Las autoridades sanitarias calculan que en torno al 13% de la población de esa edad, que asciende a unos tres millones de personas, no ha recibido ninguna dosis de la vacuna, según adelanta el periódico español El País.
La obligatoriedad de la vacuna, una de las recomendaciones del comité científico que asesora al Ejecutivo, se aplicará a todos los residentes en Italia, incluidos los ciudadanos extranjeros que hayan cumplido 50 años.
“Queremos empujar a los italianos que aún no se han vacunado a hacerlo. Intervenimos en particular sobre las edades que están más en riesgo de hospitalización para reducir las presiones sobre los hospitales y salvar vidas”, ha dicho Draghi.
Fuentes del Gobierno confirman a El País que para quienes incumplan la obligación se prevén sanciones, como la suspensión del empleo para los trabajadores o una multa de 100 euros para quien no trabaje.
La medida ha recibido el respaldo unánime del Consejo de Ministros y se aprobará mediante un decreto, ya que el país se encuentra todavía en estado de emergencia. Aún no se han explicado los detalles de cómo se llevará a la práctica.
El debate sobre la vacunación obligatoria lleva semanas muy vivo en Europa, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, subrayó a principios de diciembre que el Ejecutivo comunitario no tiene competencias para introducir esa obligatoriedad, pero que consideraba “entendible y apropiado liderar esta discusión ahora”.
En Austria, la medida entrará en vigor también el mes que viene. Y el Gobierno alemán llevará una ley al Parlamento para hacer obligatoria la vacunación también a partir de febrero.
El primer ministro, economista, siempre ha apostado por las vacunas como la mejor vía para poder garantizar la actividad, se ha decantado por esta medida, muy discutida en la gran coalición de Gobierno, para detener la explosión de contagios que ómicron está provocando en el país.
Draghi siempre ha tratado de priorizar la recuperación económica del país y ha impulsado la campaña de vacunación con toda su artillería. En los últimos meses, ha ido aprobando cada vez imposiciones más severas en esa dirección para cercar a los indecisos y, en la práctica, forzarlos a vacunarse.
En la actualidad, el acceso al ocio, como los bares, restaurantes, cines o teatros, está limitado solo para los vacunados o los que hayan superado la infección.
En el país transalpino algunos profesionales, como los sanitarios, los profesores de infantil, primaria y secundaria o las fuerzas del orden, ya están obligados a vacunarse o de lo contrario son suspendidos de empleo y sueldo. Como novedad, también deberá vacunarse el personal de las universidades, para equiparar sus condiciones a los trabajadores de escuelas e institutos.
El primer ministro ya advirtió hace una semana, en su conferencia de prensa de fin de año, que ampliar la vacunación obligatoria estaba sobre la mesa y que no le temblaría el pulso para aprobarla llegado el caso. “Lo haremos en tiempos rapidísimos”, dijo entonces.
El Consejo de Ministros ha aprobado además la ampliación del uso del certificado covid, que prueba que el portador está vacunado, ha superado la infección o se ha realizado recientemente una prueba de detección de coronavirus con resultado negativo.
Este salvoconducto, prácticamente imprescindible para la vida diaria y para acceder al trabajo o utilizar los medios de transporte, será obligatorio también para acudir a peluquerías, centros de estética, oficinas de atención al público, bancos y otras actividades comerciales que el Ejecutivo aún deberá especificar en los próximos días.
Otra de las medidas que ha discutido el Consejo de Ministros es la imposición para todos los trabajadores o para acceder a tiendas y centros comerciales del certificado sanitario reforzado, que se obtiene solo cuando se está vacunado o se ha pasado la enfermedad.
Esta norma no ha terminado de encontrar el consenso entre las fuerzas de la coalición gubernamental. Partidos como la ultraderechista Liga han señalado en diversas ocasiones que este pasaporte reforzado podría entenderse como una vacunación obligatoria enmascarada para todas las edades y se han mostrado contrarios a su uso.
El Gobierno italiano recomendará el teletrabajo las próximas semanas. Y cambiará las normas de seguridad en las escuelas. En las guarderías, con un caso positivo se suspenderán las clases durante 10 días. En la escuela primaria, con un caso positivo se realizarán pruebas de detección masiva entre los estudiantes y con dos o más casos se suspenderá la presencialidad durante 10 días.
En los institutos, en cambio, con un positivo en la clase se activará el protocolo de autovigilancia y se pedirá a los alumnos que acudan con mascarillas FFP2; con dos casos en la misma clase se prevén cuarentenas en función del grado de vacunación de los compañeros y con tres positivos se activará la educación a distancia durante 10 días.
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