"Sólo el mantenimiento de la red convencional de ferrocarril cuesta a los españoles 900 millones de euros al año", ejemplificó el ministro.
Blanco enmarcó este debate en la necesidad de "avanzar drásticamente" en la eficiencia de la Administración pública", al considerar que "las infraestructuras de transporte ha sido uno de los ámbitos donde la disonancia entre las expectativas y las capacidades reales ha sido más acusada".
Así, el ministro considera que en España se ha "exigido" una dotación de infraestructuras "mucho mayor que en cualquiera de los países más ricos del mundo occidental" y con una presión fiscal seis puntos por debajo de la media de la zona euro. Por ello, asegura que "se ha estado financiando esa fuerte inversión con los recursos recaudados a través del boom inmobiliario".
Blanco abogó así por replantear el modelo, para de un lado "entender" que "no todo es socialmente necesario" y, de otro, sopesar el papel del Estado a la hora de costear las infraestructuras.
Así, considera que "no hay nada más antisocial y antiecológico que financiar, con recursos de todos, trenes que van prácticamente vacíos". De esta forma, indica que "hay que debatir si las infraestructuras las pagan todos los ciudadanos independientemente del uso que hagan de ellas, o que contribuyan a financiarlas en mayor medida los más beneficiados por su construcción".
"Esta crisis es el momento para revisar el sentido y la racionalidad de algunas inercias", aseguró el ministro.
En relación al efecto que el recorte de inversión de 6.400 millones de euros que sufrirá su Ministerio en los dos próximos años en los proyectos de obra pública que ejecuta, Blanco aseguró que informará en el Congreso.
En este sentido, se limitó a avanzar que "priorizará" todo proyecto que contribuya a la eficacia, la productividad y competencia de la economía, reiterando así su apuesta por el ferrocarril, sobre todo para el transporte de mercancías.
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