ALICANTE.- El excalcalde de la localidad alicantina de Orxeta Vicente Llinares
(PSPV) será juzgado el próximo jueves en Alicante por supuestamente
permitir en esta población la instalación y actividad de una fábrica
ilegal de hormigón en una parcela que él mismo había vendido a la
empresa.
La fiscalía solicita provisionalmente para él, por un delito de
prevaricación, un año de cárcel y diez de inhabilitación para cargo
público por unos hechos que se remontan a finales de 1999, cuando el
procesado presidía la corporación municipal.
El juicio se celebrará en el Juzgado de lo Penal nº6 de Alicante,
después de que tuviera que suspenderse a mediados de noviembre debido a
la enfermedad de un abogado de la acusación particular.
Además del antiguo primer edil, en el banquillo de los acusados se
sentará el administrador de la empresa, para el que la Fiscalía reclama
dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio.
Según la calificación provisional del Ministerio Público, el administrador de la firma Hormigones Orxeta SL
instaló una planta dedicada a la producción de hormigón y la
transformación de áridos y tierra en una finca de la partida de Foieta.
El terreno consistía en dos parcelas que estaban calificadas como
suelo no urbanizable de especial protección de monte, y el empresario
carecía de licencia alguna para desarrollar la actividad, aunque
esperaba obtenerla en un futuro próximo "de acuerdo con el alcalde",
relata el fiscal.
De hecho, la mercantil había comprado el terreno al entonces primer
edil por diez millones de pesetas (60.000 euros), de los que adelantó
dos (12.000 euros) y comprometió el resto mediante 24 plazos mensuales.
Llinares, que presidió la corporación de esta localidad de menos de
mil habitantes ubicada en la comarca de La Marina Baixa entre 1983 y
2011, denegó la licencia de actividad a la fábrica en diciembre de 1999 e
incoó un expediente de disciplina urbanística por las obras sin
licencia.
Sin embargo, lo hizo solo a efectos formales, pues no adoptó después
medida alguna para restaurar la legalidad urbanística, de forma que
"incumplió su deber de garante" de la misma y consintió por tanto "las
obras de construcción y la actividad industrial", según el escrito
fiscal.
Un vecino afectado por los trabajos los denunció de forma reiterada,
pero el entonces regidor lo ignoró y, en cambio, promovió un expediente
para reclasificar el terreno a suelo industrial que fue aprobado
provisionalmente por el pleno municipal el 21 de junio de 2000, pero
rechazado después por la Generalitat.
En abril de 2002, Llinares suscribió un convenio con Hormigones
Orxeta SL en el que autorizaba la actividad, que el pleno ratificó en
julio de ese año, pese a que la aprobación definitiva de la
recalificación de suelo se estaba demorando.
La planta de hormigón funcionaba "a pleno rendimiento" a 4 de
diciembre de 2007, fecha en la que un juzgado ordenó su paralización, y,
un año después, el 30 de enero de 2009, seguía en la misma ubicación,
añade la acusación pública.
No hay comentarios:
Publicar un comentario