BENIDORM.- El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, ha llegado a un acuerdo con un total de quince entidades bancarias de la localidad para trabajar "conjuntamente y evitar"
los desahucios en los que exista riesgo de exclusión social para los
afectados, situación en la que actualmente se encuentran 14 familias del
municipio, según ha informado en un comunicado el citado Ayuntamiento.
Para ello, el alcalde y la primera teniente, Gema Amor, han
mantenido ya una reunión con representantes de una quincena
de entidades bancarias de la localidad para pedir su colaboración en la
creación de una oficina de mediación para este tipo de desahucios.
Así, Navarro ha explicado que la vista ha sido "positiva" y que
los responsables de las entidades se han mostrado "colaboradores con la
idea y predispuestos a trabajar codo con codo con la persona de
contacto, un asesor financiero, que trabajará en la oficina".
Igualmente, ha resaltado que se ha llegado a un acuerdo con los representantes para trabajar "conjuntamente y evitar" los desahucios.
"Se ha conseguido una garantía de moratoria para que el consistorio tenga tiempo de buscar soluciones", entre las que ha destacado la cesión temporal de pisos de propiedad del Ayuntamiento, la búsqueda de alquileres "muy baratos, cuyo gasto asumiría Bienestar Social", ha indicado el alcalde.
Navarro también ha explicado que se ha llegado a un acuerdo con
las entidades bancarias para trabajar conjuntamente y evitar los
desahucios, y en los casos en los que sea imposible impedirla, "se ha
conseguido una garantía de moratoria para que el Ayuntamiento tenga tiempo de buscar soluciones".
Entre las posibilidades propuestas, el primer edil ha destacado
la cesión temporal de pisos propiedad del Consistorio, la búsqueda de
alquileres muy baratos, "cuyo gasto asumiría Bienestar Social", así como la búsqueda de empleo para las personas afectadas, a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local.
Así, a partir de este jueves el Consistorio se pondrá en contacto
con las familias afectadas, en total catorce, y mediará para que los
bancos busquen las soluciones existentes.
Por su parte, la oficina de mediación se pondrá en marcha a partir
del próximo 1 de diciembre y contará con personal de la Concejalía de
Bienestar Social, que emitirá informes para determinar los casos en los
que el lanzamiento de la vivienda suponga un desarraigo para los
afectados y que no puedan ajustarse a la Ley anunciada hace unos días
por el Gobierno.
El nuevo servicio contará con un asesor financiero, que será el
que trabaje directamente con las entidades financieras, un jurista y un
trabajador de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local.
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