«El Banco de España cree que dicho proyecto es estratégico», recoge "El Mundo".
Aríztegui pasó a continuación a explicar el porqué de esa urgencia.En el último año, las cooperativas de crédito han visto cómo se reducía su cuota principalmente en el mercado de depósitos, lo que se ha traducido en un incremento en la exposición al riesgo de liquidez del sector. Como consecuencia de ello, el porcentaje que la inversión crediticia representa sobre los acreedores no bancarios llega al 103%, por encima de las cajas de ahorros (97%) y al nivel de la banca.
En cuanto al crédito concedido por estas entidades, que ha crecido un 11% en base interanual, se desacelera al igual que sucede en el resto del sector financiero, pero con la peculiaridad de que continúa sustentándose sobre la financiación al sector inmobiliario: de los nuevos préstamos otorgados en el último año por las cajas rurales, el 64% corresponde al ladrillo.
Los saldos dudosos crecen con tasas del 130% interanual, la morosidad supone ya el 1,9% de la inversión crediticia y la cobertura con provisiones es del 120%. El ratio de eficiencia es el más débil de las entidades de depósito (54,1%, en comparación con el 45,5% de las cajas de ahorro y el 37,3% de la banca) y las pérdidas por deterioro crecen un 29% y ya suponen un 27% del margen de explotación.
En definitiva, para el Banco de España es imperativo poner en marcha un SIP. Esta fórmula de integración sin pérdida de la personalidad jurídica, impulsada desde Bruselas, debe cumplir siete condiciones: a través de un contrato o de un régimen legal de asignación de responsabilidades, garantiza la liquidez de todos los participantes para evitar situaciones concursales; cuenta con fondos inmediatamente disponibles; incorpora mecanismos para el seguimiento y la clasificación de los riesgos; publica cada año un informe con el balance, la cuenta de resultados, el estado de situación y la evolución de riesgos; elimina el uso múltiple de los recursos propios y la generación de capital entre sus socios; se basa en integrar a entidades homogéneas; y la salida debe notificarse con, al menos, 24 meses.
Para las cajas rurales, el discurso del Banco de España no es nuevo. Llevan trabajando en un SIP desde mayo de 2007, cuando se debatió por primera vez en profundidad el asunto. Entonces se acordó que las cinco grandes del Banco Cooperativo -Ruralcaja y las Cajas Rurales de Navarra, el Sur, Granada y Asturias- presentaran un proyecto.
Pero el tiempo ha pasado y, aunque estas entidades siguen trabajando en el diseño del SIP, lo cierto es que aún no han aportado nada.En ese contexto llegaron, hace unas semanas, las palabras de Aríztegui, para quien cuestiones como la territorialidad o el mantenimiento de la marca, no deben seguir siendo un obstáculo para el proyecto, según fuentes del sector.
Inicio del SIP
La reacción dentro del colectivo de cajas rurales ha venido de la mano de un grupo de 15 o 20 entidades medianas, que están de acuerdo en muchos de los aspectos que debería recoger el futuro SIP, y que han decidido tomar la iniciativa en paralelo al proyecto de las cinco grandes. Entre ellas hay algunas de la Comunidad Valenciana, como las de Torrent, Caja Campo o Crèdit, además de otras de referencia en Castilla-La Mancha (Ciudad Real o Toledo), y otras regiones. Ese grupo se ha puesto en contacto con una consultora.
La evolución de estas negociaciones será clave para atisbar la transformación de una fórmula cooperativa que en los últimos años se ha dividido en dos modelos: el de las entidades tesoreras, más conservadoras, que renunciaron a buscar financiación en el exterior; y el de las cajas que optaron por el tamaño y llevaron a cabo una estrategia de expansión. Si surge un SIP deberá ser capaz de compaginar ambas sensibilidades. De lo contrario, podrían crearse varios SIP en España.
La intención de las entidades medianas, en su mayor parte bien saneadas, es definir aspectos decisivos como el porcentaje de recursos propios que deberá aportar cada uno de los socios del SIP, o qué operaciones deberán someterse a la supervisión del órgano central que debe encargarse de controlar la marcha de la futura coalición de las cajas rurales españolas, o cuáles deben ser los criterios de riesgo.
Porque hay un asunto que preocupa a todas las rurales que participan en el debate, y que quieren que esté bien presente al margen de las cuestiones de forma: evitar la posibilidad de verse arrastradas por la crisis de alguno de sus socios en el SIP.
LAS CAJAS
17.000 empleados trabajan en las 83 entidades que hay en toda España. Hay más de 4.500 oficinas repartidas sobre todo en la Comunidad Valenciana y Andalucía.
41,7 millones es el total de activos que gestionan las cajas rurales. La mayor es Cajamar.
LA CLAVE
Cajamar, presidida por Antonio Pérez Lao, cree «oportuno» que se avance en el proceso de fusión de las cajas por necesidad ante las exigencias de la «globalización».
LAS CIFRAS
11%
Es el porcentaje al que ha crecido el crédito concedido por las cajas rurales en base interanual, según las cifras del Banco de España.
64% Del total de préstamos concedidos por las cajas rurales durante el último año, ese porcentaje se ha otorgado a todo tipo de proyectos inmobiliarios.
130% Los saldos dudosos crecen a tasas de más del 130% y la morosidad supone ya el 1,9% de la inversión crediticia.
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