ALICANTE.- "Mi casa es legal, perfectamente legal. ¿Cómo no va a serlo? Tengo una situación como para tener una vivienda ilegal, ya no como fiscal sino como ciudadano". Molesto aunque tranquilo respondió al diario 'Información' el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, a las cuestiones que le planteó sobre el informe hallado en el disco duro del ordenador que el hermano de la alcaldesa tenía en el despacho de abogados Salvetti, el bufete que comparte con el exedil socialista Javier Gutiérrez.
La Policía Nacional descubrió en el ordenador de Castedo varios archivos informáticos sobre el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, que denotan que el fiscal que ha dirigido las pesquisas del caso Brugal fue investigado a raíz de que se hicieran públicos en octubre de 2010 detalles del presunto tráfico de influencias y cohecho durante la tramitación del PGOU de Alicante. Los documentos sobre Briones los contienen tres archivos denominados "Notas informe fiscal" e incluyen una serie de datos sobre su vivienda familiar y unas supuestas irregularidades urbanísticas de la casa.
La Policía Nacional descubrió en el ordenador de Castedo varios archivos informáticos sobre el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, que denotan que el fiscal que ha dirigido las pesquisas del caso Brugal fue investigado a raíz de que se hicieran públicos en octubre de 2010 detalles del presunto tráfico de influencias y cohecho durante la tramitación del PGOU de Alicante. Los documentos sobre Briones los contienen tres archivos denominados "Notas informe fiscal" e incluyen una serie de datos sobre su vivienda familiar y unas supuestas irregularidades urbanísticas de la casa.
El documento, al igual que el localizado también en el ordenador de José Luis Castedo sobre los presuntos "intereses urbanísticos" del exalcalde y diputado autonómico Ángel Luna, no está incorporado al sumario tras estimar el juez la petición de la defensa de los dos socios de Salvetti para que no se adjuntaran a la causa.
"Mi casa es legal, acabo de pagar 1.400 euros de IBI, pago mis basuras... es como decirle a una madre que su hijo no es suyo", precisó Briones de su vivienda, un chalé ubicado en el entorno de Alicante que construyó sobre un suelo adquirido hace un cuarto de siglo.
"Compré el terreno en el 87 y luego me hice la casa. En todas estas zonas, para ir adaptándose a la legislación y ver qué servicios faltan, es normal que los vecinos hablen con los técnicos municipales, que son los que suministran los datos de cómo están las parcelas, y con el concejal. Son reuniones a las que he asistido junto con mis vecinos y de las que hay actas así como alegaciones por escrito. Eso es la historia de los planes parciales. Ahora estamos intentando obtener la figura de la consolidación para lograr el alcantarillado que no tenemos", explicó el acusador público.
"Si lo que pretenden decir es que he hecho algo ilegal, que lo digan, aunque no puedo hacer nada porque si lo hago van a alegar que ya no puedo estar en la causa", precisó el representante del ministerio público en el caso Brugal, quien añadió que "me han investigado a mí como a otras personas que están interviniendo en este proceso", de las que declinó dar sus nombres.
"¿Quién cree que me puedo permitir algo tan grotesco? Y no sólo por ser fiscal sino como ciudadano. Llevó viviendo aquí 25 años. ¿A quién le cabe en la cabeza que con toda la legislación que hay, por muy fiscal que sea, un alcalde, la oposición o la Policía Local iban a permitir una casa ilegal? Me están dando una importancia que no tengo. Que se plieguen todos en mi caso y en el todos mis vecinos", concluyó.
Como miembro de Consejo Político de IU, a la altura de Curiel, Sartorius, Iglesias o Tamanes, situaban al fiscal Felipe Briones tres escritos difundidos anónimamente en plena precampaña electoral de 2007. Los documentos iban encabezados con el logotipo de IU junto a la palabra "Confidencial". Tanto los dirigentes de la formación como el propio fiscal confirmaron que Briones nunca había militado en IU (ni en ningún otro partido ). Aquello se interpretó como un "burdo montaje" para desprestigiar al fiscal en plena investigación sobre si el Ayuntamiento (con Alperi a la cabeza y Castedo en Urbanismo) había beneficiado a Ortiz en la construcción de tres aparcamientos. El caso lo archivó el TSJ tras ser elegido Alperi diputado.
"Compré el terreno en el 87 y luego me hice la casa. En todas estas zonas, para ir adaptándose a la legislación y ver qué servicios faltan, es normal que los vecinos hablen con los técnicos municipales, que son los que suministran los datos de cómo están las parcelas, y con el concejal. Son reuniones a las que he asistido junto con mis vecinos y de las que hay actas así como alegaciones por escrito. Eso es la historia de los planes parciales. Ahora estamos intentando obtener la figura de la consolidación para lograr el alcantarillado que no tenemos", explicó el acusador público.
"Si lo que pretenden decir es que he hecho algo ilegal, que lo digan, aunque no puedo hacer nada porque si lo hago van a alegar que ya no puedo estar en la causa", precisó el representante del ministerio público en el caso Brugal, quien añadió que "me han investigado a mí como a otras personas que están interviniendo en este proceso", de las que declinó dar sus nombres.
"¿Quién cree que me puedo permitir algo tan grotesco? Y no sólo por ser fiscal sino como ciudadano. Llevó viviendo aquí 25 años. ¿A quién le cabe en la cabeza que con toda la legislación que hay, por muy fiscal que sea, un alcalde, la oposición o la Policía Local iban a permitir una casa ilegal? Me están dando una importancia que no tengo. Que se plieguen todos en mi caso y en el todos mis vecinos", concluyó.
Como miembro de Consejo Político de IU, a la altura de Curiel, Sartorius, Iglesias o Tamanes, situaban al fiscal Felipe Briones tres escritos difundidos anónimamente en plena precampaña electoral de 2007. Los documentos iban encabezados con el logotipo de IU junto a la palabra "Confidencial". Tanto los dirigentes de la formación como el propio fiscal confirmaron que Briones nunca había militado en IU (ni en ningún otro partido ). Aquello se interpretó como un "burdo montaje" para desprestigiar al fiscal en plena investigación sobre si el Ayuntamiento (con Alperi a la cabeza y Castedo en Urbanismo) había beneficiado a Ortiz en la construcción de tres aparcamientos. El caso lo archivó el TSJ tras ser elegido Alperi diputado.
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