"Cada día son más las empresas que se encuentran en riesgo de cerrar en los próximos meses por falta de pago de las administraciones públicas", denunció Aepim, que insistió en que el Gobierno debería garantizar que con esos 8.000 millones se va a hacer frente a esos pagos retrasados, con el fin de "salvar muchos puestos de trabajo", que fija en más de 200.000.
Para ello, Aepim ha iniciado una recogida de firmas para pedir al Gobierno que exija a los ayuntamientos el cumplimiento de esas obligaciones de pago con los proveedores, de tal manera que quienes no hayan liquidado todas sus deudas pendientes, no puedan disponer para otras inversiones o iniciativas del dinero que les asigne el fondo local.
"Algunas administraciones públicas, con mayor incidencia por parte de la local, cuando vienen épocas duras prefieren diferir 'sine die' determinados pagos en el entendimiento de que las empresas aguantarán porque saben que los ayuntamientos no pueden quebrar y que los proveedores callarán por la cuenta que les trae si quieren seguir trabajando para ellos", criticó la asociación.
En su opinión, las demoras se han visto ampliadas por la crisis llegando a superar en muchos casos el año de retraso, con una tendencia clara a aumentar, agravándose así los problemas de liquidez de las empresas.
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