Este domingo informa ABC -"Peligro para 30 líneas de tren"- sobre los planes de recorte que estudia el Ministerio de Fomento y que podrían afectar a más de la mitad de España, incluidas 24 capitales de provincia.
En concreto, se revisa el mantenimiento de los servicios de media distancia convencional de Zaragoza-Monzón-Lleida; Ronda-Algeciras; Huelza-Zafra; Granada-Linares Baeza; Córdoba-Bobadilla; Burgos-Vitoria; Valladolid-Burgos; Valladolid-Palencia; Ávila-Medina-Valladolid; León-Gijón; Ávila-Salamanca; León-Ponferrada; Madrid-Ávila; Madrid-Segovia; Madrid-Sigüenza-Arcos-Ariza; Zaragoza-Calatayud-Ariza-Arcos; Cuenca-Valencia; Zaragoza-Huesca-Jaca: Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz; Valencia-Teruel; Puertollano-Mérida-Zafra; Orense-Puebla de Sanabria.
En el caso de la media distancia de alta velocidad los de Zaragoza-Huesca y Calatayud-Zaragoza; en larga distancia el Madrid-Burgos; y en cercanías el de Zaragoza.
En total, las líneas en revisión transportaron a 1,7 millones de viajeros en 2009, ofreciendo un resultado negativo cercano a los 40 millones de euros.
Además, no se descarta la revisión de los larga distancia Bilbao-Irún-Salmanca; Bilbao-Málaga y Barcelona-Málaga-Granada.
El «tijeretazo» que planea ADIF parte de un análisis realizado con criterios estrictos de rentabilidad económica y aprovechamiento de infraestructuras al margen de las «alegrías» políticas.
El departamento que dirige José Blanco estudia también la viabilidad de las nuevas líneas de AVE, creando incluso problemas a los intereses del PSOE en algunas comunidades autónomas.
Así lo manifiesta de forma rotunda el regionalista Miguel Ángel Revilla sobre el gobierno de coalición en Cantabria.
Lo peor de todo es que los ciudadanos (en Asturias, Cantabria, Murcia, Alicante y Almería) pueden ver defraudadas sus legítimas expectativas porque el aplazamiento «sine die» de las grandes obras públicas equivale en la práctica a una paralización del proyecto.
En la realidad del día a día, nada menos que 1,7 millones de viajeros podrían verse afectados por los planes de suprimir líneas actualmente en funcionamiento.
Es lógico que se pretenda racionalizar la prestación de servicios y, tal como están las cosas, es evidente que las subvenciones públicas no pueden suplir todas las carencias.
Sin embargo, el Gobierno tiene el deber de tratar de forma igualitaria a todos los ciudadanos, sea cual sea su lugar de residencia, y de impulsar el desarrollo socioeconómico de determinadas zonas para las cuales el tren supone un elemento dinamizador de máxima relevancia.
Habrá que analizar con detalle la continuidad de servicios que no alcanzan un umbral mínimo de aprovechamiento, pero es imprescindible también impedir que siempre pierdan los mismos y que algunas zonas rurales se vean relegadas una vez más en favor de regiones más poderosas y con mayores réditos electorales para el PSOE.
Así las cosas, Zapatero se enfrenta otra vez a la indignación de muchos ciudadanos que sufrirán en su vida cotidiana las consecuencias de una política errática y sin sentido a cargo de un Ejecutivo superado por las circunstancias y dispuesto a meter la tijera donde sea.
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