ALICANTE.- El titular del juzgado nº 5 de Alicante, Manrique Tejada, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante en una pieza separada del caso Brugal, pide la imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, por los presuntos delitos de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.
El magistrado Manrique Tejada ha trasladado a las partes la
exposición de conclusiones, y ha enviado el sumario al Tribunal Superior
de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) debido a la condición
de aforados de Castedo y Díaz Alperi, quienes son diputados autonómicos.
El juez que instruye la rama del caso Brugal relativa a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante ha elevado la investigación al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), al considerar que puede haber delito en la actuación de la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi.
El magistrado Manrique Tejada cree que ambos han podido cometer los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho.
En su auto de exposición razonada (103 páginas) se incluyen varias conversaciones entre los implicados en la trama que avalan las sospechas del juez. La principal acusación sobre Sonia Castedo, también diputada del PP en las Cortes Valencianas, se sustenta en los indicios de que podría haber facilitado al constructor y promotor Enrique Ortiz los planos de la ciudad previstos en el PGOU cuando estos todavía no eran públicos.
Hace justo un año declaró ante el juez el redactor del PGOU de Alicante, Jesús Quesada. Él confirmó los indicios de posibles delitos de tráfico de influencias y revelación de información privilegiada por parte de técnicos y políticos del Ayuntamiento que tuvieron en su poder documentación durante el proceso de elaboración del plan y el planeamiento íntegro durante 3 meses y medio, en el verano de 2008, sin sacarlo a exposición pública.
Las grabaciones policiales demuestran que durante ese tiempo el empresario Enrique Ortiz, principal cabecilla de la trama Brugal, tenía en su poder información de la que se podía beneficiar mientras el resto de propietarios de suelo o promotores tuvieron que esperar meses a conocer dicha información.
Castedo se defiende pero piden su dimisión
El juez que instruye la rama del caso Brugal relativa a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante ha elevado la investigación al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), al considerar que puede haber delito en la actuación de la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi.
El magistrado Manrique Tejada cree que ambos han podido cometer los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho.
En su auto de exposición razonada (103 páginas) se incluyen varias conversaciones entre los implicados en la trama que avalan las sospechas del juez. La principal acusación sobre Sonia Castedo, también diputada del PP en las Cortes Valencianas, se sustenta en los indicios de que podría haber facilitado al constructor y promotor Enrique Ortiz los planos de la ciudad previstos en el PGOU cuando estos todavía no eran públicos.
Hace justo un año declaró ante el juez el redactor del PGOU de Alicante, Jesús Quesada. Él confirmó los indicios de posibles delitos de tráfico de influencias y revelación de información privilegiada por parte de técnicos y políticos del Ayuntamiento que tuvieron en su poder documentación durante el proceso de elaboración del plan y el planeamiento íntegro durante 3 meses y medio, en el verano de 2008, sin sacarlo a exposición pública.
Las grabaciones policiales demuestran que durante ese tiempo el empresario Enrique Ortiz, principal cabecilla de la trama Brugal, tenía en su poder información de la que se podía beneficiar mientras el resto de propietarios de suelo o promotores tuvieron que esperar meses a conocer dicha información.
Castedo se defiende pero piden su dimisión
La alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, ha asegurado que
demostrará que "las imputaciones son falsas" y ha lamentado su condena
mediática en los últimos dos años por no haber podido declarar ante un
juez y "dar la cara".
Sobre la resolución judicial, ha señalado que no le ha sorprendido el auto "lo más mínimo", al tiempo que ha añadido que el contenido de la resolución no aporta "ninguna novedad de lo que ya se sabía desde hace dos años".
"Ya he sido condenada -en referencia a su continua presencia en los medios de comunicación por estos hechos- y no hay mayor condena que la indefensión", ha afirmado Castedo.
Además, ha señalado que nunca pensó que "para estar tranquila debía estar imputada", pues hasta ahora no ha tenido la oportunidad de explicarse ante un juez.
"Yo doy la cara, diré la verdad, no mi verdad, y con documentos", ha indicado la regidora alicantina.
Por ello, según ha recordado, entregó en octubre del pasado año a los medios de comunicación numerosos documentos oficiales relacionados con el PGOU para demostrar que no hubo irregularidad alguna en los trabajos de revisión del planeamiento urbanístico.
Castedo ha lamentado "la indefensión" que durante dos años le ha supuesto no poder declarar ante el juez instructor, ni como testigo ni como imputada -ella está aforada por su condición de diputada autonómica-, mientras su nombre ha aparecido "en los medios de comunicación casi todos los días durante los dos últimos años".
"No he tenido todavía la oportunidad de sentarme ante un juez y explicar todo punto por punto", ha subrayado, al tiempo que se ha preguntado "cuántos años más" le esperan "de condena mediática y política".
"No me voy a callar, no me voy a callar", ha reiterado Castedo para destacar "la necesidad" que tiene de "hablar, explicar y demostrar" que "las imputaciones son falsas".
"¿Que tengo que ir al Tribunal Superior de Justicia? Pues iré. ¿Que tendré que declarar? Pues lo haré", añade.
Sobre la resolución judicial, ha señalado que no le ha sorprendido el auto "lo más mínimo", al tiempo que ha añadido que el contenido de la resolución no aporta "ninguna novedad de lo que ya se sabía desde hace dos años".
"Ya he sido condenada -en referencia a su continua presencia en los medios de comunicación por estos hechos- y no hay mayor condena que la indefensión", ha afirmado Castedo.
Además, ha señalado que nunca pensó que "para estar tranquila debía estar imputada", pues hasta ahora no ha tenido la oportunidad de explicarse ante un juez.
"Yo doy la cara, diré la verdad, no mi verdad, y con documentos", ha indicado la regidora alicantina.
Por ello, según ha recordado, entregó en octubre del pasado año a los medios de comunicación numerosos documentos oficiales relacionados con el PGOU para demostrar que no hubo irregularidad alguna en los trabajos de revisión del planeamiento urbanístico.
Castedo ha lamentado "la indefensión" que durante dos años le ha supuesto no poder declarar ante el juez instructor, ni como testigo ni como imputada -ella está aforada por su condición de diputada autonómica-, mientras su nombre ha aparecido "en los medios de comunicación casi todos los días durante los dos últimos años".
"No he tenido todavía la oportunidad de sentarme ante un juez y explicar todo punto por punto", ha subrayado, al tiempo que se ha preguntado "cuántos años más" le esperan "de condena mediática y política".
"No me voy a callar, no me voy a callar", ha reiterado Castedo para destacar "la necesidad" que tiene de "hablar, explicar y demostrar" que "las imputaciones son falsas".
"¿Que tengo que ir al Tribunal Superior de Justicia? Pues iré. ¿Que tendré que declarar? Pues lo haré", añade.
Todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante han
reclamado la dimisión inmediata de Sonia Castedo tras conocerse la
petición de imputación por el 'caso Brugal' de la alcaldesa de Alicante y
de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, ambos también diputados
autonómicos.
Elena Martín, portavoz del PSPV en Alicante, ha calificado de "indigna e innoble" la actuación de Castedo y ha exigido que el Ayuntamiento se persone en la causa que investiga la rama del 'caso Brugal' referida al supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbanística. En la misma línea se ha manifestado Esquerra Unida.
Fernando Llopis, concejal y portavoz de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Alicante, ha pedido una reunión con la alcaldesa "para poder trasladarle en primer lugar la posición del grupo municipal de UPyD al respecto".
La diputada de Compromís Mireia Mollà ha celebrado que el Tribunal Superior de Justicia vaya a investigar "por fin las presuntas implicaciones de la alcaldesa de Alicante y su predecesor en las ilegalidades que se podrían haber cometido en la redacción del PGOU de Alicante".
"Los alicantinos y alicantinas están de enhorabuena porque finalmente podrán saber si sus dirigentes han cometido delitos en la redacción del documento de ordenación de la ciudad, una cuestión que el PP siempre ha evitado que se investigara, como evidenció con la comisión de investigación que Compromís solicitó en Las Cortes y que el grupo parlamentario popular rechazó", ha apuntado Mollà.
En las Cortes Valencianas, también todos los grupos de la oposición han exigido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que depure responsabilidades.
A preguntas de los periodistas, el portavoz del PP en las Cortes, Rafael Maluenda, se ha mostrado sorprendido por la noticia de la petición de imputación, y ha manifestado que el president de la Generalitat "está demostrando tolerancia cero" en temas de corrupción. Incluso, "está yendo mucho más allá de los estatutos del partido" sobre este asunto cuando, precisamente, "él los redactó", ha destacado. Así, ha remarcado que Fabra "tiene una hoja de ruta muy clara y de ahí no se sale: cuando hay imputación, cada uno sabe cuál es su camino".
El portavoz del PSPV, Antonio Torres, ha pedido a Fabra que actúe "de inmediato" y "tome medidas con carácter de urgencia para limpiar la vida política valenciana".
El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha señalado que la situación "no puede ser más grave desde el punto de vista institucional y de credibilidad de las instituciones", y ha pedido a Fabra que depure responsabilidades y "aparte de la vida pública a aquellas personas que tienen indicios razonables de haber cometido delitos".
La diputada de Esquerra Unida, Marina Albiol, ha afirmado que, con la petición de las imputaciones de Castedo y Díaz Alperi, son ya diez los diputados "imputados" en la bancada del PP, un "récord mundial", ha lamentado.
Los grupos municipales del PSPV y de Esquerra Unida (EU) de Alicante han exigido al presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, que retire de sus cargos como diputados autonómicos a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y a su antecesor, Luis Díaz Alperi.
Como reacción a esta decisión judicial, y en sendas comparecencias ante los medios de comunicación convocadas de urgencia, los portavoces socialista y de EU en el Ayuntamiento de Alicante, Elena Martín y Miguel Ángel Pavón, respectivamente, han coincidido al solicitar la dimisión de la primera edil, así como el abandono de ambos de sus cargos como diputados autonómicos.
La primera en ofrecer su valoración ha sido Martín, quien ha definido esta jornada como "un día triste", ya que "se ha confirmado que Alicante está gobernada por gente innoble, indigna y que usa la política para el interés particular".
"La gente de bien de la ciudad está avergonzada, indignada y llena de rabia", ha agregado.
Sin embargo, ha afirmado que "también es un día alegre, porque las instituciones han demostrado que no se pliegan a los ataques del PP", partido del que ha indicado que "desprecia a la Justicia". "El PSPV exige inmediatamente la dimisión de Castedo y Alperi, y que Fabra cumpla su palabra y los retire de la vida pública".
"Parece que el presidente de la Generalitat quiere hacer un equipo de fútbol de imputados en las Cortes", ha expresado.
Además, la portavoz socialista ha pedido a la Conselleria de Infraestructuras que remita nuevamente el PGOU al Ayuntamiento de Alicante para que se vuelva a elaborar, principalmente aquellas partes en las que Ortiz se ha podido ver beneficiado, entre las que ha citado las zonas de la capital alicantina correspondientes a Fontcalent, el estadio José Rico Pérez y las Lomas de Garbinet.
A juicio de Martín, la alcaldesa, "desde el minuto uno, puso todo en conocimiento" del empresario, "evitó la defensa del interés general y no defendió los intereses de la ciudad", y ha opinado que los delitos que se le imputan a Castedo "son los peores que se pueden achacar a un dirigente público".
Así, y dirigiéndose directamente a la persona de la primera edil, ha expresado que "es usted indigna, innoble y maleducada".
"Si quiere a Alicante, márchese. No nos arrastre más por el fango, no nos merecemos tener una alcaldesa que se va en yate, que pinta planos en azul, y que insulta a la ciudadanía", ha enfatizado.
Por último, ha anunciado que el grupo socialista "está valorando" la posibilidad de presentar una moción al próximo pleno municipal en la que propondría que el Ayuntamiento de Alicante se personara como parte interesada en la causa del Brugal que investiga las posibles irregularidades en la tramitación del PGOU de la ciudad.
Instantes después, Pavón ha comparecido acompañado de la diputada autonómica de EUPV, Esther López Barceló, y del edil alicantino Rogelio González, quienes han considerado "insostenible" la situación de Castedo y Alperi tras la "exposición razonada del juez instructor considerando justificada su imputación por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho en relación al presunto amaño del Plan General".
Así, y al igual que Martín, tanto Pavón como López Barceló han exigido la dimisión "inmediata, fulminante e inaplazable" de ambos "de todos sus cargos públicos", y han solicitado al jefe del Consell que les "haga dimitir" de sus puestos como diputados "si quiere tener una mínima credibilidad como presidente de la Generalitat en la lucha contra la corrupción".
Ante la posibilidad de que finalmente el grupo socialista planteara al pleno municipal la posibilidad de que el Ayuntamiento se personara en la causa como parte interesada, Pavón ha confirmado que EU apoyaría esa moción, ya que ha considerado que el consistorio alicantino debería estar personado, si bien ha apuntado que al estar el PP al frente en el equipo de Gobierno de la ciudad, sería una moción que no saldría adelante.
Elena Martín, portavoz del PSPV en Alicante, ha calificado de "indigna e innoble" la actuación de Castedo y ha exigido que el Ayuntamiento se persone en la causa que investiga la rama del 'caso Brugal' referida al supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbanística. En la misma línea se ha manifestado Esquerra Unida.
Fernando Llopis, concejal y portavoz de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Alicante, ha pedido una reunión con la alcaldesa "para poder trasladarle en primer lugar la posición del grupo municipal de UPyD al respecto".
La diputada de Compromís Mireia Mollà ha celebrado que el Tribunal Superior de Justicia vaya a investigar "por fin las presuntas implicaciones de la alcaldesa de Alicante y su predecesor en las ilegalidades que se podrían haber cometido en la redacción del PGOU de Alicante".
"Los alicantinos y alicantinas están de enhorabuena porque finalmente podrán saber si sus dirigentes han cometido delitos en la redacción del documento de ordenación de la ciudad, una cuestión que el PP siempre ha evitado que se investigara, como evidenció con la comisión de investigación que Compromís solicitó en Las Cortes y que el grupo parlamentario popular rechazó", ha apuntado Mollà.
En las Cortes Valencianas, también todos los grupos de la oposición han exigido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que depure responsabilidades.
A preguntas de los periodistas, el portavoz del PP en las Cortes, Rafael Maluenda, se ha mostrado sorprendido por la noticia de la petición de imputación, y ha manifestado que el president de la Generalitat "está demostrando tolerancia cero" en temas de corrupción. Incluso, "está yendo mucho más allá de los estatutos del partido" sobre este asunto cuando, precisamente, "él los redactó", ha destacado. Así, ha remarcado que Fabra "tiene una hoja de ruta muy clara y de ahí no se sale: cuando hay imputación, cada uno sabe cuál es su camino".
El portavoz del PSPV, Antonio Torres, ha pedido a Fabra que actúe "de inmediato" y "tome medidas con carácter de urgencia para limpiar la vida política valenciana".
El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha señalado que la situación "no puede ser más grave desde el punto de vista institucional y de credibilidad de las instituciones", y ha pedido a Fabra que depure responsabilidades y "aparte de la vida pública a aquellas personas que tienen indicios razonables de haber cometido delitos".
La diputada de Esquerra Unida, Marina Albiol, ha afirmado que, con la petición de las imputaciones de Castedo y Díaz Alperi, son ya diez los diputados "imputados" en la bancada del PP, un "récord mundial", ha lamentado.
Los grupos municipales del PSPV y de Esquerra Unida (EU) de Alicante han exigido al presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, que retire de sus cargos como diputados autonómicos a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y a su antecesor, Luis Díaz Alperi.
Como reacción a esta decisión judicial, y en sendas comparecencias ante los medios de comunicación convocadas de urgencia, los portavoces socialista y de EU en el Ayuntamiento de Alicante, Elena Martín y Miguel Ángel Pavón, respectivamente, han coincidido al solicitar la dimisión de la primera edil, así como el abandono de ambos de sus cargos como diputados autonómicos.
La primera en ofrecer su valoración ha sido Martín, quien ha definido esta jornada como "un día triste", ya que "se ha confirmado que Alicante está gobernada por gente innoble, indigna y que usa la política para el interés particular".
"La gente de bien de la ciudad está avergonzada, indignada y llena de rabia", ha agregado.
Sin embargo, ha afirmado que "también es un día alegre, porque las instituciones han demostrado que no se pliegan a los ataques del PP", partido del que ha indicado que "desprecia a la Justicia". "El PSPV exige inmediatamente la dimisión de Castedo y Alperi, y que Fabra cumpla su palabra y los retire de la vida pública".
"Parece que el presidente de la Generalitat quiere hacer un equipo de fútbol de imputados en las Cortes", ha expresado.
Además, la portavoz socialista ha pedido a la Conselleria de Infraestructuras que remita nuevamente el PGOU al Ayuntamiento de Alicante para que se vuelva a elaborar, principalmente aquellas partes en las que Ortiz se ha podido ver beneficiado, entre las que ha citado las zonas de la capital alicantina correspondientes a Fontcalent, el estadio José Rico Pérez y las Lomas de Garbinet.
A juicio de Martín, la alcaldesa, "desde el minuto uno, puso todo en conocimiento" del empresario, "evitó la defensa del interés general y no defendió los intereses de la ciudad", y ha opinado que los delitos que se le imputan a Castedo "son los peores que se pueden achacar a un dirigente público".
Así, y dirigiéndose directamente a la persona de la primera edil, ha expresado que "es usted indigna, innoble y maleducada".
"Si quiere a Alicante, márchese. No nos arrastre más por el fango, no nos merecemos tener una alcaldesa que se va en yate, que pinta planos en azul, y que insulta a la ciudadanía", ha enfatizado.
Por último, ha anunciado que el grupo socialista "está valorando" la posibilidad de presentar una moción al próximo pleno municipal en la que propondría que el Ayuntamiento de Alicante se personara como parte interesada en la causa del Brugal que investiga las posibles irregularidades en la tramitación del PGOU de la ciudad.
Instantes después, Pavón ha comparecido acompañado de la diputada autonómica de EUPV, Esther López Barceló, y del edil alicantino Rogelio González, quienes han considerado "insostenible" la situación de Castedo y Alperi tras la "exposición razonada del juez instructor considerando justificada su imputación por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho en relación al presunto amaño del Plan General".
Así, y al igual que Martín, tanto Pavón como López Barceló han exigido la dimisión "inmediata, fulminante e inaplazable" de ambos "de todos sus cargos públicos", y han solicitado al jefe del Consell que les "haga dimitir" de sus puestos como diputados "si quiere tener una mínima credibilidad como presidente de la Generalitat en la lucha contra la corrupción".
Ante la posibilidad de que finalmente el grupo socialista planteara al pleno municipal la posibilidad de que el Ayuntamiento se personara en la causa como parte interesada, Pavón ha confirmado que EU apoyaría esa moción, ya que ha considerado que el consistorio alicantino debería estar personado, si bien ha apuntado que al estar el PP al frente en el equipo de Gobierno de la ciudad, sería una moción que no saldría adelante.
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