LA CORUÑA.- La CAM ocultó su debilidad financiera y obvió sus problemas de solvencia, liquidez y rentabilidad en las cuentas de marzo de este año. Además liberó provisiones de créditos de forma incorrecta y no realizó los saneamientos obligados en las cuentas anuales de 2010, según el diario 'La Opinión'.
También pagó gastos que no debería haber abonado por estar en pérdidas, como incentivos y aportaciones adicionales a los planes de pensiones. Incluso infradotó el fondo de prejubilaciones, mejoró ficticiamente el balance individual de la caja y abusó de las operaciones de refinanciación de deuda para evitar que afloraran activos tóxicos.
Todas estas tachas fueron descubiertas por el Banco de España tras intervenir la caja alicantina y enviar a sus técnicos a hurgar en las cuentas. Al destaparse las graves irregularidades cometidas por la entidad valenciana, todas las miradas se dirigen a sus gestores, su exdirectora general acaba de ser despedida precisamente por falsear las cuentas y dar beneficios ficticios sin derecho a indemnización, pero también hacia KPMG, la empresa que durante los últimos veinte años ha auditado a la CAM.
Precisamente KPMG es la auditora que fue contratada por la Xunta de Galicia para hacer la polémica due diligence que debía respaldar que la fusión de las entonces Caixa Galicia y Caixanova era "solvente y garantizaba la galleguidad". La auditoría sobre la fusión gallega fue controvertida, pues se filtró un avance del informe tan solo quince días después de que fuese encargado el trabajo.
15,5 millones de euros
Cinco altos ejecutivos de Caja del Mediterráneo (CAM) se repartieron 15,5 millones de euros en prejubilaciones antes de que la entidad alicantina fuera intervenida, según figura en la carta de despido de la ex directora general de la entidad, María Dolores Amorós.
Todas estas tachas fueron descubiertas por el Banco de España tras intervenir la caja alicantina y enviar a sus técnicos a hurgar en las cuentas. Al destaparse las graves irregularidades cometidas por la entidad valenciana, todas las miradas se dirigen a sus gestores, su exdirectora general acaba de ser despedida precisamente por falsear las cuentas y dar beneficios ficticios sin derecho a indemnización, pero también hacia KPMG, la empresa que durante los últimos veinte años ha auditado a la CAM.
Precisamente KPMG es la auditora que fue contratada por la Xunta de Galicia para hacer la polémica due diligence que debía respaldar que la fusión de las entonces Caixa Galicia y Caixanova era "solvente y garantizaba la galleguidad". La auditoría sobre la fusión gallega fue controvertida, pues se filtró un avance del informe tan solo quince días después de que fuese encargado el trabajo.
15,5 millones de euros
Cinco altos ejecutivos de Caja del Mediterráneo (CAM) se repartieron 15,5 millones de euros en prejubilaciones antes de que la entidad alicantina fuera intervenida, según figura en la carta de despido de la ex directora general de la entidad, María Dolores Amorós.
Todos ellos, además, podrán cobrar cuando se jubilen una renta vitalicia de 369.497 euros anuales. Esta misma renta pretendía cobrarla Amorós, pero ha sido anulada con su despido disciplinario, según informó el diario Expansión. Los ejecutivos beneficiarios de las prejubilaciones son Roberto López Abad (director general hasta el pasado diciembre), Agustín Llorca (director general adjunto), Vicente Soriano (director general de Recursos), Joaquín Meseguer (director general de Participaciones Empresariales) y Gabriel Sagristá (responsable de expansión de la caja).
Los 15,5 millones de euros con los que se compensaron las salidas de estos directivos procedían de un fondo de prejubilaciones y bajas anticipadas constituido para el proyecto de Banco Base, como se denominó al plan de fusión de CAM con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, y que finalmente se frustró, precisamente después de que la caja asturiana alegase que la entidad alicantina les había ocultado información crucial sobre su verdadera situación financiera, peor de lo que había reconocido durante las negociaciones.
El último día del plazo dado por el Gobierno y el Banco de España para que las entidades españolas cumplan los requisitos de solvencia no deparará grandes sorpresas.
Tras las salidas a Bolsa de La Caixa, Bankia y Bancaja, cinco entidades estaban pendientes de este proceso. El Banco de España ya ha confirmado que concederá un mes más a Liberbank -la entidad heredera del SIP de Cajastur- y Banco Mare Nostrum -la fusión que encabeza Caja Murcia- para cerrar procesos de recapitalización con inversores privados y desinversiones que considera avanzados.
Junto a Novacaixagalicia, otras dos entidades catalanas recurrirán en exclusiva al FROB, Unnim y CaixaCatalunya. La primera recibirá 568 millones de euros del fondo estatal, con los que, según las últimas estimaciones sobre la valoración que hará de ella el Banco de España, el Estado controlará un 100% de Unnim Bank.
CaixaCatalunya recibirá los 1.718 millones que necesita y que según los planes del supervisor supondrán que el Estado controle entre un 85 y un 90% de su banco.
Unicaja y Caja Duero-España, tras su fusión, no necesitarán más capital.
El último día del plazo dado por el Gobierno y el Banco de España para que las entidades españolas cumplan los requisitos de solvencia no deparará grandes sorpresas.
Tras las salidas a Bolsa de La Caixa, Bankia y Bancaja, cinco entidades estaban pendientes de este proceso. El Banco de España ya ha confirmado que concederá un mes más a Liberbank -la entidad heredera del SIP de Cajastur- y Banco Mare Nostrum -la fusión que encabeza Caja Murcia- para cerrar procesos de recapitalización con inversores privados y desinversiones que considera avanzados.
Junto a Novacaixagalicia, otras dos entidades catalanas recurrirán en exclusiva al FROB, Unnim y CaixaCatalunya. La primera recibirá 568 millones de euros del fondo estatal, con los que, según las últimas estimaciones sobre la valoración que hará de ella el Banco de España, el Estado controlará un 100% de Unnim Bank.
CaixaCatalunya recibirá los 1.718 millones que necesita y que según los planes del supervisor supondrán que el Estado controle entre un 85 y un 90% de su banco.
Unicaja y Caja Duero-España, tras su fusión, no necesitarán más capital.
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