En este sentido, el Real Decreto-ley establece una serie de medidas para paliar los efectos de la sequía, en principio con un ámbito temporal que finaliza el 31 de diciembre de 2024.
Entre las medidas se contemplan exenciones del canon de regulación y tarifas de utilización de los usuarios de los regadíos tradicionales que padezcan restricciones superiores al 40% de sus dotaciones nominales.
Asimismo,
se prevén exenciones para los usuarios de la cuenca del Segura que
utilizan las infraestructuras del acueducto Tajo-Segura durante el
periodo de sequía extraordinaria.
Además, la normativa incluye la creación de la Comisión Permanente de
la Sequía en la demarcación hidrográfica del Segura, en la que
participan responsables del organismo de cuenca, de la Dirección General
del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico y representantes de las cuatro autonomías con territorio de
la demarcación --Andalucía, la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y
Castilla-La Mancha--.
En la Comisión Permanente hay también
representantes de los usuarios de abastecimiento, usos energéticos y del
regadío, elegidos entre quienes representan a estos sectores en la
Junta de Gobierno. Participan, asimismo, con voz pero sin voto, las
administraciones locales y organizaciones sindicales, empresariales y en
defensa de los interese medioambientales.
También se
establece la posibilidad de utilización por parte de los usuarios de
regadío de los volúmenes disponibles y no utilizados por la Mancomunidad
de Canales del Taibilla (MCT) en sus plantas desaladoras, a una tarifa
subvencionada.
Estas medidas se complementan con una serie de
obras de ejecución inmediata enfocadas a la mejor explotación del
sistema único de la cuenca del Segura mediante actuaciones en la
infraestructura del postrasvase, así como en la presa de El Cenajo. El
presupuesto indicativo es de 16.619.486 euros.
Por último, se
contemplan una serie de medidas administrativas encaminadas a la
limitación de las dotaciones de suministro de aguas, ejecución de nuevos
sondeos, cesiones de derechos de usos y el régimen sancionador en caso
de incumplimiento por parte de los usuarios.
Según ha
explicado la CHS, con este paquete de medidas, el Gobierno de España,
"en un ejercicio de precaución y en previsión de una declaración de
sequía extraordinaria en el corto plazo", faculta a la Confederación a
establecer medidas que permitan una mayor racionalidad en el control y
protección del dominio público hidráulico a tenor de lo establecido en
el vigente Plan Especial de sequías.
Este plan establece, en
las últimas determinaciones, que la cuenca se encuentra en un escenario
de alerta en relación al índice global de escasez coyuntural, con
previsión de declaración de la sequía extraordinaria en el primer
trimestre del año 2024.
El conjunto de medidas se suma a las
establecidas en el Real Decreto-Ley 4/2023, por el que se adoptan
medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía,
por el que se destinaron 10.000.000 de euros para la explotación de la
Batería Estratégica de Sondeos (BES).
A esto se añade la
declaración de impacto ambiental favorable de los sondeos constitutivos
del sinclinal de Calasparra, que aportarían, una vez declarada la sequía
extraordinaria, un volumen de 32 hectómetros anuales, a los que se
suman los de la Vega Media y Baja, así como los destinados al
abastecimiento a favor de la MCT ubicados en Albacete, que podrían
aportar en valores máximos anuales 48 y 13 hectómetros cúbicos,
respectivamente.
Los últimos se encuentran finalizando su tramitación
medioambiental, en la que se determinaran los volúmenes máximos a
extraer.
Así, la cuenca del Segura se encuentra de nuevo en
una situación de disminución de los recursos superficiales por menores
aportaciones derivadas de la escasez de lluvias, que implica un recorte
de las dotaciones de los usuarios de regadío, mientras que no se esperan
afecciones al normal suministro de los abastecimientos dependientes de
la MCT, según la CHS.
Por todo ello, el organismo de cuenca ha
hecho un llamamiento a los usuarios de regadío para que "realicen un
cumplimiento efectivo con las medidas de restricción adoptadas por la
comisión de desembalse que implican unas restricciones medias del 25%
para los regadíos de la cuenca del Segura".
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