La indecisión del Ejecutivo en materia aeroportuaria se ha convertido en una amenaza de cara a los Presupuestos Generales del Estado para 2009. La aprobación de las cuentas que ha elaborado Pedro Solbes para el año que viene está a la vuelta de la esquina y el diseño del nuevo modelo aeroportuario sigue condicionando su visto bueno en el Congreso de los Diputados.
Nadie sabe aún cómo el presidente del Gobierno y su ministra de Fomento quieren dividir Aena en dos empresas y privatizar el 30% de una de ellas. Tres meses después del anuncio que hiciese Zapatero a bombo y platillo en la sede del Consejo Económico y Social, y dos desde que el Consejo de Ministros aprobase el nuevo modelo de negocio, todo sigue en el aire.
Las 11 líneas que componen el texto aprobado por el Gobierno el pasado 1 de agosto siguen siendo la única referencia oficial de un proyecto que, sin haber nacido aún, cuenta ya con la oposición de seis comunidades autónomas, empresarios del sector, sindicatos y los propios partidos políticos, sobre todo de los que necesita el PSOE para sacar adelante sus Presupuestos.
La ministra se comprometió a acudir al Congreso en agosto para explicar el contenido del ya bautizado como nuevo sudoku de Zapatero, pero el accidente de avión de Spanair en Barajas, el pasado 20 de agosto, que costó la vida a 154 personas, obligó a Alvarez a retrasar su comparencia hasta el mes de septiembre. Apenas quedan dos días para que termine el mes, y la ministra sigue sin rendir cuentas.
«El compromiso hay que cumplirlo», advirtió a este periódico Pere Macias, portavoz de CiU en la Comisión de Fomento en el Congreso. Este retraso delata que se trata de «un modelo sin sentido», en palabras de este nacionalista catalán, además de poner en evidencia al Gobierno y demostrar que «no tiene nada».
Macias recordó que entre las condiciones que su partido ha puesto sobre la mesa a Solbes para apoyar los Presupuestos está que las medidas económicas que se tomen sean «coherentes». En el caso de la privatización de Aena, «no tiene ningún sentido», insistió.
Tras los fracasos de los dos asuntos estrella del Estatuto de Cataluña -el traspaso de los aeropuertos y el sistema de financiación autonómica-, Zapatero vuelve a poner contra las cuerdas las cuentas generales del Estado, que precisan del apoyo de CiU para salir adelante.
El secretario general de Transportes, Fernando Palao, justificó a este periódico, el pasado jueves, el retraso de la comparecencia de la ministra. Su argumento fue convincente, pero nunca más allá de dar motivos suficientes para explicar con detalle por qué el futuro de los aeropuertos españoles sigue sin aclararse.
Palao quiso dejar claro que, en este momento, se están buscando empresarios que puedan entrar en el nuevo accionariado de Aena.No descartó ninguna posibilidad, incluso un extranjero. En los pasillos del Congreso, según advirtieron fuentes implicadas en el futuro del gestor de los aeropuertos españoles, el secreto a gritos es que «vendrá alguien de fuera».
El proyecto del Gobierno es dar marcha atrás al sistema que aprobase su propio partido, el PSOE, en la década de los 90, al unir Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea para crear la actual Aena. Cerca de 15 años después, los socialistas están empeñados en deshacer un modelo que garantiza el principio de solidaridad que promulga el artículo 2 de la Constitución Española.
El nuevo modelo que propone Zapatero prevé la entrada de algunas administraciones autonómicas en la gestión de sus aeropuertos.El quid es que sólo podrán participar Madrid y Cataluña, por ser las únicas que poseen aeródromos que superan un tráfico de pasajeros de 30 millones de personas.
Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia y País Vasco se quedaron fuera en el reparto. Esto obligó a los responsables autonómicos a exigir al presidente del Gobierno participar también en una gestión individualizada de sus aeropuertos.La respuesta de Zapatero fue complacer a todos con un sí, pero no.
En este sentido, los sindicatos no se hicieron de rogar y salieron a la palestra para dejar claro que el mantenimiento de los aeropuertos deficitarios puede verse truncado con el cierre de estos en beneficio de los grandes de cada comunidad autonómica.
De los 48 aeropuertos que gestiona Aena, más de la mitad son considerados deficitarios por el sector. El problema es que la contabilidad de esos aeródromos está guardada en el cajón más secreto de Aena. Entre los que acumulan pérdidas están Córdoba, La Gomera, Logroño, Salamanca o Badajoz.
Por el contrario, los más eficientes son Barajas, Málaga, Gran Canaria, Alicante, Tenerife Sur y Valencia. Es por ello que sus responsables autonómicos no están dispuestos a quedarse fuera del nuevo mapa aeroportuario que prepara el Ejecutivo. Zapatero tiene aún un plazo de dos años para decidirse. Pero Magdalena Alvarez sólo dispone de tres meses para dar explicaciones en el Congreso.
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