fue presidente de la Caja de Granada, considera que los lanzamientos de primera vivienda en los últimos cinco años rondan los 50.000. Explica que en las conversaciones con el Ejecutivo hubo algunos acercamientos pero cree que otros temas, como la reforma de la Ley Hipotecaria planteada por el PSOE, serán " difíciles de conseguir".

   En su opinión, el real decreto ley aprobado por el Gobierno la semana pasada "mejora algo las condiciones de los deudores hipotecarios morosos" y se trata de "un paso en la buena línea". Pero considera que este "avance" resulta "insuficiente" ya que el "espectro de hogares que se pueden ver favorecidos es reducido".
   Además, constata que otro de los problemas que se pusieron de manifiesto es que se dispone de una información estadística "escasa y deficiente", tanto "sobre la realidad de las ejecuciones hipotecarias, como sobre el número de hogares que podrían verse favorecidos por el umbral establecido en el Real Decreto Ley que ha salido".
   De hecho, considera que es una "estimación arriesgada" la cifra que ha dado el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha dicho que unas 600.000 personas podrían verse beneficiadas en el futuro por el Decreto Ley aprobado por el Gobierno.
   Cree que se trata de una "estimación" de la que se conoce la metodología seguida. Argumenta que no queda claro si se han utilizado datos de la encuesta de población activa que hace el INE cruzados con la Encuesta Financiera de las Familias que publica el Banco de España. Esta puede ser una "guía para aproximarse", aunque nunca, puntualizó, para hacer una "estimación precisa", junto a la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. "No se puede decir si es buena o mala la estimación de 600.000", apunta, pero, añade: "en todo caso parece una estimación arriesgada".
   Según explicó, durante los últimos cinco años (2008-2012) se han producido unos 430.000 procedimientos de ejecución hipotecaria, de los que entre un 20 y un 25 por ciento han podido afectar a la primera vivienda según "las cifras que se están manejando". Por lo tanto, según precisó, se estaría hablando de una cifra "próxima a 100.000 ejecuciones hipotecarias" que afectan a la primera vivienda, "que bajaría a 50.000 en el caso de los lanzamientos hipotecarios" durante ese periodo.
   Julio Rodríguez explicó que la negociación que se llevó a cabo entre el Gobierno y el PSOE fue "muy rápida" porque el fin era "sacar medidas urgentes". Ese no era el marco para una reforma "en profundidad" de la Ley de Enjuiciamiento Civil o de la Ley Hipotecaria, ya que son asuntos que requieren más tiempo que "un plazo de cuatro días".
   Pero se mostró esperanzado en que el Gobierno aborde una reforma en profundidad a la vista del texto incluido en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 27/2012 para frenar los desahucios, en el que se dice que se "procurará reformar con profundidad el procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil". Esto, recalca, le hace albergar "moderadas expectativas de que algo va a mejorar" en este "complicado tema de la ejecución hipotecaria a la vista del crecimiento del problema".
   El procedimiento que conduce al desahucio del deudor hipotecario, advirtió, "resulta injusto". En su opinión, "parece más normal que el banco acreedor vaya primero a por la garantía del deudor y que, sólo en el caso de que no haya podido cubrir la deuda con la garantía del deudor, acuda a la garantía del fiador", precisó. Además, explica que también en este caso podrían plantearse "situaciones muy duras" sobre todo, señala, si la deuda es muy elevada y la vivienda del deudor tiene poco valor.
   Por ello, insiste en que "hay que corregir esta situación" ya que "lo normal es que se vaya a por el deudor y no que se vaya a por aquello que el banco encuentre más mollar para recuperar su dinero".
   También explica que el PSOE plantea en el Proyecto de Ley presentado en el Congreso el 31 de octubre pasado que los intereses de demora no superen el 2%. Asegura que "no se ha llegado a contrastar" si el Ejecutivo está dispuesto a aceptar que se alcance ese porcentaje, y recuerda que en el Código de Buenas Prácticas aprobado en marzo pasado por el Ejecutivo de Rajoy, "ya está recogido el 2,5 por ciento" para dichos intereses de demora.
   Este experto defiende las propuestas que incluyó el PSOE en el Proyecto de Ley antes citado para abordar el problema de los desahucios, por entender que afronta el problema "con mucha más profundidad".
   Recuerda que en ese texto se plantea modificar el procedimiento de ejecución para que "tras el mismo, el deudor no quede en una situación de pérdida de vivienda y de alto endeudamiento con la entidad financiera". Estas modificaciones, dijo, deberían afectar al "tiempo, plazo de la subasta, la tasación, la proporción de la tasación, que sería el valor que tuviera la casa en el momento de la subasta, o los tipos de interés de demora".
   En su opinión, el procedimiento actual es "injusto" y la prueba, dijo, es que el deudor se queda, tras la ejecución, "muy endeudado, a pesar de haber perdido la vivienda".
   También señala que en el Proyecto de Ley que propone el PSOE pretende reforzar los umbrales del Código de Buenas Prácticas. Un Código, dijo, que los bancos han rechazado aplicar en torno al 75 por ciento de las ocasiones en que se ha solicitado. Además, apuntó que otra de las propuestas es establecer una Ley de Segunda Oportunidad --como se la llama en Francia-- para articular un procedimiento concursal de suspensión de pagos para las familias al estilo de lo que existe en Europa occidental, salvo en Reino Unido y EEUU, donde las daciones en pago son más frecuentes.
   En cuanto a la propuesta del Gobierno de conceder la residencia a los extranjeros que compren viviendas de más de 160.000 euros, Julio Rodríguez, considera que esta medida "puede mejorar algo la compra de vivienda por parte de extranjeros", porque, argumentó, "hay mucha vivienda tóxica" en las zonas de playa y esa fórmula puede "ayudar a reforzar la demanda".
   Sin embargo, cree que la citada propuesta tiene "un coste elevado" y "genera un agravio comparativo" con otros inmigrantes que están trabajando en España. En su opinión, "revela hasta qué punto el Gobierno está pendiente del tema del mercado inmobiliario, no se sabe si es para salvar a los bancos o porque este Gobierno lleva en el ADN el gusto por el ladrillo en grado máximo que ha caracterizado la política económica española en los últimos tiempos".

Correa llama a los ecuatorianos en España a "rebelarse" ante los desahucios

QUITO.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha instado a sus compatriotas residentes en España a "rebelarse" ante los desahucios aplicados por las entidades financieras, ya que suponen una "masacre" y un "abuso criminal" sobre la población que no puede pagar las cuotas de su hipoteca.

   "Las familias se quedan sin casa, pero encima, se quedan endeudados para toda la vida", lamentó el sábado Correa durante su programa semanal, en el que informó de los contactos entablados con autoridades en España durante su reciente viaje para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz.
   El mandatario ecuatoriano criticó las "cláusulas abusivas" que imponen los bancos y el hecho de que muchos clientes "firmaban contratos sin leer", lo cual "atenta contra la normativa europea", según declaraciones recogidas por los medios estatales. En su opinión, "es una masacre, un abuso criminal del capital financiero sobre los seres humanos".
   La Embajada de Ecuador en España calcula que entre 8.000 y 15.000 ecuatorianos no pueden hacer frente a las hipotecas que contrataron. Quito confía en que parte de este colectivo pueda beneficiarse de la ley promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy y que contempla una moratoria en los pagos a las familias con menos recursos.
   Correa catalogó la crisis económica en España como "el peor de los mundos" y advirtió de que miles de personas se han quedado sin un techo. En este sentido, apuntó que "si una familia no puede pagar un crédito, es problema para la familia, pero si un millón de familias no pueden pagar, el problema es para los bancos también".
   El presidente de Ecuador llamó a "rebelarse" a quienes sufren la crisis en España y otros países europeos, para recordar que es la ciudadanía "quien manda en la sociedad" y no "el capital financiero".

La FEMP ofrecerá su ayuda a los ayuntamientos por los desahucios

MADRID.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha asegurado que, tras la "primera batería de medidas" adoptadas por el Gobierno "con carácter de urgencia" para frenar los desahucios y proteger a los deudores hipotecarios, es preciso seguir avanzando y "abordar las reformas legislativas" en materia hipotecaria "que sean necesarias para mitigar los desahucios".

   "En la parte hipotecaria, en la que el Gobierno ya ha dicho que tienen que tener su propia hoja de ruta, compartimos ese criterio, de que la cuestión de los desahucios requiere una reforma de la legislación hipotecaria", ha manifestado el también alcalde de Santander, para confirmar que la FEMP tratará "casi con total seguridad" el "drama" de los desahucios en su próxima Junta de Gobierno, que tendrá lugar el martes 27.
   Según ha explicado De la Serna, el objetivo es poner a disposición de los Ayuntamientos todos sus medios técnicos, organizativos y humanos "para tratar de buscar iniciativas viables" que frenen la "problemática social" de los desahucios y, aunque ha matizado que no hay ninguna propuesta ni resolución concreta en el orden del día de la próxima Junta, sí es su intención poder llegar a algún de tipo de acuerdo para "ofrecer la Federación a los Ayuntamientos" y sumarse así al esfuerzo que ya realizan otras instituciones.
   "Como Federación somos conscientes de que los procedimientos de desahucios están originando una sensibilización general que pone de manifiesto la necesidad de buscar soluciones urgentes e inmediatas a este drama", ha asegurado el también alcalde de Santander, para añadir que la idea es que la FEMP "sea una puerta a la que llamen los Ayuntamientos y se informen de cuál es la situación actual".
   En este sentido, ha explicado que su intención es ofrecer "asesoramiento técnico para explicar cuál es el alcance de la legislación actual, y cuáles serían las posibles implicaciones de otro tipo de medidas que se pudieran tomar".
   En esta línea, cabe la posibilidad de que la Junta de Gobierno de la FEMP acuerde la elaboración de "un documento razonable" que pueda ser trasladado a todos los Ayuntamientos "para explicar cuál es el problema, la situación desde el punto de vista legal y las medidas que se han adoptado".
   Aunque, tal y como ha apuntado, las medidas para frenar los desahucios no son una competencia municipal, De la Serna sí ha reconocido que existe por parte de los Ayuntamientos "una competencia de carácter moral y ético" ya que son estas las administraciones más cercanas a los ciudadanos. "Es verdad que somos la primera puerta de entrada a estas cuestiones", ha añadido.
   "Dentro de la voluntad política, de aportar soluciones, nosotros queremos proponer que se adopten medidas básicas, junto a lo que es la normativa, para aquellos casos más vulnerables; fórmulas viables para poder paralizar ese tipo de ejecuciones", ha señalado para añadir que ese "es el sentir común de los Ayuntamientos que se han puesto en contacto con la Federación".    
   No obstante, De la Serna ha aclarado que aunque es su intención adoptar un "marco general" en relación a esta "problemática" y reafirmar su "voluntad" de ponerse "a disposición de los Ayuntamientos para este tipo de asesoramiento", son conscientes de que deben respetar "la autonomía municipal" de cada uno y no "dictar" las medidas a seguir.
   "La Federación no tiene que ser el órgano que dicte lo que tiene que hacer cada Ayuntamiento, tiene que ofrecer su colaboración y si acaso marcar unas líneas de orientación. Luego, la línea que siga cada Ayuntamiento dependerá de la propia autonomía municipal que tienen. Eso es un principio básico que siempre hemos respetado", ha aseverado. Es por este motivo por el que el presidente de la FEMP no ha querido entrar a valorar las medidas ya propuestas por algunos alcaldes.
   Asimismo, ha señalado que, tras recoger "el sentir de los municipios que se han ido poniendo en contacto con la Federación", todos coinciden en que "las entidades financieras debieran agotar todas las posibilidades para evitar esa situación extrema de desahucio".
   Por otra parte, preguntado sobre si el Gobierno se ha puesto de nuevo en contacto con la FEMP en relación a su intención de limitar los sueldos de los alcaldes y los concejales, De la Serna ha señalado que de momento "no hay ninguna propuesta encima de la mesa" pero que la Federación está dispuesta a "llegar a un punto de encuentro" respecto a esta cuestión.
   "Si que es cierto que el Ministerio mantiene viva la idea de hacer una reflexión acerca de la necesidad de homogeneizar la retribución salarial de los alcaldes. Nosotros hemos dicho siempre que estamos abiertos para poder llegar a un punto de encuentro que podamos consensuar. Queremos participar de esa posible modificación", ha matizado.

Farmaindustria confía en el Gobierno para encontrar una solución a la deuda de las CCAA

MADRID.-   La nueva presidenta de Farmaindustria, Elvira Sanz, se ha mostrado "esperanzada" de que el Gobierno "encuentre una solución" al retraso en el pago de las comunidades autónomas, que ya acumulan una deuda de más de 2.300 millones de euros con las compañías farmacéuticas por la compra de medicamentos de uso hospitalario.

   "Nos lo han prometido y creemos que la van a encontrar", según ha asegurado tras apuntar que, tras las conversaciones mantenidas con los ministerios de Hacienda y Sanidad, Servicios e Igualdad, la solución para acometer dicha deuda podría estar en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
   Sanz ha valorado "muy positivamente" cómo se resolvió "con eficacia" la deuda que las comunidades mantenían con la industria de años anteriores gracias al plan de pago a proveedores impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy.
   "Se resolvió un problema que empezaba a ser insostenible para nuestras compañías", según ha reconocido, ya que se debían más de 6.300 millones de euros con más de 500 días de atraso en muchos casos.
   Sin embargo, desde 2012 las comunidades han vuelto a demorar los pagos y la deuda vuelve a crecer, de ahí que exijan una respuesta del Ejecutivo que impida llegar a las cifras alcanzadas en 2011.
   "Todavía no tenemos certeza de que el pago sea posible, pero sí de que tienen una voluntad firme de hacerlo", ha aseverado la presidenta de Farmaindustria, quien considera que "sería una pena que, pese al esfuerzo que se hizo, volvamos a estar en una situación tan difícil para todos".
   Además, Sanz recuerda que este sector es "una fuente importante de empleo para el país", con empleo "de calidad" y una apuesta decidida por la I+D. De hecho, el 20 por ciento de la investigación privada que se realiza en España procede de este sector, que es el quinto en número de exportaciones.
   "Somos una industria que debemos aportar el punto de crecimiento que nuestra economía también requiere", ha defendido, al tiempo que advierte de que para ello necesitan una regulación "que salvaguarde sus intereses" y, "sobre todo, que asegure el acceso de los pacientes a la innovación al mismo nivel que el de otros ciudadanos europeos".
   La presidenta de Farmaindustria se ha mostrado comprensiva con la necesidad del Gobierno de tomar medidas "extraordinarias" ante circunstancias que "también lo son". Sin embargo, también recuerda que han sufrido cuatro Reales Decretos en dos años que han "cambiado de modo radical" su sector. "Todos hemos perdido mucha competitividad", ha advertido Sanz.
   Asimismo, Sanz también ha recordado la responsabilidad mostrada por las farmacéuticas, que siguen suministrando medicamentos pese a que las comunidades tardan en pagar.
   "Las compañías son libres de tomar cualquier medida en caso de que consideren que la situación de impago les sea insostenible", según ha reconocido, si bien asevera que desde Farmaindustria se recomienda mantener los suministros.

Fernando Pérez-Hickman entra de asesor en Banco SabadellCAM representando a Alicante

ALICANTE.- Empresarios de prestigio, altos ejecutivos de multinacionales y expertos universitarios, todos ellos relacionados de una u otra forma con Alicante, la Comunidad Valenciana o Murcia, formarán parte del futuro consejo consultivo de SabadellCAM que la entidad está ultimando estos días con la intención de ponerlo en marcha a principios del próximo mes, según adelanta 'Información'. 

El grupo ha decidido replicar de esta forma la misma estructura organizativa que ha desarrollado con éxito con el Banco Herrero en Asturias, el Atlántico en Andalucía o el Urquijo en Madrid y que le ha permitido mantener el arraigo de todas estas entidades en sus territorios de origen a pesar de su incorporación al Sabadell.
Su función será la de trasladar a los responsables del banco las necesidades y las inquietudes de los empresarios y clientes de las distintas zonas y también asesorar sobre las estrategias que puede desarrollar la entidad para crecer al mismo tiempo que contribuye al crecimiento económico de estos territorios. Sobre todo, teniendo en cuenta que el actual consejo de administración del Banco CAM desaparecerá en el momento en que se produzca su absorción por el Sabadell y ya no exista como sociedad independiente.
Para presidirlo, la entidad ha apostado por un hombre que ya conoce perfectamente la casa: el presidente de Porcelanosa, Héctor Colonques, quien también es miembro del consejo de administración de Banco Sabadell desde el año 2001 y uno de sus principales accionistas. Colonques representaría, además, la cuota valenciano-castellonense del consejo ya que el grupo ha tenido muy en cuenta el peso de las distintas provincias en el negocio de SabadellCAM a la hora de confeccionar la lista.
Así, otro de los empresarios de renombre que ya habrían aceptado formar parte de este organismo sería el murciano Tomás Fuertes, propietario del Grupo Fuertes, el conglomerado que controla el gigante de la alimentación El Pozo, que emplea a más de 5.500 trabajadores. Titulado en Alta Dirección de Empresas, en el año 2011 recibió la Medalla al Mérito en el Trabajo que otorga el Gobierno.
La cuota alicantina la cubrirán cuatro nombres muy diversos. Por un lado, el empresariado más tradicional de la provincia estará representado por el histórico Joaquín Arias, el presidente del Grupo Vectalia (antiguo Subús), que gestiona buena parte del transporte de pasajeros por carretera en la provincia, Albacete o Perpiñán, entre otras zonas. También tiene negocios de limpieza, restauración, seguridad o estaciones de servicio.
Por la rama de expertos, formará parte del consejo el catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante, Joan Llopis Taverner. Autor o coautor de una decena de libros, también ha sido asesor en recursos humanos en ayuntamientos como los de Benidorm, Dénia o Santa Pola, por lo que conoce a la perfección toda la provincia.
Aunque ha desarrollado toda su carrera profesional fuera, también es alicantino el expresidente de Telefónica Media y exconsejero delegado de Antena 3, Juan José Nieto, que ocupará otro de los asientos del órganos consultivo de SabadellCAM. Tras iniciar su carrera en Goldman Sachs y Bankers Trust, en la actualidad es consejero de Uralita y de la multinacional Service Point.
El cuarto representante de la provincia será un hombre de la casa: el presidente del Sabadell United, la filial norteamericana del grupo, Fernando Pérez-Hickman (en la imagen). Hijo del prestigioso traumatólogo del mismo apellido, es otro caso de alicantino que triunfa en el exterior. No hay que olvidar que Estados Unidos es la gran apuesta del Sabadell para crecer fuera del mercado español.
Ejecutivos del grupo
Por último, la entidad también ha querido incluir a los dos máximos responsables de SabadellCAM: su director general, Miquel Montes, que ha dirigido todo el proceso de integración de la antigua caja alicantina en el grupo; y el director territorial, Jaime Matas, su máximo responsable comercial y el que tendrá que tratar directamente con los empresarios y organizaciones de su ámbito de actuación.
La entidad baraja varias fechas para la celebración del primer encuentro de este consejo consultivo entorno al puente de diciembre. La fecha no es casual. Hay que recordar que el próximo 7 de diciembre se cumplirá el primer aniversario de la adjudicación de la CAM al Sabadell y, sobre todo, se producirá la plena integración de las redes y los sistemas informáticos para ser una sola entidad.


La CAM deja de estar intervenida

Un año y cuatro meses después de decretarla, el Boletín Oficial del Estado publicó la resolución del Banco de España por la que el supervisor bancario pone fin a la intervención de Caja Mediterráneo (CAM), lo que deja a la entidad -ya desposeída de su negocio financiero- en manos del Gobierno autonómico para su liquidación final y el traspaso de los bienes de la Obra Social a una nueva fundación que continúe esta labor. Para ello, la Generalitat nombrará en los próximos días una comisión gestora cuya composición todavía está negociando con los partidos de la oposición, principalmente con el PSPV, y también con el Ejecutivo regional murciano, según confirmaron fuentes oficiales.
Además, esta comisión también será la encargada de amortizar definitivamente las cuotas participativas de la CAM ya que, a pesar de que perdieron todo su valor en diciembre del año pasado, al reducirse a cero el capital de la caja para enjugar las pérdidas, los administradores designados por el FROB se marchan sin haber completado el trabajo de darlas de baja. 
Sin duda, la negativa de José Antonio Iturriaga, Tomás González y Benicio Herranz a amortizar estos valores a 4,77 euros, tal y como aprobó el último consejo de administración de la caja antes de su destitución, será recordada como su decisión más polémica en estos 16 meses ya que provocó que más de 54.000 pequeños ahorradores no pudieran recuperar el dinero invertido.
Hasta que la gestora esté operativa, los tres representantes del FROB seguirán en sus puestos de forma interina para evitar el vacío de poder aunque sólo podrán tomar decisiones sobre "asuntos corrientes" del funcionamiento de la CAM -que mantiene su programación cultural y sus actividades-, según señalaron fuentes del Banco de España.
La decisión del supervisor se produce después de que la semana pasada entrara en vigor el nuevo decreto de órganos de gobierno de las cajas de ahorros, que implica la disolución automática de estas entidades una vez transcurridos cinco meses desde la pérdida de control de su negocio financiero, un plazo que la CAM ya había sobrepasado con creces. La medida, introducida a última hora y casi a escondidas por el PP para salvar a Rodrigo Rato del escarnio público que hubiera supuesto la celebración de la asamblea general de Caja Madrid, también supondrá la disolución automática de Bancaja el próximo martes.
En cualquier caso, la entidad alicantina ya se encontraba en proceso de liquidación desde que el 9 de julio su asamblea general se negase a amortizar las cuotas a cero euros, como pretendían los administradores del FROB, lo que provocó que estos diesen por concluido el cónclave sin dar lugar a la votación que hubiese transformado directamente la caja en una fundación, evitando estos últimos meses de incertidumbre.
Según las últimas cuentas presentadas por los administradores provisionales, Caja Mediterráneo acumula todavía 137 millones de euros de patrimonio, de los que 136 millones corresponden al Fondo de la Obra Social, su único activo real después de que el negocio financiero fuera segregado y adjudicado al Sabadell en diciembre del año pasado. De esta cantidad, unos 80 millones corresponde a dinero disponible en tesorería, la mayoría en depósitos a plazo, y el resto al valor de los edificios y obras de arte de su propiedad.

Además de las distintas "aulas" de cultura que posee repartidas por todo su territorio de actuación, la Obra Social de la CAM también es dueña de la Casa Museo Modernista de Novelda o del Museo Azorín de Monóvar, entre otros bienes culturales emblemáticos. Además, mantiene una plantilla de 38 personas, de las que 35 son indefinidas.
La misión de la gestora será transferir todos estos bienes a una nueva fundación. El gran problema será buscar fuentes de financiación alternativas para este nuevo organismo ya que el Sabadell ha rechazado formar parte de la misma como patrono al considerar que estará demasiado politizada. Así, el banco catalán ha puesto en marcha su propio comité de patrocinios y mecenazgos para desarrollar su programa de responsabilidad social corporativa.
El Banco de España ordenó la destitución del consejo de administración de la CAM el 22 de julio de 2011 ante la incapacidad del mismo para redactar un plan que garantizase la viabilidad de la caja. Tras la intervención, los administradores afloraron unas pérdidas de 2.700 millones de euros en 2011 debido, sobre todo, a los desmanes de sus inversiones inmobiliarias. 

En la actualidad, cinco exaltos cargos de la entidad, entre ellos el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores generales Roberto López y María Dolores Amorós, están imputados en la causa que instruye la Audiencia Nacional por los supuestos delitos de administración desleal, apropiación indebida y estafa.

viernes, 23 de noviembre de 2012

La alcaldesa de Alicante solicita a las entidades bancarias que aplacen los desahucios de las familias vulnerables

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha remitido un escrito a un total de 22 entidades bancarias de la ciudad para solicitar el aplazamiento de los desahucios de las familias vulnerables de la capital alicantina, "al menos hasta el momento en que se definan definitivamente las medidas para su protección".

   En la misiva, dirigida a los responsables bancarios y firmada tanto por la primera edil como por el concejal de Hacienda, Juan Seva, Castedo hace referencia al Real Decreto/Ley de medidas urgentes para "reforzar la protección de los deudores hipotecarios, norma que suspende el lanzamiento de sus viviendas de colectivos de ciudadanos especialmente vulnerables", sgeún ha informado el consistorio.
   No obstante, la primera edil señala que esta "solución no alcanza a un importante" número de personas, "también especialmente vulnerables, que no se encuentran incluidos entre los supuestos que la ley señala y que se encuentran a la espera de ser lanzados" de sus inmuebles.
   En este sentido, indica que, "manifestada la sensibilidad del Congreso de los Diputados ante estas situaciones", está previsto un procedimiento legislativo "urgente", que amplíe las medidas de protección aprobadas, "extendiéndolas a un mayor número de ciudadanos".
   Igualmente, apunta que las nuevas medidas "protectoras" que "rápidamente" se adoptarán, "pueden, no obstante, resultar ineficaces ante la severa y ejecutiva aplicación" de la legislación hipotecaria "todavía vigente", de manera que aquellos que "resulten protegidos" por la nueva legislación "ya hayan sido lanzados de sus viviendas cuando entren en vigor".
   "Por ello, le rogamos encarecidamente que, apelando a la solidaridad tan necesaria en estos momentos, la entidad bancaria a la que usted representa aplace los desalojos de las familias vulnerables, al menos hasta el momento en que se definan definitivamente las medidas para su protección", resalta en la carta.

Fabra traslada su "confianza" en Sonia Castedo y se muestra convencido de que podrá "demostrar su inocencia"

ALICANTE.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha mostrado su "confianza" en la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y se ha declarado "convencido" de que va a poder demostrar "su inocencia" en el 'caso Brugal', en el que se investigan presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un proceso que según ha dicho, "al final va a quedar en nada".

   Fabra hizo estas declaraciones durante su visita esta semana a Alicante.
   A preguntas sobre el futuro político de la alcaldesa en el caso de que se abra juicio oral, Fabra ha afirmado que está "convencido" de que la alcaldesa de Alicante "podrá demostrar que su trabajo siempre ha ido en la línea de ayudar y generar mejor calidad de vida a los ciudadanos de Alicante". Por ello, se ha mostrado "convencido" de que el supuesto planteado "no se va a producir".
   "Yo, las decisiones que tenga que tomar, cuando me afecten a mí, las diré, (pero) en este caso estoy analizando lo que es una compañera de partido que está en un proceso en el que, como cualquier otra persona, lo que debemos velar es para que haya un proceso transparente, donde haya una presunción de inocencia hacia cualquier persona que esté implicada ahí", ha indicado al ser interrogado sobre si comparte la opinión del portavoz y vicepresidente del Consell José Císcar, quien el pasado viernes afirmó que si él fuera Castedo dejaría todos sus cargos.
   "Los que conocemos a la alcaldesa estamos convencidos de que este proceso al final va a quedar en nada, y que la alcaldesa va a poder demostrar que su actuación dentro de toda esta tramitación del PGOU, fue una tramitación transparente y siempre buscando sólo el beneficio de la ciudad de Alicante".
   En esta línea, ha dicho que tiene "plena confianza en las personas del partido, conozco a Sonia Castedo desde hace tiempo y la verdad es que a mí me genera confianza, a mí y a muchos ciudadanos de la ciudad de Alicante, que le dieron su apoyo mayoritario en las últimas elecciones".
   "Creo en las personas porque estoy convencido de que aquellos que tienen unos valores firmes, que han sabido transmitir a los ciudadanos lo que es su propuesta o su proyecto en este caso de ciudad, los que trabajan todos los días para sacar adelante los problemas que tiene una administración, creo que merecen todo el respeto y también en este caso la presunción de inocencia: yo confío en Sonia Castedo y espero, y estoy convencido, de que va a poder demostrar su inocencia".
   En cuanto al contenido de las conversaciones entre el empresario Enrique Ortiz --imputado en el caso-- y la alcaldesa, reproducidas durante el interrogatorio judicial realizado el pasado mes de octubre, Fabra ha remarcado que no va "a entrar a valorar ni esas escuchas ni cualquier otra". "Creo que una conversación privada, al cabo del tiempo y luego expuesta a lo que es el juicio público, no sé si cualquiera de nosotros la podría aguantar", ha señalado.

Fabra se gasta 338.800 euros en sondeos electorales

VALENCIA.- La Generalitat Valenciana tiene el triste honor de ser líder en deuda, déficit e impagos, pero el Gobierno que preside el 'popular' Alberto Fabra no ve en ello impedimento alguno para poder gastarse en los dos próximos años 338.800 euros en ocho sondeos electorales, unos estudios que hasta ahora han venido negándose sistemáticamente a la oposición con la escusa de que son “instrumentos de trabajo” de la Administración, según www.elplural.com

El gobierno valenciano adeuda 1.400 millones de euros a las empresas proveedoras de la sanidad, no tiene fondos con que satisfacer los 450 millones que debe a las farmacias, no paga desde hace seis meses a las familias que atienden a más de 1.600 menores en situación de desamparo, ni desde hace un año a las empresas suministradoras de los comedores escolares y mantiene una deuda de 660 millones con las cinco universidades públicas… Son solo ejemplos de la situación de quiebra en que vive desde hace meses la Administración autonómica denunciados durante esta semana por los sectores afectados. La misma semana en la que el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana licita un concurso por el que el Consell que preside Alberto Fabra se gastará 338.800 euros en ocho sondeos electorales durante los dos próximos años.
Pese a que las encuestas de opinión se realizarán durante los dos próximos años, la Generalitat ha publicado ahora la convocatoria para poder burlar la ley, ya que una disposición incluida en los Presupuestos de la Generalitat para 2013 impide la tramitación de nuevos contratos de servicios en encuestas de opinión y consultorías externas, salvo “casos excepcionales”, que no parece que sea este el caso. Así, el Consell hará caso omiso de la ley que él mismo ha promovido, ya que no se le aplicará durante el próximo año ni tampoco durante la prórroga prevista de otra anualidad.
La convocatoria del concurso para la realización de las encuestas se publicó el pasado miércoles en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en el pliego de condiciones se señala que cada uno de los estudios trimestrales a realizar, que tendrán un coste de 42.350 euros, incluirá dos mil entrevistas distribuidas entre las tres provincias valencianas, que se corresponden con las circunscripciones electorales.  ”La finalidad principal de las encuestas -según se señala- es conocer la opinión de los ciudadanos sobre cuestiones de actualidad y coyuntura social, económica y política, así como conocer sus valoraciones, preocupaciones y prioridades”.
Hasta ahora, la Generalitat ha venido negando la petición de los grupos de la oposición de que los estudios electorales que realiza la Administración autonómica tengan un carácter público, tal como sí ocurre con los sondeos que efectúa el Centros de Investigaciones Científicas (CIS), organismo que depende del Ministerio de la Presidencia, o los del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat de Cataluña. Con la excusa de que se trata de “un instrumento de trabajo” de la Administración, la Generalitat siempre se ha negado a compartir con la oposición unas encuestas que le han permitido al Partido Popular conocer en exclusiva los derroteros por los que se mueve la opinión pública valenciana y poder diseñar así su estrategia electoral.
“Es una barbaridad que en una época de crisis como la actual y ante tanto recorte se realice este gasto”, declaró el diputado socialista Rafael Rubio, que denunció que se mantenga el carácter secreto de los estudios. “No tiene nombre que con dinero público se realicen unas estudios electorales que solo conoce el Partido Popular. Si quieren sondeos, que se los paguen ellos”, afirmó el diputado socialista, que anunció que su grupo parlamentario presentará una propuesta en las Corts para, por una parte, pedir que se reduzca el número de sondeos y, por otra, para que tengan carácter público y estén al alcance de todos los grupos parlamentarios.