VALENCIA.- La Generalitat presentará un recurso de suplicación contra la
sentencia de un juzgado de Alicante que condena a la Conselleria de
Sanidad a indemnizar a los médicos, con cantidades que van desde los
5.000 hasta los 49.000 euros, por la falta de elementos de protección a
la que fueron sometidos durante la primera ola de la pandemia de la
covid-19, según fuentes sanitarias.
En el
fallo, el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante da la razón al
Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) y señala que la
Conselleria de Sanidad tiene "la obligación", en aplicación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, de "adoptar medidas y medios de
protección tanto colectivos como individuales".
El
fallo añade que el incumplimiento de las medidas de prevención
individual ha significado un grave riesgo para la seguridad y la salud
de todos los trabajadores sanitarios, especialmente para el personal
facultativo, "por su exposición directa al riesgo de contagio que ha
significado".
Afirma que Sanidad infringió la
obligación de tomar medidas "desde el conocimiento que se tenía de la
existencia de una pandemia de COVID-19 y, especialmente, desde la
declaración del estado de alarma" que estableció el real decreto del 14
de marzo de 2020.
Según la sentencia, durante
los meses de marzo, abril y mayo de 2020, el personal sanitario de los
centros médicos de Alicante, entre los que se encontraban los 154
trabajadores demandantes, solo dispuso de una mascarilla por semana para
la prestación de sus servicios, ya que las que se disponían estaban
guardadas bajo llave por los responsables del respectivo centro.
"Se
vieron en la necesidad de reutilizar batas desechables" y no se les
facilitó gorros sanitarios, ya que se estimó que no eran necesarios, al
igual que las pantallas, y a partir del mes de junio de 2020 fue cuando
empezaron a tener mayor abastecimiento.
Asimismo,
indica que los facultativos sanitarios "tienen derecho a ser
indemnizados por los daños y perjuicios personales y morales", y por
ello establece distintas indemnizaciones.
Así,
establece 5.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron
forzados a trabajar sin elementos de protección adecuados, de 15.000
euros para cada uno de los trabajadores que fueron objeto de aislamiento
por contacto con afectados de covid-19; de 35.000 euros para cada uno
de los trabajadores que se contagiaron pero no precisaron ingreso
hospitalario; y de 49.180 euros para cada uno de los trabajadores
contagiados de covid-19 que fueron hospitalizados.
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