ALICANTE.- El titular del juzgado de instrucción nº 3 de Orihuela, Carlos San Martín, que investiga parte del llamado 'caso Brugal', ha rechazado algunas de las grabaciones de la causa por falta de motivación o escasa motivación de los autos, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en su twitter.
Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el auto, de 162 folios, tiene fecha de ayer y ha sido entregado hoy a las partes.
El juez también valida parte de estas escuchas policiales dentro de un auto que no es firme y ante el que, según han informado fuentes jurídicas, es previsible que las partes recurran en apelación.
El juez se refiere a las escuchas del origen del caso Brugal, concretamente a las supuestas ilegalidades en la recogida de basuras de la ciudad de Orihuela aunque la anulación puede tener trascendencia porque a partir de aquellas escuchas policiales se conocieron otras presuntas irregularidades, que dieron lugar a la cerca de veintena de piezas separadas del caso.
Entre ellas está la referida al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, en la que figuran como implicados la actual alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, así como el constructor Enrique Ortiz, entre otros.
Otra de las ramas que surgieron a raíz de las escuchas policiales iniciales es la de la adjudicación del plan comarcal de residuos de la Vega Baja, por la que se imputó al presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a tres concejales oriolanos, entre otros.
Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el auto, de 162 folios, tiene fecha de ayer y ha sido entregado hoy a las partes.
El juez también valida parte de estas escuchas policiales dentro de un auto que no es firme y ante el que, según han informado fuentes jurídicas, es previsible que las partes recurran en apelación.
El juez se refiere a las escuchas del origen del caso Brugal, concretamente a las supuestas ilegalidades en la recogida de basuras de la ciudad de Orihuela aunque la anulación puede tener trascendencia porque a partir de aquellas escuchas policiales se conocieron otras presuntas irregularidades, que dieron lugar a la cerca de veintena de piezas separadas del caso.
Entre ellas está la referida al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, en la que figuran como implicados la actual alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, así como el constructor Enrique Ortiz, entre otros.
Otra de las ramas que surgieron a raíz de las escuchas policiales iniciales es la de la adjudicación del plan comarcal de residuos de la Vega Baja, por la que se imputó al presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a tres concejales oriolanos, entre otros.
Esta decisión del juez de Orihuela, que investiga la parte relativa a supuestas irregularidades del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, no es firme, por lo que cabe recurso de apelación, según ha apuntado la misma fuente.
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