GRANADA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha abogado este jueves por establecer controles previos y "filtros" por parte de la Administración que ayuden a paliar e impedir conductas urbanísticas delictivas y evitar, de esa manera, dar solución a estos casos exclusivamente desde el ámbito de la jurisdicción penal.
Antes de inaugurar en la Facultad de Derecho de Granada del congreso 'Delincuencia urbanística y corrupción política', Del Río ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que, pese a que este tipo de casos tienen gran trascendencia social y económica, no debe de trasladarse a la sociedad que España es una país donde "campea" la corrupción, puesto que esa "no es la regla ni la tónica".
No obstante, sí ha advertido de la necesidad de dotar a los juzgados de medios suficientes para el tratamiento de este tipo de casos, ya que en ocasiones relacionan a un gran número de imputados, e implican la realización de periciales y el trabajo de personal de refuerzo.
El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada (UGR), Lorenzo Morillas, ha apostado también por arbitrar soluciones en el marco del derecho administrativo para resolver posibles infracciones administrativas, frente al ámbito penal, como, según ha dicho, se aplica en países como Alemania.
En ese sentido, ha abogado por una "alternativa intermedia" entre el sistema alemán y el español, donde el ámbito punitivo es cada vez "más expansionista", en parte porque, a su juicio, las infracciones urbanísticas han sido "un factor importante" en el desencadenamiento de la crisis actual en el país. Si la vía administrativa logra ser eficaz en el tratamiento de los casos de corrupción, las penas más severas podrían ir destinadas a los hechos más graves, ha señalado Morillas.
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