ALICANTE.- Caja Mediterráneo (CAM) gastó cantidades que oscilan entre los 900.000 y el millón de euros anuales en la contratación de las auditorías para autentificar sus cuentas, cuya veracidad cuestiona ahora el Banco de España, según revela hoy 'Abc'.
Durante el juicio por el despido de María Dolores Amorós, celebrado el pasado día 24, la letrada de la CAM y uno de los administradores del FROB acusaron a la ex directora general de haber falseado las cuentas de la caja de ahorros, con el fin de ocultar al Banco de España y a los inversores la grave situación en la que se encontraba la entidad.
En su descargo, la letrada de Amorós alegó que dichas cuentas fueron auditadas por una prestigiosa firma sin recibir ni una sola salvedad. Del mismo modo, en las alegaciones que ha presentado al expediente disciplinario abierto por el Banco de España, el presidente de la comisión de control de CAM, Juan Ramón Avilés Olmos, recuerda que en los últimos 20 años, exactamente desde 1991, la misma firma auditora no ha planteado ni una sola salvedad y ha dado por ciertas siempre las cuentas presentadas en su integridad.
Varios de los ex consejeros y directivos de Caja Mediterráneo expedientados por el Banco de España han avanzado que apelarán a este dato para rebatir la acusación de haber incurrido en irregularidades contables en la gestión de la entidad.
No obstante, durante el juicio por el despido de Amorós, el administrador del FROB José Antonio Iturriaga desveló que, tras la intervención por parte del Banco de España, la firma auditora presentó un informe adicional en el que sostiene que el equipo directivo le ocultó datos esenciales, como la prima por opción de compra que pagaba en la titulización de créditos vendidos a inversores institucionales. El FROB sostiene que el equipo directivo de Amorós utilizó este procedimiento para aparcar y ocultar en el balance una parte de sus activos «tóxicos», con el fin de evitar tener que dotar las provisiones establecidas por el Banco de España.
Según la última memoria elaborada por la CAM, la caja pagó en el ejercicio 2010 un total de 893.000 euros a la firma encargada de verificar sus cuentas: 385.000 euros por la elaboración de las auditorías y la cantidad restante, algo más de medio millón, por otros servicios de asesoramiento. En el ejercicio 2009, la factura fue ligeramente superior y ascendió a 1.094.000 euros.
Durante el juicio celebrado el día 24, el administrador del FROB, Iturriaga, atribuyó las irregularidades detectadas en las cuentas a la lucha por «cuotas de poder» en el seno del Sistema Integral de Protección (SIP) que CAM había negociado con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. La «fusión fría» se rompió en marzo del pasado año, después de que los responsables de Cajastur tuvieran conocimiento de las presuntas deficiencias que el Banco de España había detectado en el balance de Caja Mediterráneo.
Además del expediente disciplinario abierto por los servicios de inspección del Banco de España, la Audiencia Nacional tramita una querella contra Amorós y otros ex directivos de la caja por supuestas irregularidades en su gestión.
Por su parte, la Plataforma CAM ha mantenido durante esta semana contactos con afectados por la quiebra de la caja, fundamentalmente inversores que compraron cuotas participativas y han perdido ahora sus ahorros, para presentar una segunda querella. Hasta el momento, el banco de España no ha facilitado los informes que le ha solicitado la comisión de investigación de las Cortes Valencianas.
Precisamente el abogado de esta plataforma, Diego de Ramón, quiere que ahora se investigue a los administradores de la auditora KPMG.
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