La ley, que se remitirá a las Cortes, recoge los compromisos asumidos por el Gobierno con los transportistas tras el paro registrado en el sector el pasado mes de junio, según recordó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al consejo.
El objetivo del texto es modernizar el régimen jurídico del contrato de transporte terrestre y equipararlo con los ordenamientos más avanzados de los países de nuestro entorno.
Entre las novedades que introduce la ley destaca la cláusula de actualización del precio de contrato de transporte de mercancía por carretera en función del incremento del precio del gasóleo. Asimismo, incluye indemnizaciones por paralización de los transportes.
Además, el proyecto de ley fija los procedimientos judiciales para fijar el pago a treinta días y los intereses por demora en el pago.
Con estas disposiciones la Ley persigue reforzar la capacidad de negociación mercantil del sector del transporte. Su inclusión responde a los compromisos asumidos por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Fomento en los referidos acuerdos alcanzados con los transportistas el pasado mes de junio.
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