MADRID.-
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha
empezado a solicitar información para averiguar si Caja Mediterráneo
(CAM) cometió irregularidades en el proceso de emisión de cuotas
participativas, participaciones preferentes y otro tipo de deuda
subordinada o bien solo comercializó esos productos incorrectamente.
Según fuentes jurídicas, el titular del
Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional dictó un auto el
pasado 17 de septiembre en el que pide a la CNMV, al Banco de España y a
KPMG que remitan toda la documentación sobre las actuaciones que han
realizado en relación con esos productos desde 2007 hasta la actualidad.
Gómez Bermúdez acepta así la petición de diligencias de la Fiscalía
Anticorrupción, que quiere averiguar si realmente existen indicios de
delito en el proceso de emisión de esos productos, lo que parece
complejo, según las fuentes consultadas, ya que en la mayoría de los
casos la emisión se produjo poco después del estallido de la crisis.
Sin embargo, para saber si el problema se circunscribe
exclusivamente a una incorrecta comercialización, la Audiencia Nacional
también ha pedido a la CAM y a su sucesor, el Banco CAM, que remitan
los folletos que utilizaron para colocar estos productos, así como los
protocolos internos de información.
Hasta ahora, la instrucción se limitaba a las cuotas
participativas, aunque el Ministerio Público ha pedido ampliar el ámbito
de actuación al resto de productos polémicos, como querían los
afectados, para zanjar cualquier duda sobre la actuación de la caja
alicantina, intervenida en 2011 por el Banco de España y vendida en
diciembre de ese año al Banco Sabadell.
Precisamente, el Sabadell ha
acordado el canje de más del 95 % del importe total de participaciones
preferentes y deuda subordinada emitida por Banco CAM, lo que limita en
cualquier caso el número de afectados.
En función de los oficios remitidos, la CNMV deberá
entregar los expedientes íntegros que ha elaborado desde 2007 hasta la
actualidad para autorizar la emisión de cuotas participativas,
participaciones preferentes y otro tipo de deuda subordinada de la CAM .
A ello hay que sumar los hechos relevantes publicados sobre esos
productos en ese período y los expedientes que haya abierto para
investigar las quejas recibidas.
Por su parte, al Banco de España se le ha solicitado que
informe sobre si tuvo que autorizar el lanzamiento de estos productos
por parte de la Caja, mientras que KPMG, la auditora de la
entidad, deberá remitir los informes que hubiera elaborado en relación
con la emisión.
Los afectados de la CAM, representados por el abogado
Diego de Ramón, han solicitado que se extienda la posible
responsabilidad civil de la CAM al Banco CAM y al Sabadell, al
objeto de que afronten el pago de las compensaciones en caso de que
puedan probar que hubo una actuación delictiva por parte de la antigua
cúpula.
Si no es así, los perjudicados previsiblemente tendrán
que intentar obtener un resarcimiento en los juzgados de lo civil, que
deberán analizar los errores de comercialización en cada caso concreto.
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