Según fuentes de la calle Génova, el controvertido jefe policial intentó persuadir a la cúpula del PP de que la orden de lanzar una espectacular operación contra Ripoll y tres concejales populares de Orihuela no había partido de su despacho. Su objetivo era limar asperezas con el principal partido de la oposición de cara a un futuro cambio de Gobierno, ya que, tras casi cuarenta años de carrera, teme que un nuevo Ejecutivo acabe con su privilegiada posición en el Ministerio del Interior.
González no ha sido el único policía que ha tratado de demostrar su neutralidad ante dirigentes del PP. Varios agentes han llamado a Génova para recordar que se limitan a “cumplir órdenes” y que no quieren que su progresión en el Cuerpo se vea truncada si Rajoy llega a la Moncloa. De acuerdo con fuentes populares, los chivatazos recibidos por varios dirigentes de la formación, como Juan Cotino, vicepresidente de la Generaltitat valenciana, habrían tenido su origen en estas llamadas.
“Dentro de la Policía hay mandos que buscan quedar bien con el PP, porque saben que si hay un cambio de Gobierno pueden tener su oportunidad”, señalaron estas fuentes. Sin embargo, no parece que éste vaya a ser el caso de González, puesto que está en el punto de mira del PP desde la polémica montería con Garzón y Bermejo. A él se le atribuye también la autoría de algunos de los informes más polémicos del caso Gürtel, como los relativos al ex tesorero popular, Luis Bárcenas.
Además, pese a sus intentos de desmarcarse de la operación en Alicante, González es su responsable policial, ya que se hizo bajo la dirección de la Comisaría General de la Policía Judicial. “González es el jefe de esta Comisaría y estaba perfectamente al tanto de todo”, aseguraron fuentes de la Policía Nacional, que añadieron que resulta impensable que se arreste al presidente de una Diputación sin la autorización de este mando.
El currículo de González, un policía que, según sus compañeros, se siente especialmente cómodo pisando las alfombras del poder, es un auténtico repaso a los escándalos que han jalonado la historia reciente de España. Ni siquiera su presunta vinculación con el caso Malaya, nunca demostrada, ha podido frenar su ascensión.
En 2006 se supo que el juez marbellí Miguel Ángel Torres investigaba la presencia de unas iniciales, JAG, en la agenda del imputado Juan Antonio Roca, asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. Estas iniciales escondían la identidad de la garganta profunda que, a cambio de importantes sumas de dinero, advertía de las operaciones policiales en el municipio. Pero Roca nunca reconoció que su confidente fuera este jefe de la Policía y las investigaciones se detuvieron.
Entre los éxitos de su polémica carrera destacan la detención de los miembros del GRAPO que atentaron contra la cafetería California 47, la resolución del asesinato de los abogados de Atocha, la investigación del secuestro y asesinato de Anabel Segura o el arresto en el aeropuerto de Bangkok de Luis Roldán.
Sin embargo, su nombre también ha estado implicado en denuncias de torturas, como las que en 1981 acabaron con la vida de José Ignacio Arregui, acusado de pertenecer a ETA. Casi tres décadas después, González es uno de los hombres imprescindibles de Rubalcaba.
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