Roberto López Abad, ex director de la CAM, no puede abandonar ya territorio nacional por riesgo de fuga

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha impuesto este jueves a los exdirectores generales de la CAM María Dolores Amorós y Roberto López Abad la retirada de sus pasaportes, han informado fuentes jurídicas. En concreto, ha decretado para Amorós la prohibición de abandonar el territorio de la Unión Europea y ha decretado para el exdirector una medida de mayor dureza que le impedirá  viajar fuera de España.

   El magistrado ha ordenado, además, que ambos comparezcan cada 15 días en los juzgados más próximos a su domicilio. Las medidas impuestas apuntan a la apreciación por parte de Gómez Bermúdez de un evidente riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
El informe de los inspectores del Banco de España sitúa a López Abad, junto con el exdirectivo Daniel Gil (este está imputado en el caso Brugal) como el estratega de todas las operaciones inmobiliarias. El informe destaca que Abad pactaba proyectos antes incluso de ser autorizados por los órganos competentes de la caja y de la constitución de las sociedades.
Un ejemplo de esta práctica fue el macroproyecto urbanístico del Plan Rabassa (13.500 viviendas en la periferia norte de Alicante) que, según el mencionado informe, López Abad decidió “en una comida” con el socio mayoritario del proyecto, el promotor alicantino Enrique Ortiz.

   Los otros tres imputados en la causa que investiga las irregularidades en la gestión de la caja alicantina  --el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, el exdirector de Planificación y Control, Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo-- han quedado libres sin la imposición de medidas cautelares. 
El magistrado no ha adoptado ninguna medida cautelar, pero los mantiene imputados por delitos societarios, estafa y alteración del precio de las cosas. El juez ha acordado estas medidas a petición del letrado Diego de Ramón. El resto de partes, incluido el fiscal Anticorrupción, no ha solicitado ninguna medida preventiva para los imputados.

   Todos ellos han abandonado la dependencias judiciales pasadas las ocho y media de la tarde. Los cinco miembros de la cúpula directiva de la CAM se han visto obligados a acudir esta tarde a la Audiencia Nacional para comparecer en la vistilla del artículo 505 del Código Penal, convocada para estudiar la petición realizada por la Plataforma de Afectados por la CAM, que solicitó la imposición de una fianza solidaria de 12 millones de euros a los imputados para eludir la cárcel. La petición ha sido desestimada por el magistrado, que ha decretado, a cambio, las mencionadas medidas.

   Antes de la celebración de la vistilla Gómez Bermúdez ha tomado declaración al exdirector general López Abad, antecesor de Amorós, y gestor principal de la entidad entre los años 2001 y 2010. El alto cargo ha indicado que la crisis era común a todas la entidades bancarias y ha enfocado los errores de gestión a la intervención en la caja del Sistema Institucional de Protección (SIP).

   El exdirector ha eludido aceptar cualquier responsabilidad sobre la concesión de créditos de alto riesgo como la facilitada al proyecto inmobiliario Polaris World y sobre el lanzamiento de las participaciones preferentes.

   A lo largo de la pasada semana el juez interrogó a la última directora general de la Caja, María Dolores Amorós, al exdirector general de recursos Vicente Soriano Terol y al exdirector de Planificación y Control, Teófilo Sogorb. El magistrado les imputa la comisión de delitos societarios, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida.

   El nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha retomado con estas declaraciones las diligencias de investigación por la causa abierta contra la CAM en noviembre de 2011 por el juez Fernando Grande-Marlaska, a raíz de la denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón, que representa a cerca de 500 afectados por participaciones preferentes. A la causa se sumó la Fiscalía Anticorrupción.

   La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB, que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

   En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.