BRUSELAS.- Europa se debate entre dos ideas opuestas: el rechazo a los
inmigrantes que ocupan deseados puestos de trabajo y no se integran en
nuestras sociedades y la necesidad de recibir extranjeros por cuestiones
económicas, demográficas y sociales. Bruselas apremia a los Estados
miembros a articular una política migratoria común que ofrezca seguridad
a los europeos y abra canales a la migración legal y la movilidad. Hay
más de 20 millones de inmigrantes regulares en la UE.
Son exactamente 20,2 millones los nacionales de terceros países
presentes en la UE con papeles, lo que representa el 4% de la población
total, según el informe sobre las migraciones en 2011 presentado por la
Comisión Europea. No hay datos fiables sobre la inmigración ilegal.
Según Bruselas, el año pasado se denegó la entrada en la UE a alrededor
de 343.000 personas, un13 % menos que en 2010. También en 2011, bajó
ligeramente el número de detenidos, ue fueron 468.500 y los Estados
miembros expulsaron en torno a 190.000 nacionales de terceros países (un
15 % menos que en 2010). Aumentó, sin embargo, el número de solicitudes
de asilo, que llegó a 302.000, un 16% en comparación con el año
anterior, pero muy por debajo de las solicitudes recibidas hace una
década.
Más datos, aunque referidos a 2010 cuando la crisis económica ya
afectaba al mundo laboral. Entonces la tasa media de empleo de los
nacionales de terceros países entre 20 y 64 años fue del 58,5%. Los
visados Schengen que se expidieron en 2011 fueron 12,7 millones, la gran
mayoría en Rusia, seguida de Ucrania, China y Turquía.
De esta lluvia de cifras, la Comisión Europea saca unas conclusiones
que resumió la comisaria de Interior, Cecilia Malmström: «La Unión
Europea necesita una política de migración sólida y coherente, que
responda tanto a corto como a largo plazo a las necesidades. Precisamos
una gestión eficaz de nuestras fronteras exteriores, con el fin de
garantizar la libre circulación dentro de la UE, de aportar una
auténtica protección a quienes la necesiten y, al mismo tiempo, de
brindar canales para la migración legal y la movilidad».
¿Y qué piensan los ciudadanos europeos de todo esto?
Pues, según una encuesta de Eurobarómetro, hay división de opiniones.
Mientras un 42% de los encuestados cree que la UE debería promover la
inmigración laboral desde países no pertenecientes a la UE para ayudar a
abordar los retos demográficos y la escasez de mano de obra, un 46 %
discrepa.
El 68 % de los encuestados considera que los inmigrantes legales
deben tener los mismos derechos que los ciudadanos nacionales. Sin
embargo, son mayoría los que piensan que los inmigrantes pueden tener
dificultades de integración, a causa de la inmigración, y la mitad de
los europeos cree que la inmigración enriquece a los países de la UE
económica y culturalmente.
El informe sobre inmigración y asilo de 2011 recomienda superar la
retórica anti-inmigración, que amplifica las desventajas y olvida la
contribución positiva de la migración a Europa para crecer y prosperar.
Propone actuaciones en un doble sentido de concienciar a la población
europea sobre esa idea y, a la vez, a los inmigrantes de la necesidad de
adaptarse a las sociedades en las que viven.
Infundir confianza es esencial, dicen los expertos de la Comisión
Europea. Por tanto, hay que evitar que se implante el concepto de
«Europa fortaleza», sin renunciar a tener unas fronteras seguras con
vías legales de entrada de extranjeros. La UE no puede vivir aislada.
Por eso, se necesita una mayor implicación de asociaciones de migrantes,
empresarios y sindicatos para establecer una política que responda a
las necesidades europeas y también ofrezca seguridad a quienes necesitan
protección.
En consecuencia, Bruselas plantea a los Estados actuar en diferentes
frentes: garantizar que las oportunidades de migración legal y movilidad
respondan a las necesidades de la UE, trabajar en la integración
efectiva, responder a las presiones migratorias aplicando las medidas
existentes para reducir la migración irregular mediante la cooperación
con países terceros y lograr un sistema europeo común de asilo en 2012.
Para conseguirlo, la UE es consciente de los problemas de
financiación de los Estados y afirma, un tanto abstracta, que «el apoyo
de la UE a través de la ayuda financiera en materia de migración y
movilidad sigue siendo un aspecto importante de solidaridad en el
interior de la UE y de la cooperación con los países no pertenecientes a
la Unión».
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