ALICANTE.- El pleno de la Diputación Provincial de
Alicante ha aprobado este jueves por unanimidad una moción conjunta del
PP y del PSPV para pedir al Gobierno central, que apruebe una
modificación de la regulación hipotecaria o promueva una nueva norma
para hacer efectiva la dación en pago.
Con esta iniciativa, se pretende que en el futuro, en los casos de
residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la
vivienda, la totalidad de la deuda quede liquidada, tal y como sucede en
otros países de la Unión Europea y en EEUU.
Además, a través de este acuerdo, la Diputación de Alicante se ha
comprometido a instar al Gobierno para que busque mayores implicaciones
en las entidades financieras que han suscrito el llamado Código de
Buenas Prácticas propuesta por el Ejecutivo central, que permita reducir
el impacto que tiene en las familias los desahucios y embargos de su
vivienda habitual cuando se producen situaciones de insolvencia
sobrevenida.
En este sentido, hace especial hincapié en que las medidas de
reubicación de las familias afectadas en riesgo de exclusión social y la
utilización de los miles de pisos vacíos que están acumulando las
entidades financieras como consecuencia de estos embargos, de modo que
sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y
sin recursos en régimen de alquiler social o cualquier otra formulación
alternativa.
Así mismo, esta propuesta plantea que en la subcomisión de
transparencia de los productos financieros e hipotecarios creada en
abril de 2012 en el Congreso de los Diputados se aborden las situaciones
de sobreendeudamiento y garantice unos verdaderos procedimientos
concursales y de mediación para permitir un reparto equilibrado de
riesgos entre deudos y acreedor.
Por último, la moción establece que se dará traslado de estos
acuerdos al Consejo de Ministros, así como a los grupos parlamentarios
del Congreso y el Senado, a las Corts Valencianes, a la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca y a los ayuntamientos de la provincia de
Alicante.
Así mismo, PP y PSOE en la Diputación han apoyado otra propuesta
conjunta para instar al Gobierno central a no aplicar el recorte de 283
millones de euros para la financiación de la Ley de la Dependencia en
toda España.
En esta línea, la corporación, "sensible a la preocupación de los
ciudadanos y de los colectivos de dependientes", además propone
solicitar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que
analice la repercusión de los recortes en la aplicación de la Ley de
Dependencia y proponga al Gobierno central que en un plazo máximo de un
año revise su financiación.
Además, remarca la "preocupación" de los municipios alicantinos
por mantener la atención a las personas dependientes y la necesidad de
que se redoblen los esfuerzos técnicos y económicos con esta finalidad,
por considerarla una prioridad de todos los gobiernos y de la sociedad.
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