MADRID.- La secretaria general del PP y presidenta del PP por Castilla-La Mancha, Maria Dolores de Cospedal, aseguró en RNE con respecto al trasvase Tajo-Segura, sobre el que se había fijado el 2015 como fecha de su caducidad en el Estatuto castellano-manchego y el Gobierno central quiere revisar en el Parlamento, que su partido será «muy respetuoso con la decisión final de las Cortes Generales». De Cospedal dijo defender lo establecido en el Estatuto y «la fecha» que éste fija, ya que recuerda que fue «aprobado por unanimidad», apoyado tanto por el PP como por el PSOE.
La dirigente popular defiende la «necesidad» de articular un plan nacional que regule un «bien común para todos los españoles como es el agua», ya que todas las comunidades autónomas y «en especial Castilla-La Mancha están en una situación drástica». Reclama soluciones para su autonomía y recalca que el trasvase Tajo -Segura es el «único importante que de verdad existe» en nuestro país, con una situación muy distinta al del Ebro.
La número dos del PP aseguró que ha sido el secretario del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Ramón Jaúregui, el que ha dicho que su grupo no apoyará el final del trasvase en la tramitación parlamentaria de la reforma en la Cámara Baja que está previsto se inicie este mes y que los socialistas modificarán esa disposición incluida en el nuevo Estatuto.
De Cospedal cree que por eso tiene que ser el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha el que explique por qué su partido, que gobierna en España, y la dirección de su grupo en el Congreso se oponen a la caducidad del trasvase.
Por su parte, el PP de Castilla-La Mancha, tras conocerse que el Grupo Socialista en el Congreso corregirá el artículo del Estatuto de Castilla-La Mancha que pone fecha de caducidad al trasvase Tajo -Segura en 2015, aseguró que la credibilidad del presidente regional, José María Barreda, en materia de agua «ha terminado».
Así se pronunció en rueda de prensa el diputado regional Leandro Esteban, quien preguntó a Barreda qué le parecen las declaraciones que este fin de semana hacía el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, y las manifestaciones del vicepresidente primero, Fernando Lamata, que «hablaba de otras alternativas» en el caso de que no se apruebe el texto.
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