Estos días se ha difundido, exclusivamente por medios minoritarios (los medios masivos están demasiado vendidos), una grave información que pone en entredicho la imparcialidad, la veracidad y, sobre todo, la función de vigilancia y defensa de la salud pública del Ministerio de Sanidad y de las Consejerías de Sanidad de las distintas Comunidades Autónomas.
Concretamente, la existencia del INFORME DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DE SALUD celebrado el 19 de noviembre de 2021, en el que se valoraba la idoneidad de la implantación del pasaporte covid-19.
En dicho informe, los expertos reunidos estiman que no hay evidencia de que esta medida tenga un efecto en la reducción de la transmisión del SARS-CoV-2, ya que en los países europeos donde se había implantado previamente los casos estaban aumentando. El pasaporte no refleja el estado inmunitario de la persona ya que estar vacunado no es igual a estar inmunizado y porque aproximadamente un 40% de los vacunados son susceptibles de infectarse y transmitir la infección.
Este documento, a pesar de que es el único que sepamos hasta ahora, sí ha sido realizado por verdaderos expertos, ha sido cuidadosamente ocultado por el Ministerio de Sanidad, hasta el punto de que la Dirección General de Salud Pública que es el órgano directivo del Ministerio de Sanidad, adscrito a la Secretaría de Estado de Sanidad, negó su existencia al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el recurso presentado por Liberum contra la imposición del pasaporte covid en dicha comunidad autónoma.
Finalmente el informe ha visto la luz pública gracias a otro proceso interpuesto por Liberum ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en cuyo escrito de demanda se cita el Informe de la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, solicitando su aportación en la fase de prueba a los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado del Principado de Asturias, ante lo cual, la Consejería de Sanidad de Asturias aporta dicho informe titulado: ” Utilización del certificado digital covid para el acceso a actividades de ocio y otros espacios interiores, Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta y Comisión de Salud Pública” con fecha 23 de noviembre de 2021.
Los abogados de Liberum: don Luis María Pardo y don Alexis Aneas, tenían noticia de dicho informe gracias a una referencia sobre el mismo publicada en el periódico El País, con fecha 1 de diciembre de 2021 por Pablo Linde y titulado: “Los técnicos de Sanidad y las comunidades desmontan la utilidad del certificado covid para frenar la sexta ola” y porque en otra demanda presentada contra la implantación del pasaporte, esta vez en la Ciudad autónoma de Melilla, en la respuesta recibida, se había reconocido la existencia del mismo, pero omitiendo “cuidadosamente” todas las referencias a su inutilidad.
Un aspecto muy destacado del Informe es que destaca como objetivo, su utilidad casi exclusiva “PARA INCENTIVAR LA VACUNACIÓN”. Cuando existía ya en esas fechas suficiente evidencia científica de la inutilidad de las mal llamadas vacunas covid, y lo que es peor, abrumadores reportes de muertes y efectos adversos graves a EudraVigilance, Vaers y National Health Care (por citar sólo los más importantes).
Los abogados estudian un posible FRAUDE DE LEY Y PREVARICACIÓN por parte del Ministerio de Sanidad, pero las preguntas que muchos nos hacemos son ¿Cuál era la intención de dicho Ministerio de Sanidad para ocultar la inutilidad del pasaporte? ¿Por qué se utiliza esta medida como un medio de coacción para imponer una terapia génica experimental, como el propio informe reconoce? ¿El llamado pasaporte o CERTIFICADO DIGITAL covid tiene otra finalidad no declarada?
Si prestamos atención a todo lo que se ha removido o cambiado con la excusa de la Pandemia, podemos sospechar que las medidas adoptadas con la excusa de combatirla, han tenido muy poco fundamento científico, han sido más bien medidas políticas para introducir la llamada eufemísticamente “Nueva normalidad”, en la que parece que la identificación digital tendrá un papel prominente y que la prohibición de la experimentación genética en humanos ha dejado de tener vigencia, antes bien, parece ser un objetivo perseguido no sabemos bien con qué objeto.
(*) Catedrática
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