ZARAGOZA.- España tiene cada vez más funcionarios, en el sentido más extenso del término -el de empleado público-,
aunque bajo esa denominación genérica se incluye un abanico que va desde
el funcionario de carrera propiamente dicho, al personal laboral fijo o
temporal, pasando por el funcionario interino y los que trabajan en el
entramado paralelo compuesto por fundaciones, consorcios, empresas
públicas y entes que dependen de las administraciones central, autonómica o local, según Abc.
Entre 2010 y 2013, el sector público se tuvo que poner a dieta para
aliviar su pesado gasto estructural, pero todo lo que perdió lo ha
vuelto a ganar. Y la tendencia suma y sigue, ajena a la ralentización
que sufre la economía.
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA),
España terminó 2019 con un total de 3.253.300 empleados públicos. Son
42.300 más de los que había al acabar 2018; y 327.000 más que a finales
de 2014, que fue el año en el que volvió a crecer con fuerza el número
de asalariados en el sector público.
El grueso de ese aumento
corresponde a las autonomías. Lo han hecho, además, con un masivo
desembarco de interinos, no de funcionarios de carrera con plaza en
propiedad tras la preceptiva oposición. Según la EPA, en el último
quinquenio el sector público español ha incorporado otros 302.000 interinos, frente a 23.900 asalariados fijos.
El
dato en sí mismo es relevante porque en la Administración -por las
condiciones que han de regir tanto para el acceso de la función pública
como para la aprobación de las plantillas- los contratos interinos
deberían ser excepción. Desde hace años, sin embargo, son la norma.
Ahora
bien, en este caso hablar de Administración, sin más, resulta injusto.
Porque no todas las administraciones han incurrido en aumento de plantillas
en estos años. Las responsables casi exclusivas han sido las
autonomías.
La EPA calcula que, desde 2014, los gobiernos regionales han
engordado sus plantillas, en su conjunto, con 261.900 empleados
públicos más; 61.600 han sumado las entidades locales -ayuntamientos,
diputaciones, cabildos y consejos insulares-; las empresas y entes
públicos han aumentado 14.400 efectivos; y, sin embargo, la
Administración Central ha perdido 5.300 empleados, y la plantilla de la
Seguridad Social ha prescindido de 5.100 funcionarios.
En una
perspectiva temporal más amplia, el contraste es enorme entre cómo ha
evolucionado el empleo público en España y cómo lo ha hecho el privado.
El análisis de los datos de la EPA deja un dato especialmente revelador
al respecto: el sector privado tiene 532.000 asalariados menos que en
2007, justo antes de la crisis; el sector público, sin embargo, tiene
284.000 más que entonces.
Dicho de otra forma: mientras la empresa privada española
está todavía muy lejos de recuperar las cifras de empleo que presentaba
antes de la recesión, en la Administración el número de efectivos ha
ido a más, y con holgura.
Esto tiene una consecuencia directa en
términos económicos: el coste que lleva aparejada la expansión del
número de asalariados en el sector público, unido al efecto de los
incrementos de sueldo que se han ido produciendo en los últimos años. Y
todo esto cuando el déficit sigue constituyendo un serio problema en las
cuentas españolas, lo que a su vez se traduce en la creciente deuda
pública que arrastra el país.
El
profesor Juan Velarde, economista y académico de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, advierte de esos efectos negativos que
tiene la continua ampliación de plantillas en el sector público español.
De hecho -explica- es algo sobre lo que ya alertó hace unos años un
informe del Banco Mundial, «que estudió el caso español
junto al de otros países y que llamó la atención sobre el
intervencionismo administrativo que se da en España», derivado de una
multiplicidad de niveles administrativos, cada uno de ellos dotado de
gruesos cuerpos burocráticos.
«Ese creciente poder administrativo
dispara la burocracia, lo que frena la actividad económica de una manera
extraordinaria y, además, rompe la unidad de mercado, porque resulta
que la normativa que en una cierta materia se aplica en una comunidad es
diferente que la que rige en otra, y distinta de la que existe en una
tercera... Es un hecho preocupante».
La
organización burocrática de un país -destaca el profesor Velarde- incide
directamente en la mayor o menor facilidad con la que se encuentran los
emprendedores para invertir, hacer negocios, crear empresas y empleo.
Es algo que analiza periódicamente el Banco Mundial en su informe «Doing Business»,
con el que elabora un ranking de países, ordenados de mayor a menor
según que lo pongan más o menos fácil para hacer negocios.
En el último
ranking, Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong y Dinamarca lideran la
lista, mientras que España está relegada al puesto número 30, por detrás
de países como Kazajistán o Macedonia, en un nivel similar al de Japón,
China, Francia y Turquía, y no muy lejos de Azerbayán.
En
definitiva, que engordar la burocracia no solo sale caro por el
creciente volumen de dinero que se tiene que dedicar a pagar el sueldo
de los empleados públicos, sino que es un riesgo potencial para el
emprendimiento -indica el profesor Velarde-, porque una burocracia
creciente suele ir acompañada de mayores escollos administrativos para
el emprendimiento. Y a eso hay que sumar un tercer factor: lo difícil
que resulta adelgazar plantillas en el sector público .
España
es un buen ejemplo de lo sencillo que resulta agrandar la lista de
empleados públicos, pero lo resistente que es la administración a la
hora de adelgazar su estructura. En 2008, cuando estalló la crisis, el
sector privado se apresuró a recortar plantillas. En solo un año, en 2008,
las empresas prescindieron de casi 800.000 puestos de trabajo. Sin
embargo, ese mismo año el sector público siguió engordando, igual que al
año siguiente, y también en 2010.
No fue hasta 2011 cuando la Administración asumió que no podía con tanto gasto estructural. Pero para llegar a esa conclusión y ponerla en práctica necesitó casi tres años de crisis y que las cuentas públicas llegaran al borde del precipicio. Solo entonces puso a dieta los gastos de personal.
Pero esa austeridad no duró mucho: en cuanto la economía empezó a dar un respiro, las administraciones autonómicas se apresuraron a engordar otra vez sus estructuras, lo que ha provocado la escalada de efectivos que ha registrado el conjunto del sector público español en estos últimos años.
En estos momentos hay en España unos 3,25 millones de trabajadores a sueldo de la Administración. De ellos, 537.200 están a nómina de la Administración central, 25.900 de la Seguridad Social, los gobiernos autonómicos tienen 1,85 millones de asalariados, 664.700 trabajan para las entidades locales, 161.500 son empleados de empresas públicas y 10.900 están a sueldo de otros organismos y entes públicos.
No fue hasta 2011 cuando la Administración asumió que no podía con tanto gasto estructural. Pero para llegar a esa conclusión y ponerla en práctica necesitó casi tres años de crisis y que las cuentas públicas llegaran al borde del precipicio. Solo entonces puso a dieta los gastos de personal.
Pero esa austeridad no duró mucho: en cuanto la economía empezó a dar un respiro, las administraciones autonómicas se apresuraron a engordar otra vez sus estructuras, lo que ha provocado la escalada de efectivos que ha registrado el conjunto del sector público español en estos últimos años.
En estos momentos hay en España unos 3,25 millones de trabajadores a sueldo de la Administración. De ellos, 537.200 están a nómina de la Administración central, 25.900 de la Seguridad Social, los gobiernos autonómicos tienen 1,85 millones de asalariados, 664.700 trabajan para las entidades locales, 161.500 son empleados de empresas públicas y 10.900 están a sueldo de otros organismos y entes públicos.
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