Fuentes del Departamento de Sanidad han expresado su “respeto” a las decisiones judiciales, aunque no han aclarado si recurrirán, una opción que están estudiando ya los servicios jurídicos de la DGA.
El TSJA sostiene, en un nuevo varapalo al Gobierno de Javier Lambán, que el pasaporte no da garantías de una “absoluta seguridad” o de “inexistencia de contagios”. También alude al alto índice de vacunación, superior al 90% entre los mayores de cinco años. “En el momento actual, la medida ni se prevé idónea, ni necesaria hasta el punto de justificar el impacto que la misma opera en los derechos fundamentales afectados”.
Para los recurrentes, representados por el letrado Fernando Valero Sánchez, la Orden del Ejecutivo aragonés infringía “el principio de legalidad y de jerarquía normativa y de seguridad jurídica”. La DGA, no obstante, alegó que la medida se limitaba a dar continuidad al certificado, que la Sala ya había tenido por “proporcionado”.
En su escrito, el Ejecutivo insistía en que era “idóneo y necesario” a pesar incluso del “sensible” descenso de la incidencia acumulada. El objetivo no era otro que garantizar “espacios de mayor seguridad y protección para enfermos y residentes” y subrayar la importancia de la vacunación.
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