VALENCIA.- La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha abierto diligencias para investigar una denuncia presentada por Cercle Obert de Benicalap sobre la gestión de Caja Mediterráneo (CAM), intervenida el pasado mes de julio por el Banco de España, según han informado fuentes próximas al caso.
El colectivo presentó una denuncia ante el ministerio público en agosto en la que cuestionaba la contabilidad de la entidad alicantina; la concesión de préstamos sin garantía; los sobresueldos satisfechos a determinados miembros del Consejo de Administración --en concreto, los ex directivos--; y operaciones de concesión de préstamos hipotecarios de alto riesgo a políticos.
Tras recibir esta denuncia, Fiscalía de Valencia ha decidido abrir diligencias de investigación para, en primer lugar, comprobar si algún juzgado ya ha abierto diligencias sobre este asunto, lo que le obligaría a remitirse al mismo y enviarle toda la documentación que tiene.
Esta denuncia se suma a las ya presentadas por el mismo asunto en Alicante --por parte de Vecinos por Alicante y el Movimiento 15-M-- y en Madrid --del Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias--, con lo que, pese a que la CAM tiene su sede en Alicante, este asunto podría finalmente investigarse en la Audiencia Nacional al operar la caja en todo el territorio nacional.
Además, y paralelamente a este aspecto, los órganos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) todavía no han determinado cuál es la responsabilidad penal, con lo que no se puede llevar a cabo una investigación a fondo por parte del ministerio público.
Manos Limpias presentó una denuncia en agosto ante la Audiencia Nacional contra la última cúpula directiva de la CAM y contra el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge Vela, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y delito societario.
En concreto, su denuncia se dirige contra los expresidentes de la entidad, Vicente Sala y Modesto Crespo; los exdirectores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós; así como el ex director general de Inversiones Inmobiliarias de CAM, Daniel Gil; el ex director general de Inversiones y Riesgos, Francisco Martínez; el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, y el expresidente de la Comisión de Control, Ramón Avilés Olmos. Amplían la denuncia contra aquellas otras personas que pudieran ser imputadas de las diligencias que se practiquen.
Según argumenta en su escrito Manos Limpias, la intervención de la CAM por parte del Banco de España se produjo como causa y consecuencia de una gestión claramente perjudicial por parte de sus órganos directivos a los intereses generales de más de tres millones de impositores y que han dejado a la CAM al borde la quiebra.
Entre los argumentos sobre la mala gestión, el sindicato aludía a la concesión de créditos y préstamos a consejeros y altos directivos, y en concreto a la cifra de 171 millones de euros concedidos al interés del 0%.
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