lunes, 21 de mayo de 2012

Amorós niega que cerrara acuerdos en la CAM en su beneficio

VALENCIA.- La exdirectora general de la CAM María Dolores Amorós ha rechazado este lunes que con el que fuera presidente de la entidad Modesto Crespo cerrara "acuerdo alguno en beneficio propio" . 

   En este sentido, ha asegurado que su retribución "quedó acordada por el consejo de administración, con informe favorable de la comisión de retribuciones, en la sesión que acordó mi nombramiento sin que yo lo conociera".
   En concreto, ha puntualizado que su salario quedó fijado en lo que hasta ese momento cobraba el director general y ha añadido que se mantenía congelado desde el año 2008.
   Amorós ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia en la comisión de investigación de la CAM en las Cortes Valencianas, que trata de esclarecer el proceso que llevó a la intervención de la caja alicantina por parte del Banco de España.
   La exdirectora de la caja también ha señalado que en noviembre de 2010 el presidente de la CAM, "facultado expresamente por el consejo de administración", suscribió con ella un anexo a los contratos firmados hasta el momento que por parte de Amorós suponía, según ha dicho, "una renuncia a derechos que tenía válidamente reconocidos".
   Respecto al pago por despido a miembros del comité de dirección que se acogieron al Expediente de Regulación de Empleo (ERE), ha aseverado que "fue calculado por los servicios técnicos y cerrado con la comisión de retribuciones de la caja"
   En otro momento de su intervención y en respuesta a preguntas de los grupos parlamentarios, ha explicado que el Sistema Institucional de Protección (SIP) constituido por la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria se rompió "por las consecuencias que los nuevos requerimientos de capital fijados por Banco Base imponía".
   A su juicio, "sostener que CAM manipuló y falseó resultados en una situación de permanente fiscalización externa y delegación de facultades a Banco Base resulta a todas luces inverosímil".
   Durante su intervención, ha subrayado que ejerció la dirección de la caja con el objetivo principal de "desarrollar la estrategia de recapitalización", ya que era "la única vía posible para garantizar la pervivencia de CAM y de su obra social", ha resaltado.
   Así ha reiterado que se esforzó con toda su "capacidad" en conseguir el objetivo de "llevar a buen puerto la estrategia de recapitalización de la caja". Sin embargo, ha criticado que el 21 julio de 2011 "se recibió de forma sorpresiva un escrito del Banco de España comunicando por primera vez que no se daban los presupuestos para que CAM pudiera proceder a reforzar sus recursos propios".
   Además, ha indicado que en ese escrito también se informaba de que la comisión ejecutiva del Banco de España había acordado dar un plazo de diez días para que el consejo de administración de la CAM presentara un plan de actuación que, en caso de no considerarse viable por parte del Banco de España, podía llevar a la intervención.
   El consejo de administración, por su parte, acordó no agotar el plazo y "en un ejemplo de responsabilidad, siguiendo la recomendación verbal del Banco de España, pidió la entrada inmediata de los nuevos administradores con el fin no contribuir a desarticular la caja", ha destacado.
   Respecto a la sentencia que declaró procedente su despido y rechazó la petición de diez millones de euros que Amorós solicitaba por el mismo, la exdirectora general ha explicado que se encuentra recurrida "por forma y por fondo". Al respecto, ha indicado que es "contradictoria totalmente".
   Amorós ha dicho que es titular de cerca de 10.000 cuotas participativas. En otro orden de cosas, preguntada por si cree que existen responsabilidades políticas de la situación de la CAM, ha eludido contestar. "No creo que sea mi papel", ha dicho.
   En cuanto al papel del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), ha señalado que sus funciones no son de supervisión, ya que éstas "están delegadas en el Banco de España". En otro momento de su comparecencia, ha hecho hincapié en el "orgullo" y la "satisfacción personal" que tiene por "haber dirigido un grupo de grandes profesionales que demostraron su entrega y compromiso con la caja".
   Asimismo, ha destacado la "gran oportunidad" que ha supuesto para ella hablar públicamente sobre la CAM en las Cortes Valencianas "tras tantos meses de silencio por respeto a las autoridades judiciales".
   Preguntado por el parlamentario del grupo popular David Serra sobre si le han llamado responsables de cualquier partido "dándole instrucciones de las decisiones que tenía que tomar", Amorós ha respondido: "nunca recibí presiones de ningún grupo político".
   El diputado del PSPV, Ángel Luna, ha señalado que hay "un montón de irregularidades personales", pero "en el fondo lo que hay es una gravísima negligencia en la gestión de la CAM, de la cual usted --en referencia a Amorós-- es corresponsable".
   "Sus situaciones personales no han hundido la caja, pero han servido para ver la catadura moral de las personas que estaban dirigiéndola", ha denunciado Luna. Asimismo, la parlamentaria de Compromís Mireia Mollà ha preguntado a Amorós por su sueldo y por qué cargos le imputa el Banco de España y qué sanciones le corresponderían.
   Por parte de EUPV, el diputado Lluís Torró, respecto a algunos temas sobre los que Amorós ha dicho desconocer, ha criticado: "una cosa es que usted no fuera directamente responsable, pero otra cosa es que no sepa nada". 
"La mano derecha no sabía lo que hacía la mano izquierda", ha ironizado.
   La exdirectora de la caja, en su última intervención, ha expresado su deseo de que "ojalá esta comisión pueda esclarecer las circunstancias, los efectos y las causas de por qué está intervenida la caja".

López Abad sabe pero no contesta

El ex director general de la CAM Roberto López Abad ha destacado este lunes que los niveles de "transparencia" de la entidad han seguido estándares "muy altos" en comparación con el sector. Asimismo, ha señalado que su exposición a riesgos inmobiliarios nunca ha sido superior a la media de las cajas de ahorro española.
   López Abad ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia en la comisión de investigación de la CAM en las Corts Valencianes, donde ha hecho una primera intervención pero se ha negado a responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, por estar sujeto a un expediente administrativo por parte del Banco de España y a una "posible imputación" anta la Audiencia Nacional.
   En su primera y única intervención, López Abad, licenciado en Ciencias Económicas, ha explicado que la CAM ha sido la única empresa en la que ha desarrollado toda su carrera profesional y en ella ha ocupado "prácticamente todos los puestos de responsabilidad que en una entidad financiera como ésta se pueden ocupar".
   Asimismo, ha subrayado que el esquema de toma de decisiones estaba "perfectamente estructurado" y que "el nivel de transparencia de la entidad ha seguido estándares muy altos en comparación con el sector". En este sentido, ha asegurado que el esquema de comportamiento de la caja ha sido "altamente positivo"
   Además, ha destacado que existían en la caja "todos los órganos que están previstos en la ley", así como comisiones delegadas del consejo de administración para cada uno de los territorios "históricos" de la caja, como son Alicante, Murcia y Valencia.
   Del mismo modo, ha destacado que la entidad "siempre ha contado con el asesoramiento y el apoyo de las primeras firmas nacionales e internacionales en las materias correspondientes".
   López Abad también se ha referido a las cuotas participativas y ha destacado que esta emisión en la CAM ha sido de carácter "pionero". "Se ajustó en todo momento a las exigencias impuestas por la normativa creada especialmente para este tipo de productos", ha asegurado.
   En cuanto a la obra social, ha destacado que Caja Mediterráneo, por filosofía corporativa, "ha mantenido una implicación total en actividades municipales y ciudadanas, en todas las inquietudes sociales, culturales, medioambientales, deportivas, de vecinos, en todos los territorios en los que ha tenido presencia, pero especialmente en los territorios históricos que le han dado su razón de ser".
   Por su parte, el parlamentario del PP David Serra ha expresado su "insatisfacción" por la negativa de López Abad de responder a las preguntas de los diputados.  "Se van a quedar muchas cuestiones sobre la mesa", ha lamentado.
   Asimismo, el diputado socialista Ángel Luna, quien ha criticado que López Abad se haya negado a seguir la comparecencia , ha indicado que en 2010 "se falsearon las cuentas de la caja y los auditores han admitido que se engaña", por lo que ha preguntado quien es "el responsable del engaño".
   Luna también le ha preguntado "cómo accedió a la prejubilación si no estaba en el ERE pactado" y por la ruptura del Sistema Institucional de Protección (SIP) constituido por la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria.
    La parlamentaria de Compromís Mireia Mollà, por su parte, ha considerado que teniendo en cuenta que la CAM ha sido una "pieza fundamental" en el desarrollo económico valenciano y atendiendo al "agravamiento que se ha producido a miles y miles de personas que tienen un interrogante sobre su ahorros", López Abad "debería utilizar la casa de los valencianos para responder a las incógnitas".
   Por parte de EUPV, el diputado Lluís Torró ha señalado que lamenta "muchísimo" la negativa de López Abad a responde a las preguntas porque "estamos ante un procedimiento que no tienen ningún carácter judicial ni mucho menos".
 "Aquí estamos simplemente para recabar información para intentar entender qué es lo que ha pasado en la CAM", ha señalado.
   El presidente de la comisión, Rafael Maluenda, ha instado al ex director general de la CAM a "reconsiderar su postura" de no continuar su comparecencia, y ha advertido de que la comisión "se reserva el derecho a elevar a instancias superiores su decisión".
   López Abad se ha ratificado en su negativa a responder las preguntas y ha asegurado que comparecerá cuando finalicen los procesos judiciales porque "no hay nada que me apetezca más que aclarar muchas de las cuestiones que se han planteado aquí": "No son fáciles de contestar, pero tienen contestación y algunas opinión", ha manifestado.
   Por su parte, Luna ha solicitado que la comisión considerara la posibilidad de pedir al letrado la elaboración de un informe jurídico para determinar si conviene dar cuenta al fiscal de la negativa de algunos comparecientes de no responder a los grupos parlamentarios.
   Los otros dos grupos de la oposición --Compromís y EUPV-- han secundado la propuesta del diputado del PSPV, mientras que la Presidencia de la comisión y el grupo popular han decidido que la decisión de pedir o no un informe  al respecto se adopte el próximo lunes, antes deque comiencen las comparecencias de la comisión.
  
 Daniel Gil Mallebrera, también mudo
 
 López Abad no ha sido el único que se ha negado a responder a las preguntas de los diputados. Este mismo lunes, el exmiembro del consejo de dirección de la CAM Daniel Gil Mallebrera --imputado por el juez que investiga las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante relacionadas con el 'caso Brugal'-- ha acudido a la comisión de investigación de la CAM, pero ha alegado tener "derecho a no declarar" para que no le genere "perjuicio" en el procedimiento judicial.
Gil ha comenzado su intervención expresando su "mejor predisposición personal a colaborar" con esta comisión de investigación. No obstante, ha eludido comparecer para evitar que sus contestaciones "se tergiversen o se interpreten de forma distinta" y ello le genere "perjuicio". Sin embargo, ha dicho que "una vez desparecida dicha situación --en relación a su imputación-- comparecerá "con mucho gusto".
   Por su parte, el parlamentario del PSPV Ángel Luna ha señalado que se esperaba alguna "estratagema" porque, a su juicio, "es evidente que usted tiene mucho que ocultar en lo que ha pasado en la CAM". Asimismo, ha señalado que no existe "ninguna posibilidad de de tergiversar ni de  malinterpretar nada", y ha destacado que las Corts no son "un tribunal" y, por tanto, "aquí no le ampara su derecho a no declarar".
   Luna ha preguntado a Gil "desde cuándo y hasta cuándo" fue miembro del comité de dirección de la caja. Asimismo, ha destacado que TIC Tenedora de Inversiones y Participaciones se creó en 2003 "a propuesta suya y le ocasiona a la caja unas perdidas de 1.011 millones de euros".
   El diputado socialista ha preguntado a Daniel Gil si recibió "sugerencias sobre inversiones, créditos por parte de miembros de administraciones públicas como la Generalitat valenciana o el Gobierno regional de Murcia".
   La diputada de Compromís Mireia Mollà ha hecho hincapié en que como directivo de la entidad debe "dar alguna explicaciones sobre la caída de una de las entidades financieras más importantes" de la Comunitat Valenciana "sobre todo teniendo en cuenta que esta caída ha atrapado a miles y miles de familias".
    "Qué usted explique qué ha pasado para que esta entidad terminara intervenida por el Banco de España no le supone ningún grave perjuicio ante los procesos abiertos judicialmente", ha señalado Mollà, quien le ha preguntado que "posicionamiento" mantuvo en la entidad "ante los requerimientos del Banco de España".
   El parlamentario de EUPV Lluís Torró ha señalado que entiende que no quiera hacer declaraciones por su implicación judicial, pero ha destacado la importancia que tendría que Gil explicara "determinadas cuestiones".
   Por su parte, el diputado del PP David Serra ha preguntado a Gil sobre las retribuciones de directivos y los productos tóxicos, entre otras cuestiones. Además, ha expresado su "indignación por no poder saber ni conocer en profundidad todo lo que usted podría contar en esta comparecencia".
   En su segunda intervención, Daniel Gil, que fue director general de Inversiones Inmobiliarias de CAM, ha insistido en no contestar por su situación judicial. "En este momento yo quiero que se resuelvan los problemas judiciales, cuanto esto ocurra, estaré encantado de volver a esta comisión", ha subrayado.
   David Serra ha subrayado que desde el grupo parlamentario popular "no vamos a cejar en nuestro empeño en que usted comparezca y dé explicaciones pertinentes".
   Luna ha advertido a Gil de que si se niega a contestar las preguntas sobre la caja por su situación judicial, "está vinculando a la caja con un procedimiento penal y está extendiendo la sombra de duda, de sospecha de ese procedimiento penal sobre el conjunto de actividades de la caja".
   Mollà, por su parte, ha incidido en que desde Compromís no están "dispuestos a permitir que esta comisión de investigación quede sujeta al calendario judicial de las personas que tienen que venir a dar explicaciones".  Asimismo, Lluís Torró ha indicado: "aquí no venimos a juzgar, sino a obtener información".

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