MADRID.- La Comunidad Valenciana ha sido, por el momento, la única región que ha celebrado la propuesta que ha realizado el Ministerio de Hacienda para empezar a negociar la reforma del modelo de financiación autonómica en base al criterio de población ajustada, mientras que otras comunidades, entre las que están también las que reclamaban esta ponderación como Andalucía y Murcia, han acogido con cautela este primer planteamiento del Gobierno central.
Así se han ido pronunciando algunos Ejecutivos autonómicos sobre la propuesta que ha trasladado este viernes el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas de régimen común, Ceuta y Melilla, para reformar el sistema de financiación en base al criterio de población ajustada, con el objetivo de iniciar el debate entre todas las autonomías.
Eso sí, el Gobierno de la Comunidad Valenciana ha sido el único que se ha pronunciado en público celebrando que se incluya la población ajustada como base para empezar a negociar la reforma del modelo de financiación autonómica, porque consideran que es una "victoria de la sociedad valenciana". Desde la Generalitat Valenciana valoran el "paso de gigante" del Gobierno con esta propuesta, aunque piden prudencia.
El criterio de población ajustada era el que pedían el bloque de las comunidades conocidas comúnmente como 'infrafinanciadas', entre las que estaba la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. De hecho, estos tres Ejecutivos autonómicos han mantenido varios encuentros recientemente para aunar una petición al Gobierno central, que finalmente ha incluido esta ponderación en el primer documento para empezar a negociar.
Sin embargo, los Ejecutivos autonómicos de Andalucía y Murcia han acogido esta propuesta con cortapisas, pese a que se recoge en un primer momento la reivindicación que han estado haciendo junto a la Comunidad Valenciana como regiones "infrafinanciadas".
En este contexto, fuentes del Gobierno andaluz han trasladado que esta propuesta de Hacienda ha excluido el fondo transitorio compensatorio que también venían reclamando estas comunidades mientras se reforma el sistema, así como el Fondo Covid a las comunidades autónomas.
Por su parte, el Gobierno de Murcia ha criticado que el Gobierno central vaya a mandar la reforma del sistema de financiación autonómica por "fascículos" para "ocultar un nuevo maltrato", urgiendo al Ministerio de Hacienda a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Así, las Comunidades que se han pronunciando han ido ya avanzando que siguen manteniendo sus posiciones sobre qué criterio debe primar en esta reforma del modelo de financiación autonómica, aunque esperan analizar detenidamente la propuesta de Hacienda.
Es el caso por ejemplo de Asturias, una de las comunidades que firmó el conocido documento de Santiago en el que ocho presidentes de la España despoblada pedían que se tuviera en cuenta la dispersión de la población y el coste real de los servicios.
Según fuentes de la Consejería de Hacienda del Principado, consideran positivo que arranquen los trabajos para cambiar el sistema, pero insisten en sus peticiones para que se tengan en cuenta los problemas de despoblamiento.
Otra de las comunidades que rubricó este documento de Santiago, Castilla y León, ha asegurado que estudiará la propuesta de Hacienda, pero fuentes del Ejecutivo autonómico recuerdan que su postura es la acordada en las Cortes autonómicas y en la declaración de la capital gallega.
Cantabria también pertenece a este bloque, y, aunque aseguran que estudiarán con detenimiento la propuesta, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha señalado que le suena "mal" que el planteamiento sea en base al criterio de población ajustada.
Por su parte, la Junta de Extremadura ha defendido que el nuevo sistema valore el coste de los servicios públicos que las Comunidades Autónomas prestan a sus ciudadanos y que dote de los recursos para prestarlo.
En cuanto a Cataluña, la Generalitat catalana también mantiene su postura y asegura que ve difícil que la infrafinanciación y el "déficit fiscal" se puedan corregir con el nuevo modelo de financiación autonómica.
Además, desde el Ejecutivo catalán han advertido al Ministerio de Hacienda de que el concepto de población ajustada, el que plantea el Gobierno Central, no se ajusta a la realidad de Cataluña.
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