MADRID.- Llama mucho la atención que la algarada callejera promovida por
los sindicatos y los partidos de izquierda con los pensionistas en las
últimas semanas, y que ha sido neutralizada con poco más que un
aguinaldo del Gobierno, resista todavía en el País Vasco, sobre todo en
Bilbao, según Cinco Días.
Todas las semanas centenares de señores y señoras
reclaman en la calle una “revalorización digna” de sus pensiones. Llama
la atención hasta la sorpresa que la aristocracia de la Seguridad Social
mantenga el pulso de manera tan vívida, cuando disponen de los mejores
niveles de renta pública de todo el país.
En el País Vasco la pensión
media de jubilación es ahora un 23,5% más elevada que en el resto de
España, pero esa ventaja llega al 26,3% si el perceptor es del mismo
Bilbao, donde se cobran los retiros más elevados del Estado. Nada menos
que un 53% más altas que las extremeñas o las gallegas.
Puede interpretarse su numantina reivindicación como un
ejercicio de solidaridad con el resto del Estado, en el convencimiento
de que su demanda se imponga y se extienda a todo el territorio.
Pero
sorprende descubrir que la solidaridad se manifiesta más bien al revés. Las cuentas de la
Seguridad Social
desagregadas por territorios revelan que uno de los mayores niveles de
déficit de cotizaciones se registra precisamente en el País Vasco: en
2016, últimas cuentas plenamente cerradas por la Tesorería General del
sistema de pensiones, las cotizaciones empresariales y sociales
aportaron 5.951 millones de euros en el País Vasco, mientras que el
gasto en pensiones contributivas (las que teóricamente deben costearse
con cotizaciones) ascendió a 8.223 millones de euros; un déficit de
2.272 millones de euros, nada menos que del 27,6%.
Un déficit de unos
4.139 euros por cada pensionista (y hasta 4.852 si se trata de los
residentes en el mismo Bilbao), y que se incrementaría si su
reivindicación de una “revalorización digna” fuese atendida. Por
supuesto que todas las reivindicaciones son legítimas, pero algunas, y
esta está entre ellas, son imposibles porque son infinanciables.
La solidaridad en la Seguridad Social viaja en todas las direcciones,
y dado que se trata de un compromiso entre generaciones, entre niveles
de renta y entre territorios, su tesorería debe estar unificada en una
sola caja y sometida a un criterio de aportaciones y prestaciones
unificado para todo el territorio que garantice la igualdad de todas las
personas, vivan allá donde lo deseen.
Una caja única que en
ocasiones han pretendido descerrajar las demandas nacionalistas, pero
que han sido neutralizadas por unas simples cuentas de entrada de
recursos y salida de prestaciones.
La hoja de ruta diseñada por
los independentistas catalanes preveía la creación de su propia
Seguridad Social, pese a que en Cataluña el
sistema de pensiones
tiene también un importante déficit de cotizaciones, de nada menos que
3.214 millones de euros, un 15,22% de los gastos en prestaciones
contributivas. Debe ser por ello que entre sus planes estaba que España
siguiese abonando las pensiones durante un tiempo después de creada la
República Català.
En el caso del País Vasco, también estuvo entre sus
demandas en el pasado; pero hace ya mucho tiempo que ha desaparecido del
catálogo de competencias por inconveniencia financiera. Ahora ha
revivido por conveniencia parlamentaria, pero solo se reclama abonar las
pensiones a los ciudadanos, pero que el dinero lo ponga Madrid.
Hoy, con un desfase financiero de unos 18.000 millones de
euros, la Seguridad Social no dispone de recursos aportados por los
trabajadores y los empresarios para satisfacer las prestaciones
contributivas.
Y un análisis regional de las cuentas revela que
casi todas las comunidades tienen déficit contributivo, con las únicas
excepciones de Madrid, Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla. Y si las cuentas territorializadas de las pensiones
registran abultados déficits con las citadas excepciones, es porque las
cuentas de cada uno de los españoles con la Seguridad Social también son
deficitarias.
De hecho, nadie, ni el español que por más tiempo
y por mayores cuantías haya aportado al sistema público de previsión se
ha financiado la totalidad de la pensión que con la esperanza de vida
actual va a llegar a su casa. Nadie.
Un cálculo de la prestación a cobrar por cualquier cotizante con la
actual legislación demuestra que nadie ha puesto lo que se va a llevar
en condiciones normales. La gente precisa cotizar durante al menos 15
años para acceder a una prestación contributiva de retiro, y la
prestación será superior cuantos más años y por mejores cuantías haga
las aportaciones.
Dado que desde que comienza Juan Español a cotizar con
su primer empleo hasta que percibe su última pensión cambian las
condiciones de vida, la norma aplica coeficientes que corrijan los
efectos destructivos de la inflación, tanto en las cotizaciones como en
las pensiones.
Pero aplicando las fórmulas de cálculo recogidas en la norma
como si no hubiese inflación en los 40 años que cotiza un trabajador y
los 20 que de media percibe pensión para hacer un ejercicio lo más fiel
posible de lo pagado y de lo cobrado, podemos aproximarnos al nivel de
autofinanciación que cada cual tiene con su pensión.
Realizamos el
cálculo de la pensión
a percibir por seis individuos que se jubilan en enero de 2022, cuando
haya culminado una parte importante del periodo transitorio de la
reforma de 2011, cuando sean precisos ya 66 años de edad, 36 de
cotización mínima para disponer del 100% de la base reguladora, y cuando
se contabilicen los 25 últimos años de cotización para calcular las
cuantía.
El Ciudadano A, un ingeniero industrial de carrera ininterrumpida de
cotización, ha aportado siempre por la base máxima, pongamos los 3.751,2
euros actuales durante 36 años (recuerde que España ha vivido en el
mejor de los mundos sin inflación durante seis décadas para hacer este
simulacro), y con una aportación neta de 1.061,58 euros al mes (de los
que la mayor parte los ha puesto la empresa, y no él), alcanza los
12.739 euros al año, o la nada despreciable cantidad de 458.604 euros
durante los 36 años de activo.
Dado que tendría derecho a percibir el 100% de la base reguladora
(base de cotización multiplicada por 300 y dividida por 350), cobraría
una prestación de 3.215,29 euros al mes, que llegarían a los 45.014,06
euros con las 14 pagas. Como ya prácticamente ahora la esperanza de vida
a la jubilación legal es de casi 20 años, el Ciudadano A se llevará a
su casa 900.281 euros.
Pero como una
de las virtudes de la caja única
para garantizar la solidaridad es topar la prestación máxima en 2.580
euros, el citado pensionista solo percibirá tal cantidad 14 veces al
año, y 722.428 euros hasta el fallecimiento. El déficit personal con el
sistema ascenderá a 263.824 euros, y sus aportaciones solo habrían
financiado la pensión 12,69 años.
El Ciudadano B, con una vida laboral más dilatada, con 46
años de aportaciones, siempre en base máxima de cotización, habría
cotizado 558.992 euros, su déficit personal llegaría solo a los 136.436
euros, y habría financiado 16,22 años de jubilación.
Veamos qué relación financiera tiene con el sistema un trabajador en
el polo opuesto: un auxiliar administrativo que solo aportó los 15 años
exigibles para disponer de retiro contributivo. Con la base estanca de
858,6 euros (la mínima), el Ciudadano C aporta 2.915,8 euros al año, y
43.737 durante los 15 años de cotización.
Como solo tiene derecho a
percibir el 50% de la base reguladora (base de cotización multiplicada
por 180 y dividida por 210), cobrará una pensión de 367,97 euros 14
veces al año, que pueden llegar a los 103.031 durante todo su retiro.
Pero la Seguridad Social, con la virtud de la caja única y solidaria
entre niveles de renta, le abonará un complemento hasta llegar a la
pensión mínima garantizada de 639,3 euros al mes.
Así, percibirá 8.950
euros al año, y 179.004 durante los 20 años de media que vivirá como
pensionista. Su déficit personal con el sistema será de 135.267
euros, y solo habría financiado la pensión de 4,88 años. Un hipotético
Ciudadano D, con la mala suerte de aportar solo 15 años, pero con la
buena fortuna de hacerlo por base máxima, solo podría financiarse la
prestación de retiro durante 8,49 años.
Cotizar por bases medianas, que es lo más común, como hace el
Ciudadano E, no mejora mucho las cosas respecto a su relación financiera
con el sistema aunque se haya aportado durante 30 años: el déficit
personal sería de 242.000 euros, la mitad de la prestación, y solo
cubriría 9,83 años. Si se cotizan 36 años por la base mínima,
como hace el Ciudadano F, donde se refugian autónomos y trabajadores
manuales, el déficit es también de la mitad de la prestación cobrada,
justo para 10,1 años.
Pero la Seguridad Social no son cuentas personales. Es un mecanismo
de reparto que no es otra cosa que un sistema piramidal de adscripción
obligatoria en el que con las aportaciones de los entrantes se les abona
la pensión a los salientes, y siempre se necesitará una masa
suficientemente elevada de ahorradores (cotizantes) para poder devolver
lo ahorrado a los pensionistas.
Con los actuales volúmenes de aportación
y de pensión individual, siempre serán necesarios cerca de tres
afiliados por cada prestación, al menos mientras el retorno de la
primera pensión sea tan elevado como es (casi el 80% del último sueldo,
el más generoso de Europa); ahora únicamente hay dos personas pagando
por cada una cobrando, pero con grave desequilibrio para el mecanismo,
que se agravará si no se modifican las cuantías a aportar (al alza) y
las cuantías a cobrar (a la baja).
En marzo pasado cotizaban en su condición de ocupados 18,5 millones
de personas (también lo hacen los desempleados con seguro contributivo,
pero lo hacen de forma transitoria hasta que agoten la prestación), para
sostener a 9,58 millones de pensiones públicas. Una ratio de
dependencia de 1,93 cotizantes por pensionista.
Y una vez más,
solo Canarias (2,51), Baleares (2,38), Madrid (2,71), Murcia (2,31) y
Navarra (2,05), junto con Ceuta y Melilla, superan el listón de lo
aceptable. Cantabria (1,51), Asturias (1,18), Castilla y León (1,46) y
Galicia (1,29) están en situación cuasi dramática, acuciadas por una
despoblación y una desocupación crecientes.
Estas ratios tan desiguales tienen también bastante que ver con la
movilidad demográfica tras el retiro, de tal forma que las regiones que
concentran mayores niveles de empleo lo pierden en favor de las de mayor
arraigo rural para acoger a los pasivos, un fenómeno que se manifiesta
de forma intensa en Castilla, Extremadura y Galicia. En algunas
provincias la ratio de dependencia es inferior a uno, con menos de un
cotizante por cada pensionsta: Zamora, León, Orense, Soria, etc.
Este déficit territorial que empaña a casi todas las comunidades es
el que convierte a la caja única de la Seguridad Social en sagrada, para
atender las deficiencias allí donde se producen, ya sea de forma
puntual (acogida de pasivos) o endémica (falta estructural de activos).
