VALENCIA.- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este lunes la Ley 5/2024 de Concordia de la Comunitat Valenciana, que pretende «honrar y proteger la historia de España desde el año 1931 hasta la actualidad» y entrará en vigor en veinte días hábiles.
Con su publicación, queda derogada la Ley 14/2017 de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana y toda su normativa de desarrollo.
También se disuelven comisiones, organismos e instituciones de carácter público autonómico creados a consecuencia de dicha ley, así como todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango cuyo contenido se oponga a lo dispuesto en esta ley.
La aparición en el diario oficial de la normativa --que cuenta con cinco artículos, una disposición adicional, dos transitorias, una derogatoria y la final-- llega más de dos semanas después de su aprobación en el pleno de Les Corts del 11 de julio, en la que contó con los votos a favor de los entonces socios de gobierno PP y Vox, y con el rechazo de PSPV y Compromís.
El mismo día de su aprobación, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, confirmó que el Gobierno central recurrirá ante el Tribunal Constitucional la normativa, como ya hizo con la ley aprobada por el gobierno autonómico de Aragón de PP y Vox.
El viernes pasado, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, preguntado sobre la cuestión dijo que no le parece «de recibo que el Gobierno de España vaya invadiendo competencias autonómicas, aunque se mostró dispuesto »a seguir hablando, dialogando, buscando los puntos de encuentro que de verdad traigan concordia".
La nueva ley «reconoce a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa acaecidas en el territorio de la Comunitat Valenciana durante el periodo histórico comprendido entre 1931 y nuestros días», según su artículo primero.
Con ello, «se reconoce el mismo régimen de protección y reconocimiento a las víctimas de la Segunda República y del terrorismo que a las víctimas a las que hace referencia la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de memoria democrática». Al mismo tiempo, se reconoce expresamente a «las víctimas del terrorismo como víctimas de violencia social y política efectuada por grupos terroristas».
Por tanto, la nueva ley recoge el derecho de las víctimas y familiares a actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas y la reparación y preservación de su memoria, «evitando cualquier intento de revanchismo o manipulación de nuestra historia que aliente el enfrentamiento entre españoles»
Igualmente, entre otras cuestiones, se recoge la «investigación de los hechos delictivos perseguibles realizados contra las víctimas del terrorismo que no hubieran sido resueltos». Así, se podrá autorizar a la Abogacía General de la Generalitat Valenciana la iniciación de procesos o la personación en los ya existentes, de conformidad con la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de asistencia jurídica a la Generalitat.
La Ley de Concordia, en su artículo 3, crea la Unidad Valenciana de la Concordia, con la que se «cooperará en el cumplimiento de las obligaciones establecidas» en el artículo segundo y en la Ley de ayuda a las víctimas del terrorismo.
Esta unidad, según establece la nueva normativa, estará adscrita a «la conselleria competente en materia de transparencia » y tendrá autonomía funcional. El director de la unidad deberá ser escogido de entre profesores universitarios expertos en Derecho Penal, Historia, Derecho Constitucional, Historia del Derecho, Filosofía, Ciencias Políticas o Sociología.
Corresponde a la persona titular de la Conselleria competente en materia de transparencia fijar la política y las directrices de actuación de la unidad, atendiendo a las directrices trazadas por el Consell en un «Plan estratégico de concordia democrática» y en los programas anuales de actuación.
En una disposición transitoria, se precisa que, hasta la puesta en marcha de la Unidad Valenciana de la Concordia, sus funciones las ejercerán las entidades y órganos que las viniesen desempeñando.
En vez de los «lugares de la memoria democrática» recogidos en la anterior norma y también en la ley estatal vigente, la nueva ley autonómica otorga la consideración de «lugares de la concordia de la Comunitat Valenciana» a aquellos espacios, inmuebles o parajes que revelen interés por haberse desarrollado en ellos hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva de los hechos conducentes y «concurrentes a las situaciones que llevaron a adquirir la condición de víctima conforme a lo dispuesto el artículo primero de esta ley».
Se reconoce asimismo el derecho de acceso a los mismos efectos de investigación académica, principalmente a los historiadores. El contenido de este artículo será objeto de desarrollo reglamentario.
En su último artículo, la Ley de Concordia incluye que la Generalitat elaborará un catálogo de vestigios en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Se designará para ello un comité de expertos elegidos por los titulares de las consellerias con competencias en protección del patrimonio cultural y transparencia «por igual».
Además, en una disposición adicional, la norma establece que la Generalitat impulsará la inscripción de defunción de las víctimas desaparecidas, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
Asimismo, la tramitación de los procedimientos en materia de memoria democrática iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de esta ley decaerán de manera automática, a excepción de los procesos de exhumación, según la segunda disposición transitoria.
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