ALICANTE.- El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este
jueves la propuesta de acuerdo presentada por el equipo de gobierno
local (PP y Cs) por la que se plantea un modelo de gestión indirecta,
concesional, para el servicio de transporte público en autobús urbano.
El edil de Transportes, Manuel Villar (PP), ha explicado que se trata
de una decisión previa que resulta necesaria ante el fin del contrato
de explotación que mantenía la empresa Masatusa hasta junio de 2019 y
que se tuvo que prorrogar de manera excepcional por un plazo de dos años
para que el servicio se siguiese prestando.
El acuerdo ha prosperado por mayoría absoluta de 16 votos, gracias a
la suma de las posiciones de PP (9 ediles), Cs (5) y Vox (2). Los tres
grupos que conforman el eje progresista, PSPV-PSOE (9), Unides Podem (2)
y Compromís (2), han votado en contra.
Villar ha defendido el acuerdo al sostener que tanto el informe
encargado a una consultora externa, en 2018, como los informes
elaborados por los técnicos municipales coinciden en apuntar que el
modelo de gestión indirecta sería el más ventajoso para el interés
municipal.
En concreto, ha detallado que esos informes sostienen que la calidad
del servicio actual es buena y que la alternativa de optar por su
municipalización acarrearía "dificultades presupuestarias" para el
ayuntamiento.
Además, ha incidido en que la gestión directa conllevaría una
dificultosa tramitación administrativa al tener que dar lugar a la
creación de una empresa municipal. Y, por último, ha añadido que, con el
modelo concesional, el "riesgo" económico que implica la operación del
servicio correría a cargo de la empresa adjudicataria y no del
consistorio.
El edil de Vox, Juan José Bonet, ha secundado los argumentos de
Villar y ha asegurado que no encontraba ninguna razón que recomendase
optar por la gestión directa.
No obstante, el concejal socialista Manuel Martínez ha recriminado la
urgencia con la que el equipo de gobierno local pretendía acordar ahora
la propuesta sobre el modelo de gestión, cuando en el pleno de enero
pasado se había aprobado la creación de una comisión para debatir,
precisamente, sobre el futuro del servicio de transporte.
Los portavoces de Unides Podem y Compromís, Xavier López y Natxo
Bellido, respectivamente, han recriminado que no se haya abierto un
debate "serio" y "riguroso" sobre la oportunidad de estudiar un modelo
de gestión directa.
También han reprochado que el expediente se inicie con un informe de
asesoría externa de 2018 que, a su juicio, estaría desfasado, puesto que
alude a que el ayuntamiento se encontraba sometido a las restricciones
de un Plan de Ajuste. Tanto López como Bellido han insistido en que esa
situación de intervención económica sobre el consistorio se levantó en
junio de 2018.
En el pleno también se ha aprobado una última versión de la ordenanza
reguladora de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) que afecta a las
condiciones de circulación de los patinetes eléctricos, para incorporar
las instrucciones dictadas el pasado mes de diciembre por la Dirección
General de Tráfico (DGT).
Así, se ha rebajado la velocidad máxima permitida de 30 a 25 km/h y
se ha rebajado la obligación de contratar un seguro de responsabilidad
civil que se contemplaba hasta ahora para que figure solo como
recomendación.
Durante la sesión se ha aprobado, igualmente, la revisión de la
ordenanza de protección animal, que actualiza el régimen de sanciones de
la norma vigente hasta ahora y regula nuevas situaciones, como el
acceso de las mascotas a las zonas de baño como la playa canina de
Aguamarga.
No obstante, no se ha aprobado la moción presentada por el grupo
municipal de Compromís para que se constituyese una comisión sobre el
estudio de la protección de la plaza de Luceros y el traslado de las
'mascletades' de Hogueras. La propuesta ha quedado rechazada con los
votos de PP, Cs y Vox.
El portavoz de Compromís ha planteado que se trataba de una
oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de proteger la fuente de
Bañuls como elemento patrimonial y cultural sin prejuzgar nada y desde
el respeto a las tradiciones.
No obstante, los tres grupos del centro-derecha han coincidido en
remarcar su interés por la protección del patrimonio, pero han incidido
en que el disparo de los espectáculos pirotécnicos no es la única
circunstancia que afecta al monumento, ya que también se encuentra
expuesto al impacto del tránsito de vehículos y el paso subterráneo del
tranvía. En esta línea, han abogado por estudiar fórmulas de protección y
no por abordar un posible traslado.
El desarrollo de la sesión se ha visto marcado por la controversia
suscitada a cuenta de las iniciativas presentadas por el grupo
socialista, reconvertidas en declaraciones institucionales sin el
consentimiento de los ediles del PSPV-PSOE.
En el inicio de la sesión, el secretario municipal ha informado de la
suspensión cautelar del debate de esas declaraciones, en respuesta a la
petición formulada en ese sentido en el recurso de reposición
presentado por el propio PSPV-PSOE.
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