VALENCIA.- Uno de las causas judiciales estrella de los últimos años lleva camino, por fin, de llegar a su punto y final. El empresario francés Jean Luc Lagier, implicado junto al ex director general del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) José María Tabares, en la estafa cometida sobre la citada institución y en la que se vieron implicados también varias entidades bancarias, fue detenido el pasado 20 de julio en los alrededores de París.Lagier y Tabares (ambos en la imagen) fueron declarados en paradero desconocido y en situación de búsqueda y captura hace pocos meses –el ex alto cargo el pasado mes de diciembre y el empresario en enero–. La decisión se tomó poco más de un mes después de que la Audiencia de Valencia dictara órdenes de ingreso en prisión contra uno y otro.
Los hechos por los que se condenó a Tabares y a Lagier se remontan a 1998. Según la sentencia condenatoria, dictada en marzo de 2005 tras un juicio en el que declararon como testigos varios ex altos cargos del Gobierno valenciano, uno y otro acusado tramaron una serie de “ruinosas, descabelladas y delictivas” operaciones económicas que generaron el millonario agujero en perjuicio de tres bancos y del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX).
En las mismas, el ex director general de la entidad pública actuó “con extrema libertad y a sus anchas”, a espaldas del Consejo de Administración del IVEX e incluso “haciendo desaparecer” cualquier rastro de la trama financiera. El beneficio patrimonial fue a parar a manos del empresario galo.
En su sentencia, la Audiencia impuso cinco años de prisión a cada uno de los procesados por un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad. Además, ambos deberán pagar 10,4 millones de indemnización a los bancos Fortis Bank, BSCH y BBVA, al IVEX (incluido el coste de la ampliación de capital y los 4,4 millones pagados a los bancos antes del juicio) y a la propia Generalitat Valenciana “por la pérdida de valor de las acciones” de la entidad.
Derechos de compensación
La trama en la que están implicados el empresario y el ex alto cargo del Gobierno valenciano tiene su origen en el interés admitido por Ford-España de exportar vehículos a Túnez a principios de 1995. Para permitirlo, las autoridades de ese país exigían a las empresas extranjeras que, a su vez, adquirieran mercancías procedentes de este país africano, lo que se conoce como generación de ‘derechos de compensación’.
Con el fin de obtener esos derechos de compensación, Tabares mantuvo contactos con Lagier y Ford Europa, que dieron lugar a los contratos por los que las empresas tunecinas del galo (Sonotube y Smac) vendían sus productos al IVEX y ésta a la firma Apod (de Lagier) por el mismo precio, corriendo la primera con los gastos de financiación. De esta forma, el IVEX figuraba como comprador de productos tunecinos, lo que le generaba derechos para exportar a Túnez, que cedería a través de unas comisiones pactadas a Ford.
Sin embargo, tras unas primeras operaciones en las que sí se cobró, las sucesivas fueron “sistemáticamente desatendidas” por Apod aunque los responsables del IVEX “decidieron seguir con la operación sin ejercitar acción alguna” contra ella. Este hecho provocó que comenzara a generarse una deuda.
La sentencia que condenaba a los dos acusados dio lugar a una avalancha de recursos, que o han sido rechazados por las distintas instancias judiciales o siguen pendientes de pronunciamiento. De hecho, tanto la defensa de Tabares como la del empresario francés siguieron caminos paralelos a la hora de presentar las iniciativas legales dirigidas a aplazar o evitar el ingreso en prisión. El último recurso presentado por Tabares fue ante el Constitucional, que rechazó la reclamación del ex director general del IVEX para evitar el ingreso en prisión. Lagier por su parte vio rechazado un recuso de nulidad ante el Supremo y tiene pendiente el pronunciamiento del Constitucional sobre otro.
Ambos han comenzado a preparar los trámites para presentar un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y no son trámites ‘simples’ que digamos. De hecho, podrían pasar varios años antes de que ese tribunal se pronunciara sobre estos casos. El primero de los dos condenados que se planteó el recurso a ese tribunal fue Tabares.
Desde el entorno de Tabares se ha asegurado que la idea de recurrir ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos tenía más relación con “reponer el honor” que con la libertad del ex director del IVEX. “Se siente utilizado como un chivo expiatorio, como si se hubieran cebado con él y hubieran dejado al resto de responsables del IVEX en su época sin culpa de nada”, añaden las fuentes consultadas. Según las mismas, Tabares está decepcionado con la actitud de algunas personas.
Documentación
La detención, llevada a cabo por investigadores adscritos a la Comisaría General de Policía Judicial –el Grupo de Localización de Fugitivos de la Brigada Central de Crimen Organizado–, en colaboración con la Comisaría General de Policía Judicial la Brigada frances de búsqueda de fugitivos se produjo sobre las 12 del mediodía del 20 de julio, cuando Lagier se encontraba acompañado de su esposa. A la vez que se produjo la detención, se intervino documentación al empresario francés, así como un total de tres teléfonos móviles.
El análisis llevado a cabo de la mencionada documentación no aportó novedades que pudieran facilitar la localización y detención del otro implicado, José María Tabares. De hecho, ha sido esa circunstancia la que ha provocado que no se hiciera pública hasta la fecha la detención del empresario galo. No obstante, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ya tenía conocimiento de esta detención.
Lagier, que todavía se encuentra en Francia, será entregado a las autoridades españolas en las próximas fechas.
La detención del empresario francés no pone el punto y final sobre el caso, toda vez que el otro implicado en el caso, José María Tabares, continúa en paradero desconocido. No obstante, devuelve al primer plano de actualidad la trama que ambos urdieron, y por la que han sido condenados.
Entre otras razones porque el IVEX se ha visto salpicado posteriormente por alguna otra polémica. Después de que Carmen de Miguel relevara a Tabares como máximo responsable del instituto, el caso de la estafa de Tabares y Lagier saltó a los juzgados. Pero desde poco después, la que comenzó a ocupar espacios destacados en los medios de comunicación, y ahora está en los juzgados, es la que afecta a la contratación del cantante gallego Julio Iglesias como imagen promocional de la Comunitat.
El juzgado investiga si el IVEX emitió facturas dobles y desvió dinero relacionado con el contrato a Julio Iglesias, y por lo tanto, si se cometieron los supuestos delitos de malversación de fondos, fraude fiscal y apropiación indebida relacionada con la etapa del cantante como embajador valenciano.
Sobre José María Tabares, ex director general del IVEX, pesa una orden de búsqueda y captura (en España y la Unión Europea) desde finales de diciembre, hace ya más de siete meses. El que fuera corresponsable, junto al empresario Jean-Luc Lagier, de la trama para estafar al Instituto Valenciano de la Exportación, se encuentra en paradero desconocido y en diciembre tenía que haber ingresado en prisión.
El recorrido de Tabares desde entonces ha sido de lo más estrambótico. Una cadena de recursos, errores en domicilios y viajes ocultos ha favorecido el retraso en el cumplimiento de la condena del ex director del IVEX. La historia del empresario sevillano es tan llamativa que hasta saltó a la pequeña pantalla de la mano del programa de Antena 3 ‘Los más buscados’.
A principios de noviembre, la Audiencia de Valencia ordenó el ingreso en prisión de Tabares y Lagier, para cumplir una condena de cinco años por un delito de estafa continuada al IVEX y por falsedad documental. En noviembre tenía que producirse el internamiento, y desde entonces los dos empresarios han estado jugando al gato y al ratón con la justicia española.
Una escapada a China
Primero, fue un error en el domicilio lo que retrasó la entrega a Tabares de la orden de ingreso en prisión. El ex director del IVEX no vivía en Sevilla, como figuraba en el documento, sino en una pequeña localidad situada a ocho kilómetros, Valencina de la Concepción.
Por fin, el juzgado de paz de esta población sevillana localizó la vivienda del empresario. Sin embargo, cuál fue la sorpresa del funcionario de turno cuando, al telefonear al domicilio, una mujer explicó que “el señor está en China, y no sé cuándo volverá”.
Entre idas y venidas finalizó el plazo para que Tabares recogiera el exhorto judicial y decidiera entrar en prisión. El documento realizó el viaje de vuelta al lugar desde el cual había salido: de Valencina de la Concepción a la Audiencia de Sevilla, y de ahí a la Audiencia de Valencia. El ex director del IVEX seguía sin dar señales de vida, y la última instancia dictó una orden de búsqueda y captura. Primero, para el territorio nacional, aunque después se amplió a la Unión Europea. Se descartó China.
En estos más de siete meses, Tabares también ha interpuesto multitud de recursos para retrasar al máximo el momento de entrada en prisión. La Audiencia de Valencia, el Tribunal Supremo y el Constitucional han rechazado sus apelaciones. El próximo paso será el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Sin embargo, el ex alto cargo de la Generalitat tiene pocas posibilidades de que sus recursos prosperen. Además, con la caída de Lagier el cerco se estrecha.
Estos son los delitos que denunciaron ocho diputados del PSPV a finales de 2004 y que dieron pie a la apertura de una investigación que se sigue en el juzgado de Instrucción número 19 de Valencia. El contrato fue realizado en 1998, cuando Eduardo Zaplana era presidente de la Generalitat.
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