El pasado 6 de septiembre, El Independiente dirigió una solicitud de información a la institución europea al amparo del reglamento comunitario relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión por la que requería copia de los acuerdos de compra anticipada (APA, por sus siglas en inglés) rubricados hasta ahora. El organismo que preside Ursula von der Leyen tenía un plazo de 15 días laborables para responder, según establece el artículo 7.1
El 27 de septiembre, el mismo día que expiraba ese margen temporal, la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea notificó que ampliaba el plazo otras dos semanas, posibilidad que prevé «con carácter excepcional» la referida norma ante peticiones que se refieran a documentos «de gran extensión» o muy numerosos.
«Su solicitud se está procesando actualmente. Sin embargo, no estaremos en condiciones de completar la tramitación de su solicitud dentro del límite de tiempo de 15 días hábiles, que vence hoy, 27 de septiembre de 2021. Se necesita un plazo de tiempo adicional debido a consultas internas y a un análisis exhaustivo de su solicitud», justificaba la respuesta.
En virtud de esta ampliación, la CE disponía hasta el 18 de octubre para autorizar y facilitar el acceso a la documentación solicitada o motivar por escrito la denegación total o parcial. No ha optado por una opción ni por otra. La institución comunitaria ha dejado correr el tiempo sin ofrecer contestación, lo que debe interpretarse como una respuesta denegatoria que da derecho a presentar reclamación ante la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo -paso que ya ha dado este solicitante- y a interponer recurso judicial.
La petición a la Unión Europea se producía después de que el Ministerio de Sanidad informara de que no podía facilitar los contratos de compra de las vacunas contra la covid-19 porque «no obran en poder de la Administración española», pese a que el país es uno de los 27 estados miembros que participa en esta adquisición centralizada. Sólo durante el primer semestre del año, España había destinado más de 547 millones de euros a la adquisición de preparados para inmunizar a la población frente al SARS-CoV-2.
España participa en la compra centralizada de vacunas impulsada por la Comisión Europea, que ha liderado las negociaciones con los laboratorios para lograr un reparto equitativo entre los socios. Hasta el momento, Bruselas ha aprobado siete acuerdos de adquisición anticipada para disponer de dosis suficientes a fin de proteger a la ciudadanía tanto con vacunas ya autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) -las de AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Janssen- como con sueros actualmente en desarrollo.
El 17 de junio de 2020, la Comisión Europea anunció una Estrategia con la intención de acelerar el desarrollo, la fabricación y la distribución de vacunas eficaces contra el coronavirus. A cambio del derecho a comprar un número determinado de dosis de vacunas en un periodo determinado, Bruselas asumía parte de los costes iniciales de los productores.
Fruto de esa decisión ha venido firmando diversas operaciones. La última recibió luz verde el pasado 4 de agosto y se rubricó con la compañía estadounidense Novavax Inc. Ello permitirá a los estados miembros adquirir hasta 100 millones de dosis de su vacuna contra la covid-19 -con una opción para 100 millones de dosis adicionales hasta 2023- a expensas de que la EMA la considere segura y eficaz y autorice su comercialización.
Con anterioridad, la Comisión Europea había firmado ya contratos con AstraZeneca, Pfizer/BioNtech, Moderna, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi-GSK y Curevac, al tiempo que ha reconocido «conversaciones exploratorias» con Valneva, biotecnológica francesa que también está desarrollando su propio suero contra el coronavirus. Todo ello se ha traducido en la reserva de varios miles de millones de dosis a recibir en varias anualidades.
Opacidad con los precios pagados
La opacidad de la CE impide conocer las obligaciones aceptadas por la institución comunitaria y los precios a los que se han comprado las vacunas, tanto en los contratos originales como en las adendas. Ante las críticas recibidas, la institución se vio forzada a principios de año a publicar algunos de los documentos contractuales pero ocultando la información más relevante.
«Algunas partes sensibles de los contratos no son visibles porque para eso es imprescindible el acuerdo de las compañías que no tenemos», han precisado a este diario desde la Representación de la Comisión Europea en España.
De acuerdo con los datos facilitados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en respuesta a una petición de información a través del Portal de la Transparencia, el país había pagado durante el primer semestre del año un precio medio de 14,92 euros por el suero de Moderna, 13,38 euros por el de Pfizer, 4,98 euros por el de Janssen y 1,79 euros por el de AstraZeneca.
Según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Sanidad, que abarcan hasta este miércoles, España ha comprado ya 141.943.261 dosis (muchas no suministradas aún) a cuatro farmacéuticas. El desglose es el siguiente: 72.215.693 a Pfizer, 31.555.649 a AstraZeneca, 28.012.919 a Moderna y 10.159.000 a Janssen. Y ya se han administrado más de 71,1 millones.
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