ALICANTE.- La comisión ejecutiva municipal del PSPV-PSOE de Alicante ha acordado dejar en suspenso su apoyo al principio de acuerdo alcanzado para la reforma del Estadio Rico Pérez al estar imputado el empresario Enrique Ortiz -máximo accionista del Hércules- en relación con el caso "Brugal".
Fuentes socialistas han indicado que también "suspende" la participación de sus concejales en la citada comisión, "en tanto no se aclaren las circunstancias que vinculan a Enrique Ortiz y a representantes políticos del PP en este caso de corrupción".
El PSPV-PSOE exige, "en tanto se llega el final del proceso judicial, una solución rápida para que el Hércules disponga para finales de agosto de un estadio con las mínimas condiciones exigibles para la disputa de partidos de competición en Primera División".
Según fuentes socialistas, "dicha solución debería pasar de forma inexcusable por la agilización de las obras por un valor de 4.250.000 euros que, exigidas en el contrato de compraventa del estadio entre la mercantil Aligestión y el Ayuntamiento de Alicante, estaban destinadas a remozar dignamente el estadio".
El PSPV-PSOE demanda que "tanto en las citadas obras obligadas por contrato como en cualquier otra futura que se financie -sea por medio de inversión directa o diferida a través de cualquier otra fórmula de financiación con cargo al erario público- se efectúe por parte del consistorio un escrupuloso control político y técnico del alcance, coste y necesidad de las mismas".
Para ello, los socialistas proponen buscar "el asesoramiento de técnicos municipales especializados junto con técnicos externos".
Fuentes socialistas han indicado que también "suspende" la participación de sus concejales en la citada comisión, "en tanto no se aclaren las circunstancias que vinculan a Enrique Ortiz y a representantes políticos del PP en este caso de corrupción".
El PSPV-PSOE exige, "en tanto se llega el final del proceso judicial, una solución rápida para que el Hércules disponga para finales de agosto de un estadio con las mínimas condiciones exigibles para la disputa de partidos de competición en Primera División".
Según fuentes socialistas, "dicha solución debería pasar de forma inexcusable por la agilización de las obras por un valor de 4.250.000 euros que, exigidas en el contrato de compraventa del estadio entre la mercantil Aligestión y el Ayuntamiento de Alicante, estaban destinadas a remozar dignamente el estadio".
El PSPV-PSOE demanda que "tanto en las citadas obras obligadas por contrato como en cualquier otra futura que se financie -sea por medio de inversión directa o diferida a través de cualquier otra fórmula de financiación con cargo al erario público- se efectúe por parte del consistorio un escrupuloso control político y técnico del alcance, coste y necesidad de las mismas".
Para ello, los socialistas proponen buscar "el asesoramiento de técnicos municipales especializados junto con técnicos externos".
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