El presidente Carlos Mazón (Alicante, 1974) ha declarado un sueldo en su anterior destino, en la presidencia de la Diputación de Alicante, superior al que cobraba el anterior jefe del Ejecutivo Valenciano, el socialista Ximo Puig, a pesar de que el líder popular le pidió reiteradamente durante la anterior legislatura que se congelara el sueldo.
Mazón presenta en su currículum una trayectoria prácticamente ligada a cargos políticos desde que se licenció en Derecho en 1999. A excepción del periodo en que fue gerente de la Cámara de Comercio de Alicante, Mazón ha enlazado cargos políticos designados por el PP.
El vicepresidente de Vox, Vicente Barrera (València, 1968), es el miembro del Gobierno autonómico más acaudalado. Barrera declara bienes (entre viviendas y garajes situados en Valencia y Barcelona) por un valor catastral total de 607.171 euros.
El vicepresidente también anota depósitos en cuentas por 279.650 euros y participaciones en cinco empresas por un valor total superior al millón de euros. Además, también cuenta con fondos de inversión que suman 1,1 millones de euros. En el pasivo, Barrera arrastra préstamos por 377.045 euros.
El extorero detalla sus cargos societarios —administrador de siete empresas y consejero de Unión Vitivinícola SA—, de los que cesó el pasado 18 de septiembre. Barrera también declara rendimientos de trabajo (22.303 euros), de capital mobiliario (24.775 euros), de actividades económicas (4.185 euros) y de capital inmobiliario (3.905 euros).
La vicepresidenta segunda, Susana Camarero (Madrid, 1970), exdiputada y exsenadora popular, declara bienes (entre viviendas y garajes en Teruel y Valencia) que suman un valor catastral de 291.850 euros. También depósitos en cuentas por 175.288 euros y 12.000 euros en el apartado relativo a “joyas, pieles de carácter suntuario, objetos de arte, antigüedades, vehículos, embarcaciones y aeronaves”. Camarero también indica una hipoteca de 13.000 euros.
La 'número dos' de Mazón en el Consell, exconsultora de Llorente y Cuenca, declara una renta por rendimiento de actividades económicas de 45.064 euros.
La consellera de Hacienda, Ruth Merino (Castellón, 1970), posee bienes (entre viviendas y garajes en Valencia y Castellón) por un valor catastral de 277.032 euros, además de 11.936 euros en depósitos en cuentas. En el pasivo, la titular de Hacienda declara dos préstamos hipotecarios por un total de 170.600 euros.
Merino detalla una renta de 71.210 euros por rendimientos del trabajo (fue diputada de Ciudadanos hasta el pasado enero, cuando se reincorporó a su puesto de Técnica de Hacienda); 23 céntimos de euro en ganancias patrimoniales; 65,44 euros en rendimiento de capital mobiliario y un resultado negativo de menos 313,64 euros en rendimiento del capital inmobiliario.
La titular de Justicia e Interior, Elisa Núñez (Elche de la Sierra, Albacete, 1977), es la única consellera que tuvo pérdidas en su declaración de la renta. Núñez, abogada con bufete propio, obtuvo un rendimiento negativo de actividades económicas de menos 2.784,17 euros, según la estimación directa que figura en el portal GVA Oberta. También ingresó 78,75 euros de rendimiento de capital mobiliario.
Elisa Núñez posee dos viviendas en València por un valor catastral de 145.929 euros y depósitos en cuentas por 86.240 euros. En el apartado de “joyas, pieles de carácter suntuario, objetos de arte, antigüedades, vehículos, embarcaciones y aeronaves”, Núñez anota un importe de 42.027 euros (ningún conseller detalla la clase de bienes de este epígrafe). La consellera de Justicia también tiene un seguro de vida de 13.710 euros y un plan de pensiones con un importe de 183,79 euros, ambos en Caixabank.
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez (Cuenca, 1959), posee bienes inmobiliarios (tres viviendas y sendos garajes en València) que suman un valor catastral total de 305.304,39 euros. Su renta declarada por rendimiento de trabajo ascendía a 83.402,88 euros, mientras que los rendimientos de capital apenas sumaban 3.859,21 euros.
Gómez también declara 85.387,50 euros en acciones de Telefónica y registra 419.003,98 euros en fondos de inversiones, un seguro de vida de 48.080,97 euros y un plan de pensiones de 63.055 euros, todos en el Banco Sabadell. En el apartado de “joyas, pieles de carácter suntuario, objetos de arte, antigüedades, vehículos, embarcaciones y aeronaves”, el conseller declara 28.000 euros, además de 56.499,44 euros en depósitos en cuentas.
El titular de Sanitat también desvela que cuenta con una participación de 1,9 millones de euros en la empresa Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL, una firma que abonó pagos a la trama del 'caso Osvaldos'. Tanto el PSPV-PSOE como Compromís han pedido su comparecencia en la cámara autonómica para que explique los pagos injustificados, según apuntó el juez instructor de la causa.
El conseller de Educación, José Antonio Rovira (Sant Vicent del Raspeig, 1962), posee bienes por un valor catastral total de 166.254 euros (cuatro viviendas, dos garajes y un local, todos en Alicante). También depósitos de 6.062 euros y una hipoteca de 6.635,11 euros. Rovira declara una participación en la sociedad inmobiliaria Rojo Inver SL de 296.000 euros. La firma, de la que el titular de Educación se dio de baja de la mercantil el pasado 9 de septiembre, cuenta con un patrimonio de 2,2 millones de euros.
Rovira, profesor titular de la Universidad de Alicante, obtuvo un rendimiento del trabajo de 77.662 euros; del capital inmobiliario de 523,34 euros, y de capital mobiliario de apenas 1,87 euros.
El conseller de Agricultura, José Luis Aguirre (València, 1961), aún no ha detallado sus bienes en el portal de transparencia. Aguirre sólo aporta su renta, desglosada en el rendimiento de actividades económicas (46.457 euros); del trabajo (53.471 euros); del capital mobiliario (1.800 euros), y del capital inmobilario (con un resultado negativo de menos 227,05 euros). El conseller de Vox obtuvo unas ganancias patrimoniales de apenas 41 céntimos de euro y unas pérdidas matrimoniales de 582,66 euros.
Aguirre tampoco ha colgado su currículum en GVA Oberta. El titular de Agricultura, de Vox, fue presidente y consejero delegado de la empresa Atitlan SA, dedicada al cultivo de cítricos. La firma, según los datos que constan en el Registro Mercantil, está presidida por una hermana del conseller desde el pasado mes de agosto.
La consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas (Castelló, 1978), posee bienes (entre viviendas, inmuebles rústicos y garajes, todos en Castellón) por un valor catastral de 398.132 euros y depósitos en cuentas por un importe de 101.922 euros. En el apartado relativo a “joyas, pieles de carácter suntuario, objetos de arte, antigüedades, vehículos, embarcaciones y aeronaves”, la exsenadora popular declara un importe de 23.000 euros.
Pradas también cuenta con un fondo de inversión de 3.615 euros y seguros de vida (tanto en la Mutualidad de la Abogacía como en el Nationale-Nederlanden) que suman 288.234 euros.
Además, declara un pasivo de 110.579 euros por dos préstamos con garantía hipotecaria en el Banco Santander. La titular de Medio Ambiente obtuvo una renta por rendimiento de trabajo de 76.903 euros y un rendimiento negativo de actividades económicas de menos 1.957 euros.
La consellera de Innovación y Turismo, Nuria Montes (Madrid, 1969), cuenta con dos viviendas y un garaje que suman un valor catastral de 146.485 euros y depósitos en cuentas de 55.607 euros. Montes también declara acciones en Telefónica y en el Banco Santander por un importe global de 6.294 euros y un vehículo Mercedes EQA en 'renting' de 52.412 euros.
La titular de Innovación, ex secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec), obtuvo un rendimiento del trabajo de 80.958 euros; del capital inmobiliario de 1.226 euros, y del capital mobiliario de 246,11 euros. En el apartado de ganancias patrimoniales apenas anota 262 euros.
Compromís desveló en las Corts Valencianes que parte del sueldo de Nuria Montes en Hosbec provenía de una subvención directa otorgada a la asociación patronal por parte de la Diputación de Alicante en 2020, cuando Mazón presidía la institución provincial. De los 363.000 euros en ayuda directa, 55.000 euros se destinaron a pagar la nómica de la actual consellera y de un técnico.
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