Los juristas aseguran que existen cauces legales para forzar a la vacunación si se justificara como proporcional y necesario, y se contara con el aval de los tribunales. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, incluso planteó este domingo incluir la medida en los convenios de trabajadores, durante una entrevista en el diario El Mundo. Ahora bien, las autoridades sanitarias se inclinan por mantener la profilaxis "no obligatoria".
Italia, Estados Unidos y Francia fuerzan la vacunación
Desde el 15 de octubre, Italia exigirá presentar el certificado COVID a todos los trabajadores en organismos públicos y en empresas privadas. Esto es, hay que demostrar que se está vacunado, se ha pasado la infección o se cuenta con una prueba negativa reciente.
Según el último decreto del Gobierno de Mario Draghi para impulsar las coberturas vacunales y la recuperación económica, nadie podrá ser despedido, aunque sí se contempla la suspensión de empleo y sueldo al quinto día de incumplimiento e, incluso, multas por reincidencia.
Italia no ha sido el primer país en tomar una decisión de este tipo. En Estados Unidos, la administración Biden ha ordenado la vacunación obligatoria a todos los empleados públicos del Gobierno Federal.
En Europa, Eslovenia obliga a los funcionarios a vacunarse para poder trabajar de forma presencial, mientras Francia lo hace para trabajadores sanitarios y de residencias. El Consejo Constitucional francés ya ha avalado esta medida, en un país que se enfrenta a altas tasas de rechazo a las vacunas.
¿Sería posible en España?
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, valoró que en España "no sería posible" legalmente empujar a los trabajadores a vacunarse como ha ocurrido en Italia, con el uso del certificado COVID. "Es muy discutible que se pueda plantear la vacunación obligatoria con la normativa actual. Otra cosa es que se cambie...", afirmó en una entrevista en TVE, citando el análisis realizado por los servicios jurídicos del sindicato.
Pero no todos los juristas lo entienden del mismo modo. En una conversación con RTVE, el investigador en derecho y bioética de la Universidad del País Vasco, Ekain Payán, apunta la posibilidad de interpretar el artículo 3 de la ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 para amparar una decisión de este tipo.
Dicho texto autoriza a la autoridad sanitaria a "adoptar las medidas oportunas" para frenar la transmisión de una enfermedad, como podría ser el COVID-19. "Sería una cuestión de interpretación", afirma, aunque reconoce que la fórmula empleada por el legislador es demasiado amplia.
En cualquier caso, una medida de este tipo "tendría que venir de una norma estatal. Es decir, tendría que tener un rango de ley y preferiblemente de ley orgánica", explica Payán, quien subraya que para que entrara en vigor sería necesario también el visto bueno de los tribunales.
Del mismo modo, el abogado experto en derecho sanitario y bioética Chema Antequera cree que la obligatoriedad o extensión del certificado sanitario europeo para trabajadores tendría encaje en la legislación actual. En su opinión, en el caso de que se quisiera aplicar la medida, sería "razonable que se tomara a nivel estatal en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud" y contara con la "adecuada justificación y proporcionalidad de la autoridad sanitaria".
El equilibrio de derechos
Según apunta Payán, de la Universidad de País Vasco, en último término siempre correspondería a los jueces ponderar la idoneidad, la proporcionalidad y la necesidad del instrumento. "Por idóneo, podría ser admisible, porque los beneficios superan a los riesgos, pero yo tendría más dudas con la necesidad y la proporcionalidad", valora Payán.
El jurista argumenta que podría afectar al derecho constitucional al trabajo, pero también a otros como el derecho a la integridad física, al principio de autonomía, a la igualdad... "Hay distintos derechos que podrían verse afectados, y habría que individualizarlos, justificarlos y motivarlos muy bien", añade.
"Las restricciones se hacen en aras de preservar el derecho fundamental por antonomasia: el derecho a la vida y la integridad de las personas", razona, por su parte, el abogado Chema Antequera, al considerar que con determinadas medidas "inmediatamente se está reforzando el derecho a la libertad".
En cualquier caso, las altas coberturas de vacunación cuestionan la "necesidad" de coartar derechos fundamentales, dicen los expertos, incluso en el caso de los sanitarios, como proponían las autonomías de Galicia y Andalucía o algunas asociaciones de enfermería y residencias.
Ante esto, Payán advierte que deberíamos conocer exactamente cuántos empleados no están vacunados contra la COVID-19 para juzgar si es inevitable obligarles a vacunarse. Y es que, aunque no se han publicado datos oficiales, el problema parece "residual" en nuestro país y ninguna vacuna es obligatoria actualmente.
"La vacunación obligatoria sería más conflictiva, pero un pasaporte COVID no solo da la opinión de vacunarse. Se puede presentar un test o demostrar que se ha pasado la infección", recuerda el investigador de la Universidad del País Vasco en cuanto a la proporcionalidad del instrumento.
¿Es conveniente?
Pese a la posibilidad legal, las autoridades y expertos no creen que sea una medida oportuna en España. Así, en la entrevista en TVE, Unai Sordo (CC.OO.) pidió no "hacer un problema" de una polémica que no existe y destacó la "actitud cívica" de la población española para vacunarse.
En esto coincide el Ministerio de Sanidad, que ha descartado hasta ahora plantear una vacunación obligatoria a toda la población o determinados colectivos profesionales. "La gente acude masivamente a vacunarse", recalcó la ministra Carolina Darias a principios de agosto.
Desde Sanidad, apuntaron que las "posibles actuaciones autonómicas imponiendo la vacunación obligatoria" irían en contra del compromiso del Consejo Interterritorial a cumplir la Estrategia de Vacunación, que estableció que sería "no obligatoria".
Del mismo modo, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias, consideró que la medida puede ser, incluso, contraproducente, puesto que "quita armas" en el caso de que "sean necesarias para el futuro", es decir, si sí existiera un problema de aceptación en nuestro país.
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