MADRID.- El expresidente de la entidad de Caja
Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo ha presentado ante el Juzgado Central
de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional una relación de sus
bienes en respuesta a la fianza de casi 26 millones de euros impuesta
por el juez Javier Gómez Bermúdez a los imputados en la causa que
investiga las irregularidades en la gestión de la caja, han informado hoy fuentes jurídicas.
La relación, que incluye tres inmuebles, dos plazas de
aparcamiento y acciones, alcanza un valor efectivo total de cinco
millones y medio de euros. Todos los bienes declarados, son anteriores
al periodo en que Crespo ejerció la presidencia de la CAM, han indicado
las mismas fuentes.
Crespo es uno de los cinco exdirectivos imputados en la causa y
el único que declinó recurrir la fianza de 25,8 millones de euros
impuesta por Gómez Bermúdez a petición de la acusación particular del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Así, el exdirector general de la CAM Roberto López Abad, el
exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, la exdirectora
general, María Dolores Amorós y el exdirector de Planificación y Control
Teófilo Sogorb, se encuentran a la espera de que el magistrado
instructor confirme la imposición de esta medida cautelar, impuesta en
previsión de una futura condena que supondría a la antigua cúpula de la
CAM la obligación de hacer frente a la responsabilidad civil por los
daños económicos generados a la caja.
Gómez Bermúdez ya había ordenado retirar el pasaporte a Amorós
y López Abad e impuso a ambos comparecencias cada 15 días en los
juzgados más próximos a su domicilio. Las medidas impuestas apuntaban a
la apreciación por parte de Gómez Bermúdez de un evidente riesgo de fuga
y de destrucción de pruebas.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio
de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una
inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes
donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los
antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector
inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula
directiva.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros,
actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un
euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9
millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas
pérdidas de 1.136 millones de euros.
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